La exclusión del PP del caso Kitchen une a acusaciones y defensas contra el criterio del juez

Pocas veces una resolución judicial aúna a acusaciones y defensas, al tener intereses diametralmente opuestos. El auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dio por concluida la instrucción del caso Kitchen, relativo al espionaje al que se sometió al extesorero del PP Luis Bárcenas para intervenirle la información comprometedora para el partido que guardaba, tiene el dudoso honor de haberlo conseguido. De una forma u otra todos propugnan en sus recursos ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso este diario, que la investigación se extienda al que a todas luces se presenta como el principal beneficiario del dispositivo parapolicial ilegal: el Partido Popular.

El magistrado situó el "vertice" de la Kitchen en el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y propuso juzgarle junto a otras 10 personas, como su número dos, el que era su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En cambio levantaba la imputación que pesaba sobre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, extremo que piden que sea revocado por todas las acusaciones, que ven indicios suficientes contra ellos para sentarles en el banquillo.

Anticorrupción, que pide que se impute a quien era director general de la Policía Ignacio Cosidó y se investiguen los teléfonos que el principal imputado en el caso, José Manuel Villarejo, dijo haber utilizado para informar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, afirma en su recurso que el juez "quiere artificialmente delimitar" la causa "al ámbito al ministerio" como si "se hubiese establecido un cordón o una inexistente línea roja" para dejar al margen al PP y a sus dirigentes.

El Gal

La acusación que ejerce Podemos va más allá y en su recurso, que tacha de "extravagante", "irracional" y "sorpresivo" el cierre de la investigación cuando aún hay diligencias por practicar, se remonta a "los GAL" para afirmar que "pudiera parecer que el juez instructor quiere circunscribir a Interior este tipo de acciones ilícitas en las que se usa del aparato policial para la realización de acciones con un claro componente político, lo que no parece admisible en un estado de derecho ya más asentado como es el nuestro y sobre una causa en la que obran pruebas e indicios que señalan de manera a directa a otros responsables políticos, en este caso más ligados con el aparato del PP".

El PSOE considera "sospechosa la prisa que se ha dado, máxime si se tiene en cuenta que está próxima la convención del PP, que más allá de responsabilidades penales, que solo una correcta instrucción conseguirá confirmar o disipar, es uno de los principales afectados aunque no esté en la causa". Añade que la imagen que se traslada a la sociedad es que los "poderosos" quedan fuera.

Por su parte, las defensas también se explayan en este punto, aunque por haber sido ellos acusados y no otros. Fernández Díaz, por ejemplo, señala que no fue él quien resultaba beneficiado del robo de documentos a Bárcenas.

Diligencias pendientes

Para reforzar sus recursos y el cierre de la investigación que consideran "sorprendente" por "precipitado", las acusaciones detallan las razones por las que deben realizarse las diligencias solicitadas por Anticorrupción. Así explican que tomar declaración como imputado a Cosidó resulta clave para acreditar una de las conclusiones a las que llega el polémico auto del magistrado, que sostiene que se introdujo en la policía al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por su colaboración con el dispositivo. La declaración del director general del cuerpo entonces puede ser clave para probar esta afirmación en el futuro juicio, sostienen.

También consideran imprescindible volver a interrogar al policía José Ángel Fuentes Gago después de que se haya encontrado en las agendas de Villarejo un apunte en el que se dice que "lo que le quitaron a Bárcenas está en su despacho" y que iba a proceder a copiarlo durante el verano. En cuanto a la petición de imputación de Mariano Hervás, la justifican en que varios imputados, entre ellos, Enrique García Castaño, le situaron al frente de los seguimientos mientras él estaba de vacaciones.

Ademas de estas imputaciones, García-Castellón se ha negado a tomar declaración a varios testigos solicitados por el fiscal como el alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, que aseguró haber sido alertado por Villarejo de que se iba a producir la operación policial que dio origen al caso Gürtel en febrero de 2009.

El juez incluso ha rechazado recabar archivos policiales en relación con el preso al que Bárcenas pidió que se deshiciera de los archivos en los que supuestamente se oía a Rajoy destruir la documentación b del partido o hacer nuevos exámenes forenses sobre el estado de salud del falso cura que entró en la casa de Bárcenas y tuvo que ser reducido por su hijo y por Ríos.