Primera denuncia contra Aragonès por el fondo del Govern para cubrir la fianza del Tribunal de Cuentas

Nada más acabar el Gobierno catalán de presentar un fondo de 10 millones de euros para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros fijada por el Tribunal de Cuentas a los exdirigentes independentistas por los gastos exteriores del 'procés' que ya tenían la primera denuncia por esta decisión. La entidad contraria a la independencia Convivencia Cívica Catalana ha interpuesto una en el juzgado de guardia de Barcelona contra el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación. Este órgano judicial deberá inhibirse al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ya que el jefe del Ejecutivo tiene la condición de aforado.

Convivencia Cívica Catalana señala en un comunicado que dicha fianza no puede ser asumida "de ninguna manera" por la Generalitat, toda vez que el Tribunal de Cuentas imputa a los encausados utilizar dinero público para fines que no son los previstos, hecho éste que "manifiestamente antijurídico"." La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de éstos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal", según esta entidad.

Convivencia Cívica concreta que destinar dinero público "a defender a funcionarios o políticos que han cometido ilegalidades manifiestas constituye un supuesto claro de prevaricación y malversación de caudales públicos". En palabras del presidente de la entidad, Ángel Escolano “no se puede permitir que se destine un solo euro de dinero público a los gastos de defensa de quienes han malversado dinero público, y mucho menos se hga con la naturalidad que estamos viendo; ¿Alguien se imagina al Gobierno de España asumiendo los gastos de defensa de Roldán? ¿A la Comunidad de Madrid asumiendo los gastos de defensa de los imputados en la Púnica? La Generalitat es una administración pública que sirve a todos los ciudadanos, no un instrumento de los independentistas que pueden utilizar para todo, incluso para pagar los costes de sus ilegalidades. Sorprende que alguien vea como normal pagar las responsabilidades por actos ilegales de alguien con dinero público”.