Iniciativas parlamentarias

El PSC no ve posibilidad legal de dejar a Vox sin senador autonómico

  • Independentistas y 'comuns' quieren estudiarlo y también apuestan por una comisión sobre racismo institucional

El auditorio del Parlament durante el pleno de constitución de la XIII legislatura.

El auditorio del Parlament durante el pleno de constitución de la XIII legislatura. / ACN / Job Vermeulen

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El PSC, que impulsa el pacto anti-Vox junto con otras cuatro fuerzas del Parlament -ERC, JxCat, la CUP y los 'comuns'- se ha desmarcado sin embargo del "desarrollo" que esos partidos quieren dar al acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la designación de senadores autonómicos, de los que los socialistas creen que no se puede privar legalmente a la ultraderecha, frente a lo que sugieren el resto.

El portavoz parlamentario adjunto del PSC, Raül Moreno, se ha quejado de que la "estrategia" de esos partidos contra Vox en realidad contribuye a "darles focos mediáticos". Ha explicado que su partido optará por "combatir a la extrema derecha con argumentos y con políticas públicas", y no con actos simbólicos -como el de abandonar la sala cuando habla un representante de Vox, como hicieron varios partidos durante el debate de investidura de Pere Aragonès- que solo sirven para "darles protagonismo".

Esa "confrontación mediática constante" que buscan algunos partidos, creen en el PSC, es contraproducente, y por eso la formación ha iniciado una "estrategia propia" en este ámbito. Además, los socialistas quieren actuar contra la extrema derecha siempre dentro de los cauces legales. "No nos saltaremos la ley. Negar representación a una formación que la tiene por el resultado electoral no es democrático", ha dicho Moreno.

Los partidos independentistas y los 'comuns' han registrado en el Parlament la creación de una comisión de estudio sobre el racismo institucional y han presentado una propuesta de resolución que incluye parte de las medidas que componen el cordón sanitario acordado para frenar a la extrema derecha en la institución. El PSC no ha suscrito estas iniciativas parlamentarias.

Independentistas y 'comuns' quieren dejar a Vox sin el senador por designación autonómica que le corresponde como cuarta fuerza en el Parlament con 11 diputados atendiendo al acuerdo para aislar a la extrema derecha de la vida parlamentaria que firmaron, en el que se establece que se tratará de "evitar, siempre que sea posible, la presencia de las formaciones de extrema derecha en los nombramientos que el Parlament tiene potestad estatuaria o legislativa para realizar". Aunque en la propuesta de resolución no lo hayan recogido, los partidos han indicado que esto se discutirá en la Mesa y en la Junta de Portavoces, y que siguen apostando por ello pese a las dudas legales que existen sobre este veto.

Fijado por el Estatut y el reglamento de la Cámara

El PSC se desmarca alegando que el Estatut y el reglamento de la Cámara fija que los ocho senadores autonómicos catalanes se reparten entre los grupos de forma proporcional, por lo que no deben interceder en este asunto y el protocolo fijado debe quedar al margen. Cabe recordar que en el 2019 los independentistas vetaron la designación de Miquel Iceta como senador, cuando pretendía presidir la Cámara Alta.

Los 115 diputados del PSC, ERC, Junts, CUP y En Comú Podem se comprometieron el 11 de marzo a apartar a los once representantes ultras de los órganos de gobierno de la Cámara catalana, empezando por la Mesa del Parlament, a no convocar a Vox en los encuentros con entidades, y a no apoyar al partido en iniciativas legislativas que pretendan cursar.

La comisión de estudio que impulsan independentistas y 'comuns' tiene el objetivo de ahondar en el racismo institucional en todos los ámbitos necesarios "desde la seguridad hasta la igualdad de oportunidades, pasando por la representación social, política y económica" con el fin de "establecer una diagnosis compartida sobre qué medidas tomar para evitar cualquier discriminación racial".

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En la propuesta de resolución, los cuatro partidos se reafirman en la voluntad de aplacar los discursos de odio en el Parlament con una reforma del reglamento que refuerce el compromiso contra la discriminación y el acoso con sanciones y para que las declaraciones institucionales no requieran de unanimidad, sino de mayoría calificada, para impedir que Vox pueda interceder. También apuestan por un plan integral contra el racismo, la xenofobia, islamofobia y cualquier otra forma de discriminación.