TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La recusación de un magistrado y el covid retrasan los recursos contra la sentencia del 'procés'

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional / periodico

Ángeles Vázquez

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El año 2020 no está siendo fácil para nadie y el Tribunal Constitucional no iba a ser una excepción. La pandemia, los amagos de renovación y, sobre todo, la recusación de uno de sus magistrados retrasará la resolución de los recursos de los condenados por el 'procés' al menos dos o tres meses, según confirman fuentes del alto tribunal a este diario. 

El cálculo inicial del tribunal de garantías era que los recursos que se prevén más sencillos, los de los condenados solo por desobediencia, Meritxell Borràs y Carles Mundó, se resolvieran este otoño, justo antes de Navidad, mientras que los del resto a la vuelta, en el primer trimestre del año. Ahora con el retraso de dos o tres meses, los primeros no se resolverán, en el mejor de los casos, hasta después del parón navideño y los relativos a la condena por sedición en concurso con malversación de caudales hasta probablemente mediados de año.

Golpe de Estado

Los condenados por el Tribunal Supremo, pero también por el huido Carles Puigdemont, recusaron al magistrado Antonio Narváez y la tramitación del incidente se prevé que dure entre dos y tres meses. El motivo para tratar de apartarle de los recursos es una conferencia que impartió en Granada en la que se mostró crítico con el proceso independentista catalán, que entendía más grave que el golpe de Estado del 23-F. 

Narváez, de profesión fiscal, coordinaba junto con Cándido Conde-Pumpido las propuestas de resolución de los recursos del 'procés' junto con media docena de letrados comisionados para ello.

Ninguno de los dos forma parte del tercio de magistrados con el mandato caducado que están pendientes de renovación, pero la inminencia de que las principales fuerzas políticas llegaran a un acuerdo el pasado verano llevó a relajar al ritmo de tramitación de algunos de los asuntos pendientes. Se trata del presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero. La plaza de Fernando Valdés, que dimitió al estar pendiente de juicio por violencia de género, también debe ser cubierta.