Bloqueo a la catalana

20 organismos catalanes llevan sin renovarse más tiempo que el Poder Judicial | LISTA

Al menos 108 cargos designados por el Parlament tienen el mandato caducado, algunos desde hace seis años

listado organismos por renovar Catalunya

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Jose Rico

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El próximo 4 de diciembre se cumplirán tres años del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Más de 1.000 días lleva el órgano de gobierno de los jueces sin renovarse por la falta de acuerdo (y de voluntad incluso de descolgar el teléfono para negociar) del PSOE y el PP. Esta inacción hace correr ríos de tinta y las críticas llegan desde todas las instituciones y desde todos los partidos. También desde Catalunya. Pero como siempre cuesta menos ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, la realidad es que al menos 20 organismos públicos catalanes tienen cargos pendientes de renovar desde hace más tiempo que el Poder Judicial.

En total, en Catalunya hay al menos 108 cargos que se mantienen con el mandato caducado desde hace tiempo. Algunos llevan así más de seis años, desde 2015, como es el caso de la mitad de los consejeros de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), es decir, el órgano de gobierno de TV3 y Catalunya Ràdio. La otra mitad terminaron sus mandatos en 2018, también antes de que el Poder Judicial entrase en situación interina. La renovación en los medios públicos es la que acumula más retraso, pero la lista de organismos bloqueados afecta a entes tan relevantes como la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

La semana pasada, en el debate de política general, ERC, Junts y la CUP votaron conjuntamente una propuesta de resolución para "desbloquear" los nombramientos de las instituciones pendientes de renovación "antes de finalizar el año". Pero muchas de esas designaciones largamente encalladas requieren de una mayoría parlamentaria más amplia, lo que hace imprescindible el concurso de las dos fuerzas mayoritarias en el hemiciclo, PSC y Esquerra. Los socialistas movieron ficha en septiembre con una ronda de contactos con los grupos para tratar de impulsar las renovaciones, conscientes también de que, como ganadores de las elecciones en votos, a ellos les correspondería ahora una cuota en muchos de esos organismos.

Por culpa de los bloques

Los férreos bloques en que lleva tiempo dividida la política catalana ha imposibilitado la mayor parte de estos nombramientos. La actual composición de la Cámara mantiene los dos bloques, pero el hecho de que ahora el grupo mayoritario sea el PSC (empatado con ERC), y no Ciutadans, abre el interrogante de si será más fácil construir mayorías transversales para desencallar las renovaciones pendientes.

Los socialistas plantean a los grupos un "gran acuerdo" en un plazo de tres meses para acometer las designaciones y que estas se efectúen "con garantías de igualdad, transparencia y acuerdo" respecto a los perfiles, que deberían elegirse, según el PSC, por los "principios de mérito, capacidad, profesionalidad, representatividad, pluralismo y paridad". La propuesta del PSC también pasa por "fijar un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas" de las personas escogidas.

Esa dinámica de bloques graníticos se plasmó de forma elocuente hace tres años, cuando se intentó renovar la cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio. En diciembre de 2018, Ciutadans, JxCat, ERC y PSC fueron capaces de acordar una lista de nombres de los seis consejeros de la CCMA. Sin embargo, a los pocos días de hacerse pública una entente que unía en la misma foto a Cs con los dos partidos del Govern, los naranjas decidieron congelar el pacto a raíz de una polémica por los elogios del entonces 'president', Quim Torra, a la vía eslovena para alcanzar la independencia. Nada se ha vuelto a saber de esta renovación. Además, los 16 miembros del consejo asesor de contenidos de la CCMA tienen el mandato caducado desde julio de 2016.

Consell de Garanties, CAC...

El 13 de marzo de este año caducó el mandato del último miembro del Consell de Garanties Estatutàries que quedaba en activo de los seis que debe elegir el Parlament. Los otros cinco integrantes del órgano consultivo que dictamina la adecuación de las leyes al Estatut y a la Constitución ya estaban pendientes de ser sustituidos. Joan Egea y Carles Jaume tienen el mandato caducado desde noviembre de 2015, pero siguen ejerciendo a la espera de que el Parlament acuerde su renovación. Y también en funciones están Pere Jover y Jaume Vernet desde noviembre de 2018. Además, Joan Ridao renunció al puesto en 2016 para ser nombrado letrado mayor del Parlament, pero su silla continúa vacante.

En el caso del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, todos sus miembros, cinco, tienen también el mandato caducado. En mayo de 2020 renunció al puesto por jubilación Salvador Alsius, y su plaza no ha sido sustituida. Los cuatro consejeros que quedan (el presidente, Roger Loppacher; Carme Figueres, Daniel Sirera e Yvonne Griley) deberían haber sido ya reemplazados. El mandato de Griley venció el pasado junio (de hecho, el Govern la nombró directora general de Afers Religiosos, a propuesta de Junts), pero los de Loppacher, Figueres y Sirera están vencidos desde 2018, cuando cumplieron los seis años no renovables que fija la ley.

La renovación de este organismo es especialmente compleja porque requiere el acuerdo de 90 diputados de 135, lo que aboca a un acuerdo entre PSC, ERC y Junts. En otros organismos la mayoría necesaria es de 81 votos, lo que también hace insuficiente el aval solo de las fuerzas independentistas. Sucede con la Sindicatura de Comptes. El organismo que fiscaliza las cuentas de toda la administración pública pasó de tener siete miembros a seis en noviembre de 2017, tras la renuncia no sustituida de Andreu Morillas. Pero, además, otros tres integrantes tienen el mandato caducado y ejercen en funciones.

Ribó, tres años de interinaje

Aunque su tiempo de interinaje aún no alcanza al del Poder Judicial, el 28 de febrero de 2022 cumplirá tres años en funciones, si no es sustituido antes, el Síndic de Greuges. Con la ley en la mano, Rafael Ribó debería haber abandonado el cargo en 2019, después de 15 años en el puesto. El proceso de relevo ni siquiera llegó a activarse ante la evidente falta de consenso. Su sustituto también requiere el apoyo de tres quintas partes de los diputados (81 de 135).

Más de 1.000 días siguen esperando ser renovados todos o parte de los miembros del Consell Assessor de Protecció de Dades, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, el Consell Fiscal de Catalunya, el Consell Superior de la Cooperació y los consejos sociales de las ocho universidades públicas catalanas.

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