El Gobierno desiste de su reforma del sistema de mayorías para la elección del CGPJ

El Gobierno da definitivamente marcha atrás con su polémica reforma de la ley que rebajaba las mayorías parlamentarias necesarias para la elección de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció este martes el carpetazo: la petición del Gobierno a los grupos de PSOE y Unidas Podemos de la retirada de la proposición de ley registrada el pasado otoño, paralizada por el presidente del Gobierno en octubre en medio de fuertes críticas, incluso de inconstitucionalidad, por parte de las asociaciones de jueces y que, por iniciativa de ellas, fue puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa. Un gesto celebrado de inmediato por la Comisión Europea, pero que entiende insuficiente, porque reclama a Gobierno y oposición una "reforma estructural" para que los jueces elijan al menos a la mitad de los miembros del CGPJ.

"Vamos a proponer a los grupos que la presentaron [la proposición de ley] que lo retiren", manifestó Campo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentaba el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa por el que se crearán tribunales de instancias, tantos como partidos judiciales existen actualmente (431), y cuyo principal objetivo, ser más eficaz, vinculó directamente con la necesidad de retirar la reforma que tanta suspicacias suscitó.

El Gobierno, pues, desiste de forma definitiva de su controvertida proposición, cuyo "reloj" el presidente, Pedro Sánchez, anunció "detener" para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. La reforma que sí ha salido adelante es la que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos mientras se encuentra con el mandato caducado. Una reforma que ha sido estudiada por su gabinete técnico y en un informe, que será llevado al pleno este jueves, advierte del riesgo de "atrofia" y "paralización" que conlleva para la institución.

La modificación legal que ya está vigente también fue examinada por el Ejecutivo comunitario. De hecho, este lunes mantuvieron una reunión Campo y la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y esta dio su visto bueno, no demasiado entusiasta, a la reforma aprobada que limita los poderes del CGPJ en funciones. Campo no admitió directamente que la decisión de retirar la propuesta de mayor calado, la que permitía elegir a los vocales del turno judicial sin el PP, había sido rechazada por Bruselas, pero sí ha insistido en que ante el “revuelo” existente, el Gobierno prefiere no dar más "pábulo", poner el “foco” en lo que juzga importante: la eficiencia procesal (impulsada en diciembre), la eficiencia organizativa (lanzada este martes) y la eficiencia digital (que verá la luz en los próximos meses).

Renovación pendiente

En el Poder Judicial calculan que, de no producirse la renovación antes de que acabe el año, el número de vacantes judiciales en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales alcanzará el medio centenar, ya que no se pueden cubrir ni las producidas por jubilaciones ni por fallecimientos. De ellas, nueve son en el alto tribunal, aunque ninguna en la Sala Segunda, que es en la única que se cubrieron todos los vacíos y, tras las reforma de la ley orgánica del poder judicial realizada, aún no se han producido nuevos.

El Ejecutivo reconoce el "revuelo" de la propuesta al que no quiere dar más "pábulo" para poner el foco en la "eficiencia" de la Justicia

Es más, el Gobierno espera que ese relevo sea “inmediato”, aunque asume que no será posible antes de las elecciones madrileñas del 4-M. Lo que no está claro es si socialistas y morados renunciarán a que ocupen dos plazas Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, vetados por los populares. Campo, aunque preguntado por ello en varias ocasiones durante la comparecencia, no quiso precisar. Se aferró a que la renovación es “absolutamente urgente” y a que confía en que “más pronto que tarde” llegará.

Campo recordó que, “tanto el Gobierno como los partidos que lo sustentan, tienen la responsabilidad y la altura de miras necesaria para priorizar la recuperación y transformación del país”, en lo que enmarcó la retirada de la reforma para añadir que “quienes se dedican a poner palos en la rueda, ahora tienen menos excusas para no arrimar el hombro”. El Partido Popular, dijo, "se está quedando sin excusas”.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, miembro de Unidas Podemos, también se refirió a la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces y criticó el incumplimiento de la Constitución que ello supone. Utilizó un tono conciliador y no discrepó del criterio de Campo. Pero en el Congreso, el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, apuntó, tras conocer las palabras del ministro, que no retiraría la proposición al no haber una alternativa "mejor" para superar el bloqueo. Posteriormente, fuentes de Podemos indicaban que había sido un "malentendido" y que Asens solo hacía referencia a su "malestar" por la parálisis de la renovación.

Los populares se apuntaron el tanto pero echaron el freno en la negociación. "Renovaremos los órganos constitucionales cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial y respetar la separación de poderes", señaló Pablo Casado en Twitter, red social en la que culpó al PSOE de ser el que "bloquea y degrada las instituciones". Minutos antes, el ministro Campo había subrayado que su anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa dará más margen de maniobra a los jueces y que él mismo ya anunció que se avenía a impulsar modificaciones legales para profundizar en la independencia judicial.

Podemos rechaza inicialmente retirar la proposición al no existir una alternativa "mejor" para superar el bloqueo

De hecho, esos son deberes que también sugiere el Ejecutivo comunitario a España. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, celebró este martes el anuncio hecho por Campo, como antes lo había hecho Jourová, porque de haberse mantenido habría significado un "paso atrás" que hubiera obligado a Bruselas a plantearse llevar al Gabinete de Sánchez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Reynders también avaló la modificación vigente que limita los poderes del CGPJ en funciones, pero a su juicio es "insuficiente" a largo plazo.

"Es muy importante completar la renovación del CGPJ y después llevar a cabo una reforma estructural que esté en pleno cumplimiento con los estándares europeos". Lo que la UE pide es que Ejecutivo y oposición pacten un cambio legal para que la mayoría de los vocales del órgano de jueces sean elegidos por los magistrados, informa Europa Press. El comisario, pues, no ve "grandes problemas" en la reforma ya vigente, siempre que se sigan la renovación del CGPJ y una modificación de calado. Por ello la UE rechaza que exista un riesgo "sistémico" en España para el Estado de derecho, y por ello "en ningún caso" iniciará un procedimiento de actuación como el que ha activado con Polonia o Hungría.