Las claves de la semana política: La ampliación de El Prat naufraga en La Ricarda

Una importante empresaria que tenía mucho que ganar con la ampliación me decía esta semana: “¿quién puede pensar en el siglo XXI que se puede aprobar un proyecto como este sin explicarlo?”. El temor por los costes reputacionales y electorales de defender la intervención en un espacio natural protegido como es la laguna de La Ricarda que implica incrementar las emisiones de CO2 ha tenido dos consecuencias nefastas. Parte del gobierno de la Generalitat ha querido usar las técnicas de tapadillo del siglo XX llegando a acuerdos que no se firman para poder abjurar de ellos o modular a conveniencia. Y muchos de los alcaldes socialistas implicados no estaban dispuestos a aguantar en solitario el chaparrón para que fueran otros los que lucieran la inversión. Es el naufragio de una cierta forma de hacer política. 

Quienes conocen el día a día de la vida en el entorno natural del aeropuerto no pueden evitar estos días estar más que sorprendidos. El amor por La Ricarda, como el que antaño se tuvo por el Delta de l’Ebre, sirve para parar grandes proyectos pero no inspira las políticas cotidianas de sus grandes defensores. La Generalitat de Catalunya acumula varias sanciones de la UE por el abandono de los humedales de los alrededores del aeropuerto así como una multa por no haber ejecutado las compensaciones de la anterior ampliación. Algo similar ocurre con el Parc Agrari del Baix Llobregat, tan laudado estos días, pero que no ha merecido la más mínima atención de la Conselleria de Agricultura, volcada desde los tiempos de Pujol en Lleida. El proyecto se ha debatido con el ecologismo reivindicativo de los años 80 pero ha naufragado por la conciencia medioambiental del siglo XXI, más centrada en la huella de carbono que en una laguna artificial y privada. 

Para naufragar en unas aguas tan poco profundas como las de la laguna de La Ricarda, la nave en cuestión tiene que ser muy precaria. Y la de la vida institucional en Catalunya lo es. Y no solo, pero también, por el procés. Las grandes operaciones de desarrollo económico del último tercio del siglo XX respondieron al siguiente esquema: propuesta empresarial de amplio consenso, acuerdo de los partidos centrales en Catalunya, reclamación al Estado de recursos, ejecución con protestas más efectistas que efectivas y a otra cosa. Un juego de pesos y medidas que se han roto por la construcción de bloques politicoeconómicos identitarios. Y así es muy difícil generar consensos ante proyectos complejos y cuya rentabilidad es intangible a corto plazo. La Moncloa ha ensayado en este caso una alternativa: oferta de inversión desde Madrid, búsqueda del consenso con los actores económicos y presión para forzar apoyos políticos. Y ha fracasado en primera instancia. Aún hay tiempo para revertirlo como señala la ministra de Transportes. Una simple llamada de Aragonès podría servir para dejar claro que en este duro camino se van a compartir los gozos de la inversión, las penas de la incomprensión y se va a hacer compatible la su viabilidad (cuya clave es la explotación inmobiliaria de la nueva terminal) con unas compensaciones más pensadas para convencer a medioambientalistas que a ecologistas. Como decía Tony Blair, los grandes acuerdos se producen cuando una misma palabra cada parte la interpreta de manera diferente. El concepto “no destrozar” La Ricarda une a muchos frente a la rigidez del “no tocar” y a la frivolidad del “desplazar”. No parece tan difícil. Pero la sutileza lleva años naufragando.