Escrito de acusación

La fiscalía del Supremo pide medio año de cárcel para el diputado de Podemos Alberto Rodríguez

  • Le considera responsable de un delito de atentado a la autoridad por dar una patada a un policía en una manifestación

  • También pide al tribunal que le condena a multa de 180 euros y que indemnice al agente con 250

La fiscalía del Supremo pide medio año de cárcel para el diputado de Podemos Alberto Rodríguez

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita una pena de medio año de cárcel y una multa de 180 euros para el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por un delito de atentado a la autoridad al considerarle autor de la patada que recibió un policía el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife) durante una manifestación contra el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert.

Rodríguez, para el que la fiscalía en Canarias solicitaba un año de prisión, se ha visto favorecido por su condición de aforado. Como diputado solo puede ser investigado y juzgado por el Tribunal Supremo, lo que obligó a la justicia del archipiélago a remitir las actuaciones a Madrid, aunque la causa contra él estaba prácticamente concluida. En el Supremo, tras tomarle declaración, el instructor, el magistrado Antonio del Moral, volvió a dar traslado al ministerio público para que formalizara de nuevo, si lo entendía conveniente, la acusación contra él

Medio año menos

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Aunque ambas fiscalías coinciden en los hechos que atribuyen al diputado, el ministerio público pide ahora la mitad de la pena por la patada que supuestamente propinó al agente. La fiscalía del Supremo le acusa por un delito de atentado a la autoridad, pero ya no por el delito leve de lesiones que también le atribuía en Canarias. Lo que sí propone es que indemnice al policía con 250 euros.

Cuando la causa llegó en Madrid, Del Moral propuso a Rodríguez comparecer voluntariamente en el alto tribunal, oportunidad que fue rechazada por el diputado de Unidas Podemos. Tras el correspondiente suplicatorio cursado al Congreso, Rodríguez negó su participación en los hechos y atribuyó su imputación a una criminalización de las movilizaciones y a su condición de diputado.