Mercado de trabajo

Gobierno y agentes sociales aparcan el despido en la derogación de la reforma laboral

  • La negociación no ha abordado la reposición de las indemnizaciones previas a la era Rajoy

  • El diálogo se centra ahora en limitar la temporalidad

  • La mesa se cerrará a finales de noviembre

Yolanda Díaz durante la sesión de control al Gobierno celebrada hoy.

Yolanda Díaz durante la sesión de control al Gobierno celebrada hoy. / David Castro

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Rafa Bernardo

El calendario y las declaraciones públicas invitan a pensar que la reforma laboral de 2012 tiene los días contados: el Gobierno se comprometió con Bruselas a tener aprobados antes de fin de año los cambios en materia de mercado de trabajo, y Pedro Sánchez proclamó este domingo en el Congreso del PSOE que pondría "punto y final" a la norma más célebre de la era Rajoy. Pero una ley que ocupa 79 páginas del Boletín Oficial del Estado no es fácil de eliminar, sobre todo cuando nadie quiere una derogación sin más (el mercado de trabajo español era ya disfuncional antes de 2012), y además se intenta alcanzar un acuerdo entre empresarios, sindicatos y Ejecutivo que exige equilibrios delicados. Por todas estas razones, partes de la reforma laboral de Rajoy van a sobrevivir a la negociación en curso, y entre ellas está el aspecto más polémico de la medida aprobada hace 9 años: la drástica rebaja de la indemnización estándar por despido, que pasó en la práctica de 45 días de salario por año trabajado a 20.

La caducidad de los convenios

El diálogo todavía no ha terminado (la próxima reunión es el miércoles) y todavía quedan materias muy importantes por discutirse, como la regulación de la temporalidad, pero los costes del despido quedan fuera "del perímetro de la negociación", explican fuentes de las conversaciones. A pesar de que UGT y CCOO han puesto sobre la mesa la cuestión de las indemnizaciones en diferentes ocasiones, nunca se ha hecho un intento serio por discutirlas. El motivo, explican estas fuentes, ha sido la dinámica de las conversaciones. Cuando el actual ciclo de diálogo comenzó en 2018, el Gobierno Sánchez no tenía la mayoría absoluta necesaria para aprobar una derogación total de la reforma laboral, así que los trabajos se centraron en los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral, según la terminología que se empezó a usar entonces: la caducidad de los convenios expirados, la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y las condiciones laborales en las subcontratas. Las dos elecciones generales de 2019 impidieron aterrizar ningún acuerdo (las negociaciones siempre se paralizan en tiempos de campaña electoral) y la nueva fase abierta tras la constitución del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos enseguida se centró en la pandemia y en sus consecuencias económicas. Así que el diálogo se ha centrado en aquellas materias "más lesivas", que vienen del pasado, y en las cuestiones que la covid-19 han puesto en primer plano: ERTEformación y recualificación, y limitación de la temporalidad (esta última, una exigencia tradicional de Bruselas, que se ha convertido en prioridad por su inclusión en los compromisos de España con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

El debate en estos compases finales de la negociación se centra en la contratación temporal: el ministerio de Trabajo ha propuesto medidas de alcance, como la desaparición del contrato por obra o servicio, la limitación de la temporalidad en las empresas al 15% de la plantilla o la puesta a disposición por parte de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de trabajadores fijos-discontinuos para trabajos ocasionales.

Acuerdo posible

Pese a que públicamente la patronal se ha pronunciado de forma reiterada en contra de las medidas estrictas de limitación de la temporalidad, la realidad en la mesa de negociación es que sigue el diálogo y, aunque lo ven difícil, todas las partes creen posible un acuerdo. Fuentes de la CEOE, de hecho, ven factible un acercamiento en materia de contratación temporal si se abordan medidas como el control de la temporalidad en las administraciones públicas, ajustes en el contrato de obra en la construcción o el antedicho permiso a las ETT para que puedan cubrir necesidades temporales con contratados indefinidos. Las limitaciones a la contratación eventual, apuntan, se pueden considerar si se adopta un enfoque sectorial, en vez de aplicar un porcentaje máximo de temporalidad para todas las actividades económicas. Por su parte, fuentes sindicales creen que éste es el momento de "tener paciencia y tratar de conseguir un buen acuerdo que derogue el 80% de la reforma laboral; el despido se puede abordar justo después", añaden.

La incógnita

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La incógnita sobre si habrá o no acuerdo se despejará pronto: para cumplir con el compromiso de tener esta reforma lista antes de final de año -compromiso del que depende la llegada de la siguiente porción de fondos europeos, unos 10.000 millones de euros- las conversaciones han de terminar a finales de noviembre, con pacto o sin pacto. Es el tiempo que necesita el Gobierno para aprobar el texto en el Consejo de Ministros y enviarlo al Congreso como Real Decreto-Ley. Eso sí, "digan lo que digan, hasta que no se cambie lo del despido, no se podrá hablar de una derogación de la reforma laboral", apostillan desde los sindicatos.

La única derogación: el artículo 52.d

Desde la investidura como Presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, a finales de diciembre de 2011 y hasta la aprobación de la reforma laboral, el 10 de febrero de 2012, sólo pasaron 51 días: Menos de dos meses para lanzar una reforma que dio la vuelta al mercado de trabajo español: reforzó el poder del empresario para cambiar las condiciones de trabajo de sus empleados, abarató el despido, alteró los equilibrios en la negociación entre dirección y sindicatos y creó un contrato con despido gratis durante el primer año. En cambio, desde la investidura de Pedro Sánchez, ha pasado ya más de un año y nueve meses y sólo se ha revertido uno de los apartados de aquella ley de 2012: el artículo 52.d. Esa disposición, eso sí, era importante: permitía despedir a un trabajador por faltar ocho días en dos meses, aun estando de baja médica; una medida que podría haber producido muchos despidos durante los momentos más duros de la pandemia de haber estado en vigor.