El juez califica de "ofensivo" que Dalmases cobrara 224.000 euros de subvenciones públicas

En su exposición razonada remitida al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el juez Joaquín Aguirre dirige sus dardos directamente al diputado de Junts per Catalunya Daniel Dalmases para atribuirle los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. El magistrado precisa en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que los 224.000 euros percibidos por el parlamentario de dos asociaciones vinculadas a él (Catmon e Igman) "equivaldrían a más de 18 años de salario mileurista o un salario de un año para 18 pesonas", con lo que su comportamiento le parece "no solo inadecuado y presuntamente delictivo, sino incluso ofensivo para aquellos que cumplieron con sus obligaciones sociales mediante la aportación de parte de su sueldo a las arcas públicas en cumplimiento de sus deberes fiscales".

En su detallada exposición razonada, de 150 páginas, el magistrado sostiene que tanto Dalmases como su socio Víctor Terradellas, exsecretario de relaciones internacionales de CDC, son “dos personas que viven pura y exclusivamente de las subvenciones públicas obtenidas de manera presuntamente irregular y con un importe notoriamente elevado” y que fueron otorgadas a Igman y Catmon. En total 1,3 millones de euros entre el 2014 y el 2016. Los fondos no solo provenían de la Diputación de Barcelona, origen de las pesquisas, sino también Departamento de Presidècia de la Generalitat, la Agència Catalana de Cooperació al Desnvolupament de la Generalitat, el Ajuntamento de Barcelona (en la época de Xavier Trias) i la Direcció General de l’Esport,

El juez relata “llama la atención” que fueran presentadas como justificantes de gastos con cargo a las subvenciones pagos de facturas de profesionales emitidas y cobradas principalmente por personas directamente relacionadas con Igman (y que coinciden en ser también personas relacionadas con Catmon) como son, entre otras, su presidente Dalmases (hasta 2017 y ahora persona aforada)" y Terradellas” , así como otras personas. Las dos entidades recibieron subvenciones públicas para tanto en contratación de publicidad para sus revistas, que tenían una difusión limitada, como para proyectos de colaboración al desarrollo a realizar en Bosnia, Marruecos y otros países y que la investigación policial pone en duda.

Una misma factura para diversas subvenciones

Entre las presuntas irregularidades, el togado enumera la falta de formalizaron los correspondientes contratos con los patronatos de las entidades como indica la normativa, así como que parte de la documentación fue "preparada, firmada, y, en alguna ocasión, presentada en mano (sin pasar por el registro general) por los representantes de las entidades. “Catmon e Igman usaron las facturas emitidas y cobradas por los miembros de sus patronatos como justificación de gastos realizados con cargo a los proyectos subvencionados, llegando incluso a utilizar las mismas facturas para justificar diferentes subvenciones, otorgadas por administraciones públicas diferentes”, señala el juez. Por eso remarca que las entidades incumplieron la normativa de la convocatoria de estas subvenciones públicas. 

El magistrado señala que el diputado “emitió facturas utilizadas en las justificaciones de las subvenciones en concepto de ‘colaboración a la revista y ‘tareas de dirección de periodicidad mensual” (140.000 euros entre en 2014 y 2017) o que no incluyó el IVA en 2013 por lo que tuvieron que modificarse un año más tarde. Por eso considera que Dalmases “en tanto que fundador y secretario de Catmon debería saber que su primera obligación al ostentar estos cargos era el cumplimiento de los fines fundacionales para los cuales se fundó” la entidad “y no percibir diferentes subvenciones por el mismo proyecto”.