En el Senado

La fiscal general propone castigar los delitos de odio con trabajos para la comunidad

  • La propuesta fiscal pasa también por menores penas de prisión, multas o pérdida de derechos políticos

  • Recuerda que la libertad de expresión no tiene nada que ver con la violencia y que esta se perseguirá

Dolores Delgado, fiscal general del Estado.

Dolores Delgado, fiscal general del Estado. / EL PERIÓDICO

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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha abogado este martes ante la comisión de Justicia del Senado por una reforma de los delitos de odio, recogidos en el artículo 510 del Código Penal, para introducir una mayor proporcionalidad de las penas que se deben imponer en función del contexto, el contenido o las circunstancias del autor. Su propuesta pasa por menores penas de prisión, multas, pérdida de derechos políticos o trabajos para la comunidad, siempre que sean conocidos y aceptados por las víctimas, detalló en un momento en que este tipo delictivo está de máxima actualidad por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, aunque sus condenas no fueran por él, sino por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo.

Delgado, que comparecía ante los senadores para dar cuenta de las memorias de los años 2018 y 2019 del ministerio público, explicó que la propuesta había partido del fiscal especialista en delitos de odio de la Fiscalía de Barcelona en anteriores ejercicios. Precisó que "la libertad de expresión no tiene nada que ver con la violencia", cuyos episodios "se perseguirán", puntualizó para a continuación introducir otra salvedad, al recordar que ella fue fiscal antiterrorista y que el yihadismo tiene una parte muy importante de "adoctrinamiento y de expresión en redes sociales", por el que muchos jóvenes se iban a Siria dispuestos a luchar contra el Daesh.

Saldar la deuda con la sociedad

Tras separar explícitamente ese fenómeno de los delitos de odio, apuntó a la necesidad de "aplicar una justicia restaurativa, con trabajos para la comunidad porque con ellos se paga la deuda" contraída con ese tipo delictivo previsto para proteger a cualquier colectivo minoritario o especialmente vulnerable. Emplazó a los senadores a hacer una "profunda y serena reflexión" sobre la normativa que aplicarán los fiscales, dijo.

La fiscal general explicó que "el severo régimen punitivo" del artículo 510, que llega a los cuatro años de prisión, pretende amparar frente a la difusión pública de ciertos mensajes que incitan directa o indirectamente al odio. Sin embargo, ante una ausencia de reiteración o atendiendo a las características personales del autor se pueden considerar que "un menor rigor" sería más efectivo a la hora de combatir estas conductas. Se remitió a la comisión europea contra el racismo y la intolerancia de 2015, así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional.

Rechazo del PP

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La propuesta de reforma legislativa fue rechazada durante la propia comisión por el senador del PP Fernando de Rosa que le recriminó que la hiciera mencionando, sin embargo, el enaltecimiento del terrorismo y una estrofa de Hasél en la que propone pegar tiros en la nuca a miembros de su partido.

La dureza que utilizó contra la fiscal general con continuas referencia a su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, y el excomisario José Manuel Villarejo, principal imputado en la causa donde se investigan las cloacas policiales, fue motivo de respuesta por el senador del PSOE Txema Oleaga que recordó a De Rosa su pasado como alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps. La fiscal general, por su parte, declinó dar cualquier respuesta al respecto más allá de asegurar que "España no debe tener problemas con su fiscalía, porque tiene todos los contrapesos para que no se desvíe" de su función.