Por malversación y prevaricación

Cs lleva a la fiscalía a los directivos del ICF y al Govern por cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

  • El partido naranja quiere que se investigue a las dos instituciones para dilucidar si han incurrido en algún delito con la creación y el uso del fondo de 10 millones de euros

El líder de Cs, Carlos Carrizosa, junto al diputado Joan García a las puertas de la Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya.

El líder de Cs, Carlos Carrizosa, junto al diputado Joan García a las puertas de la Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya. / ACN

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad de Cs, PP, Vox y CUP

Escribe desde Barcelona

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Un día después de que el Institut Català de Finances (ICF) hiciera efectivo el aval de 29 de los presuntos responsables contables de la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017 a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas de hasta 5,4 millones de euros, Ciutadans ha acudido a la Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya para que investigue si han incurrido en un delito penal de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación.

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha presentado la denuncia este viernes en la que incluye también a todos los miembros del Govern de Pere Aragonès para que estudie si su actuación "con la ilegal habilitación presupuestaria del Fondo Complementario de Riesgos constituyó una auténtica cooperación necesaria para la perpetración de los delitos de prevaricación y malversación llevado a cabo por los miembros de la Junta de Gobierno del ICF".

Escoltado por los diputados Joan García y Anna Grau, Carrizosa ha defendido ante los periodistas que la operación de la Generalitat para cubrir las fianzas millonarias de algunos de sus exaltos cargos es un "escándalo" y una "absoluta ilegalidad". El líder naranja también ha criticado que la existencia de este fondo que actúa como contraaval, al aval del ICF para los afectados, obliga a que haya 10 millones de euros públicos que no se puedan dedicar a otras funciones.

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"Estamos hartos de que en Catalunya se cometan las mayores atrocidades contra el dinero de todos, que se nos robe impunemente en nuestras narices y que parezca que aquí no pasa nada", ha apostillado, y ha exigido al Gobierno y al PSC que "tomen las medidas pertinentes para evitar que estos hechos se sigan cometiendo".

Tanto el Govern como la oposición está pendiente del dictamen que debe emitir el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) antes del 29 de julio sobre si el decreto se ciñe o no a la Constitución y el Estatut. El PSC deslizó que aparentemente parecía sólido jurídicamente, pero quiere asegurarse de que sea así, mientras que Cs, PPC y Vox están a la espera de conocer el examen para poder acudir a los tribunales de justicia.