El pacto antidesahucios obligará a las CCAA a garantizar un realojo durante la alarma

PSOE y Unidas Podemos consiguieron este miércoles ponerse de acuerdo para prohibir los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma si no hay una alternativa habitacional, un aspecto que quedará en manos de las comunidades autónomas. Tras varias semanas de roces internos en el Gobierno, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos pactaron prorrogar esta medida hasta el próximo 9 de mayo, cuando decaerá el periodo excepcional, y ampliar su protección a familias en situación de vulnerabilidad previa a la pandemia del coronavirus. Donde no han llegado a un entendimiento socialistas y morados, por el momento, es a la prohibición del corte de suministros, defendida por Iglesias.

La polémica generada en el Ejecutivo por la enmienda que registró Unidas Podemos a los Presupuestos junto a <strong>ERC </strong>y <strong>EH Bildu</strong> para prohibir los desahucios se cerró este martes. El compromiso del Gobierno es aprobar un decreto ley, lo antes posible, para frenar los lanzamientos de familias vulnerables mientras "no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna", explicaron fuentes de la vicepresidencia segunda.

Se deberá garantizar una "vivienda digna" a los afectados y no podrá ser un albergue

Es en este punto donde los dos partidos de la coalición quieren que se involucren las autonomías. La intención del Ejecutivo es que sean las comunidades las encargadas de ofrecer la alternativa habitacional a las personas que vayan a ser desahuciadas. Además, deberá ser "siempre una vivienda digna" y el lanzamiento no se podrá realizar si no se ha "asegurado y garantizado un realojo", según subrayaron desde el gabinete de Iglesias. En este sentido, hicieron hincapié en que no se podrá derivar a las familias a un albergue.

Nuevos casos

Esta nueva iniciativa servirá para reemplazar a la que actualmente está en vigor hasta el 31 de enero. Además de ampliarla hasta el 9 de mayo, fuentes del Ministerio de Transportes explicaron que se añade la protección a aquellas familias que estaban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis del coronavirus, un caso que no contempla la actual normativa.

También recoge la situación de aquellas familias "en precario" que estén en una vivienda de un gran tenedor -más de 10 inmuebles-. Esta era una de las exigencias de los morados, que reclamaban un mecanismo que impidiese los desahucios de viviendas propiedad de bancos y fondos de inversión. En estos casos, las autonomías tendrán un plazo de tres meses para buscar un nuevo alojamiento a las personas afectadas.

Los Servicios Sociales

Otro de los cambios incluidos por el Ejecutivo de coalición es que la situación de vulnerabilidad la decidirán los servicios sociales, a quienes los tribunales deberán pedir un informe vehiculante siempre que los afectados por el desahucio aleguen estar en una posición vulnerable.

En el acuerdo alcanzado no está, por el momento, la prohibición de cortar los suministros a personas que no puedan afrontar su pago. Este fue uno de los planteamientos iniciales que puso Unidas Podemos sobre la mesa, reivindicando la necesidad de tener agua, luz y gas garantizados. Sin embargo, mientras el acuerdo ha sido posible con Ábalos, la negociación con la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, responsable de este asunto, no está resultando tan sencilla. Aun así, en las filas moradas confían en poder alcanzar un pacto en los próximos días.