El Tribunal Constitucional empieza este mes a revisar la sentencia del 'procés'

La pandemia puso el mundo patas arriba y el Tribunal Constitucional no iba a ser una excepción. Aunque con el fin del estado de alarma recuperó los plenos presenciales, por culpa del covid y la edad de sus magistrados, los redujo a la mitad, de tal forma que ahora solo celebra uno al mes, aunque eso no le ha impedido seguir trabajando. En el de enero está previsto que los 11 magistrados que lo componen actualmente resuelvan el primer recurso de los presentados contra la sentencia del ‘procés’ dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019.

Será el presentado por la ‘exconsellera’ Meritxell Borràs y con él sentará el criterio que se extenderá a todos los demás en aquellos puntos en los que coincidan, como es práctica habitual del Constitucional, informaron a este diario fuentes de este tribunal.

El orden de resolución no lo ha marcado el covid, porque el tribunal de garantías ya tenía previsto empezar la revisión de la resolución del Supremo con las impugnaciones que se prevén menos complicados. Son el de Borràs y el de su compañero de banquillo Carles Mundó, que se prevé que se resuelva en el siguiente pleno, el de febrero. Ambos estaban acusados de desobediencia y malversación, pero no de rebelión o sedición, y se les terminó condenando solo por el primer delito a penas de 10 meses de multa con cuota diaria de 200 euros, lo que suma 60.000 euros, y a un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. Santi Vila, condenado a la misma pena, no recurrió en amparo.

Sin recusar

Al criterio de la mayor sencillez del amparo se sumó, además, un hecho que ha resultado clave para que ambos sean los primeros que se resuelven: a diferencia del resto de condenados por el 1-O, ninguno de ellos recusó a Antonio Narváez, lo que permitirá pronunciarse sobre sus impugnaciones sin tener que haber resuelto los incidentes en los que se atribuye a este magistrado falta de imparcialidad.

Se da la circunstancia de que Narváez, fiscal del Supremo antes de llegar al Constitucional, es por su experiencia en penal, quien, junto a Cándido Conde-Pumpido, estaba al frente del equipo de letrados designado para resolver todos los recursos presentados contra la sentencia del ‘procés’.

Las recusaciones, que inició el expresidente catalán Carles Puigdemont, pese a haber sido declarado en rebeldía, y a la que se sumaron todos los condenados presos, se basa en una conferencia que el magistrado dio en noviembre de 2017 en Granada en la que comparó lo que ocurría en Catalunya con el golpe de Estado del 23-F y lo calificaba de “mucho más grave por sus consecuencias”.

Antes del verano

Narváez ha rehusado apartarse de las deliberaciones de los recursos, al no sentir afectada por su imparcialidad, y tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado le apoyan. Las dos informaron en contra del incidente de recusación, que deberá ser resuelto a la vuelta de las navidades para que el alto tribunal pueda empezar a tramitar los recursos del resto de condenados por el Supremo y cumplir los plazos que él mismo se ha marcado: tenerlos todos resueltos antes del verano.

Ambas acusaciones consideran que el magistrado no estaba prejuzgando las consecuencias del ‘procés’, sino que se refería con sus palabras a las resoluciones del propio Constitucional que precisamente entonces estaban siendo desoídas por las autoridades catalanas. La conferencia, además, se produjo poco después de que el fiscal general del Estado que había promovido las querellas que dieron origen al procedimiento, José Manuel Maza, falleciera repentinamente durante un viaje a Buenos Aires.

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