La fiscalía recurre la semilibertad de los presos independentistas

Solo un día después de las elecciones catalanas, la fiscalía ha presentado este lunes un recurso contra la decisión de la Generalitat de otorgar el tercer grado penitenciario o de semilibertad (únicamente van a dormir a la prisión y los fines de semana pueden pernoctar en sus domicilios) a los nueve dirigentes independentistas condenados por el 'procés'. Ahora son los jueces de vigilancia penitenciaria quienes decidirán si suspender cautelarmente esa medida, tal y como pide expresamente el ministerio público, y ordena el reingreso en prisión de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa.

El fiscal considera que la concesión del tercer grado penitenciario continúa siendo prematura por las penas impuestas y la parte "poco significativa" de su cumplimiento, a la vez que alude a la "gravedad" del delito cometido, como es el de sedición, el no reconocimiento del mismo por parte de los dirigentes independentistas y la voluntad de algunos de ellos de "volverlo a hacer". A su entender, no se ha producido "ninguna circunstancia distinta" respecto a la primera vez que la Generalitat otorgó la semilibertad a los presos, en julio del 2020, decisión que fue revocada por el Tribunal Supremo, recalca, "hace tan solo 40 días" (en diciembre).

El recurso subraya que el programa de tratamiento para los políticos encarcelados "debe tener por objeto" enseñar "a respetar la ley, a que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la normativa que rige nuestro Estado social y democrático de derecho". De manera, añade, "un Gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma". Aclara que los presos independentistas no están condenados "por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legalmente". Su conducta, concreta, fue "muy grave, no sólo en términos jurídicos, sino en términos de repercusión social e institucional", pues "el perjuicio causado lo ha sido a la estructura" del Estado, así como a la Constitución, "habiéndose querido vulnerar la unidad territorial ". 

La fiscalía califica de "goteo cronológicamente medido" las decisiones carcelarias de la Generalitat sobre los lideres soberanistas y cuestiona la aplicación de la semilibertad "a todos ellos sin excepción". En su opinión, la política penitenciaria del Gobierno catalán está dirigida "directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento". 

Decisión en el aire

Cuando la Conselleria de Justícia concedió por primera vez el tercer grado a los presos independentistas, el 14 de julio del 2020, se produjo la paradoja que el juez de vigilancia penitenciaria que se encarga de la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) acordó tras el recurso de la fiscalía y por petición de esta institución, que los líderes soberanistas varones volvieran al centro penitenciario hasta que no se resolviera el fondo del asunto, mientras que el togado que analizó los casos de Bassa y Forcadell no tomó esta medida y dejó que permanecieran en semilibertad durante unos meses.

Sin embargo, esta situación ha cambiado. El magistrado que estudiará la situación de Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Rull, Forn y Turull es otro y se desconoce su criterio, mientras el que resolverá sobre Forcadell y Bassa es el mismo que les permitió prolongar el tercer grado. Si el tema llega al Tribunal Supremo, como la primera vez, la mera interposición del recurso por parte de fiscal supondrá el reingreso automático de todos en la cárcel.

Horas antes de que comience la campaña electoral en Catalunya, el 28 de enero, la Generalitat volvió a conceder el tercer grado penitenciario que el Supremo revocó el 4 de diciembre a los independentistas presos, por lo que estos pudieron salir a diario de la cárcel y han podido intervenir en los actos electorales convocados por sus partidos. La resolución de Forcadell tardó dos días más. La Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia sostenía que los dirigentes soberanistas encarcelados "están sujetos a la pena de privación de liberad, pero conservan el derecho de manifestación y participación política" . Los políticos varones abandonaron el centro penitenciario de Lledoners al día siguiente, igual que Dolors Bassa, encarcelada en el centro de Puig de les Basses (Figueres).