Juicio en el Supremo

La fiscalía rebaja a la mitad su petición de pena para el diputado de Podemos Rodríguez

  • Solicita tres meses para Alberto Rodríguez, que asegura que no se le juzga solo a él, sino al derecho a la manifestación

  • El agente presuntamente agredido le señala y declara que la patada le enrojeció la rodilla y por la noche ya no tenía nada

El diputado de Unidas Podemos, Fernando Alvarado

El diputado de Unidas Podemos, Fernando Alvarado / Fernando Alvarado / EFE

2
Se lee en minutos
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

ver +

El Tribunal Supremo, encargado de juzgar a los diputados sea cual sea el delito del que se les acusa, ha celebrado este martes el juicio por el que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, se enfrenta a una petición fiscal, que durante la propia vista la representante del ministerio público rebajó de seis a tres meses y 10 días de prisión, por dilaciones indebidas. Durante la vista, Rodríguez negó la mayor: haber participado en los forcejeos que hubo con la policía durante una manifestación contra el entonces ministro de Educación, Ignacio Wert, en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en 2014, por lo que no pudo dar patada alguna a nadie.

Enfrente, como testigo, el policía que supuestamente recibió la patada que no dudó en identificarle, aunque también admitió que solo le provocó un enrojecimiento que por la noche ya le había desaparecido. Aseguró que Rodríguez era conocido de otras protestas, por lo que no entendió conveniente detenerlo en ese momento y romper la línea de protección que formaba con sus compañeros.

El tribunal, presidido por Manuel Marchena, probablemente pudo recordar sus inicios en la carrera judicial, cuando la entidad de los asuntos que pasaban por sus manos distaban mucho de los que ahora acostumbran o del juicio más mediático que han celebrado, el del 'procés'. En palabras de la fiscal, Isabel Rodríguez Mateo, en los hechos "no hay ninguna épica" y "no tienen ninguna complejidad": una protesta y pocas pruebas más que la palabra de un policía contra un manifestante.

Paradójicamente, aunque Rodríguez coincidió en la poca trascendencia de los hechos enjuiciados, en su turno de última palabra concluyó que "en este juicio está en juego más que su propia condena el derecho a la manifestación en este país", porque servirá para comprobar si es posible condenar solo con lo dicho por un agente sin más pruebas.

Conjura de Interior

Rodríguez justificó su acusación en que "es una triste práctica que a los perfiles más visibles de los perfiles sociales a posteriori" se les detiene "para criminalizar la protesta, para que la gente diga que no va a ir a protestas para no acabar con la reputación por los suelos". Y la fiscal aprovechó esta explicación para preguntar al tribunal si creía en "una conjura del Ministerio del Interior para criminalizar a quienes ejercen sus derechos". Y centró la atención en "qué puede hacer que un inspector de Policía venga, pero a mentir a la Sala Segunda. Ahora creo que tampoco, pero en 2014, cuando no era diputado".

Noticias relacionadas

La defensa, que pidió que en caso de condena se apliquen atenuantes mayores por la gravedad de las dilaciones indebidas y por reparación del daño, recordó que la prueba acusatoria corresponde a la fiscalía y no a ella y que las imágenes acreditan la "inverosimilitud" del testimonio del policía que dice ser agredido. En los vídeos exhibidos por la defensa no se veía a Rodríguez, de casi dos metros de altura, circunstancia que la defensa destacó para señalar que eso facilitaría su identificación.

Asimismo, negó que Rodríguez se haya referido a una "conjura de Interior", porque lo que quiso decir es que la policía tiene un listado de los más relevantes de las protestas sin involucrar al Gobierno.