PSC, Cs y PPC llevan al Consell de Garanties Estatutàries el fondo para las fianzas del Tribunal de Cuentas

Doble petición al Consell de Garanties Estatutàries para que estudie si el decreto del Govern por el que se crea un fondo genérico (Fondo Complementario de Riesgos) de 10 millones para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas cumple con la Constitución y con el Estatut. El PSC, por un lado, y Cs y PPC, de otro, han sacado adelante esta reclamación con el fin de analizar a fondo una herramienta que pretende actuar como garantía económica para que las entidades financieras avalen las fianzas de los encausados, que suman 5,4 millones.

Los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries no son vinculantes, pero sí pueden usarse tanto para la presentación de un recurso posterior al Tribunal Constitucional (que ya han anunciado PP, Cs y Vox) si encuentran algún desajuste o bien reforzar al Govern, que insiste en la "solidez jurídica" de su creación.

El jefe de la oposición y secretario de organización de los socialistas, Salvador Illa, defendió en una entrevista en Catalunya Ràdio las "dudas" del PSC sobre su legalidad, pero dijo que, si el decreto cumple con la ley, no tendrán inconveniente en convalidarlo en el Parlament. El Gobierno central también está comprobando, desde el punto de vista técnico, si se ajusta a la legalidad vigente antes de anticipar si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad.

En el texto dirigido al Consell de Garanties Estatutàries, el PSC cuestiona la aprobación de urgencia de este decreto firmado el pasado martes en el Consell Executiu porque considera que no hay una prisa "extraordinaria que justifique desvirtuar la potestad legislativa ordinaria", porque opina que lo han impulsado únicamente para afrontar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los 34 exaltos cargos de la Generalitat.

Petición conjunta

Por su parte, Cs y PPC se pusieron en contacto para solicitar este dictamen de forma conjunta, ya que se precisan dos grupos o, como mínimo, 14 diputados para activar esta vía. El líder naranja, Carlos Carrizosa, reprochó al Ejecutivo que "se saque de la manga un decretazo manifiestamente inconstitucional para privilegiar a los políticos que han dilapidado dinero público de todos los catalanes para fines partidistas". "La única necesidad extraordinaria y urgente que explica este decreto son las prisas del Govern por favorecer a sus amiguetes frente al plazo dado por el Tribunal de Cuentas para que paguen sus fianzas", añadió.