El Govern sostiene que tiene competencias para pilotar las restricciones

El Govern sostiene que aunque el Estado de por finalizado el estado de alarma el 9 de mayo, podrá seguir tomando decisiones restrictivas para hacer frente a la covid gracias a las competencias autonómicas. Fuentes del Ejecutivo catalán consultadas por EL PERIÓDICO sostienen que su base legal es el decreto aprobado el pasado año por parte de los servicios jurídicos tras el revés de una juez de Lleida al confinamiento del Segrià decretado por Govern el pasado mes de julio.

Pues bien, ese decreto posterior plantea un marco suficiente, según la Generalitat, para seguir decidiendo restricciones como la limitación de las reuniones o la movilidad e incluso, sostienen un posible toque de queda. El texto modifica la ley de Salud Pública de Catalunya para afirmar que en situaciones de pandemia las autoridades competentes pueden tomar medidas "de limitación de la actividad, el desplazamiento de personas y la prestación de servicios". Y subraya que esas medidas tienen una justificación basada en un informe emitido por el director o directora de la Agència de Salut Pública para "acreditar la situación actual de riesgo de contagio, de control de la pandemia, la suficiencia de las medidas", entre otras. Otra cosa, añaden, es que el Estado se reserve medidas de obligado cumplimiento en el marco del consejo interterritorial de salud.

Desde ese decreto, el Govern no ha sufrido nuevos reveses legales. E incluso el texto ha sido citado por expertos como el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Andrés Boix, dado que permitió al Govern actuar "sin que al Gobierno de España le parezca contrario a derecho ni tenga intención de recurrirlo y sin que los jueces hayan opuesto al mismo mayores pegas". Es más, añade Boix, "desde entonces, parece pacífico que el ámbito competencial de ejercicio para la adopción de estas medidas es el autonómico".

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha criticado, con todo, que el Gobierno no ha dado más andamiaje jurídico a las autonomías para gestionar la pandemia de forma descentralizada.