La Eurocámara pide la inclusión del delito contra la integridad constitucional en la euroorden

La comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe en el que propone ampliar la lista de 32 delitos –en la que no figura ni la sedición ni la rebelión- en los que está prevista la entrega automática de un acusado objeto de una euroorden para incluir también los ataques contra “la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos utilizando la violencia”. 

El texto, que ha salido adelante con 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, deberá ahora votarse en la próxima sesión plenaria aunque no tiene carácter vinculante y es la Comisión Europea quien tendrá la última palabra sobre el lanzamiento o no de una reforma de este instrumento. “El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro Estado miembro de la unión”, ha destacado el ponente del texto, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, que ha obtenido el respaldo de Ciudadanos y de los Socialistas.

Vox, mientras tanto, se ha abstenido a la espera de una eventual propuesta que pueda hacer la Comisión Europea para reformar el mecanismo que entró en funcionamiento en el 2004 y que contempla una lista de 32 delitos para los que la entrega de un acusado es automática, sin necesidad de verificar la doble incriminación. Aunque hasta ahora el Ejecutivo comunitario no ha mostrado mucho apetito por retocar la euroorden, el PP insiste en que su actualización es necesaria tras 16 años de funcionamiento debido "a las nuevas formas de delincuencia organizada, la movilidad de las personas dentro del espacio Schengen, la persistencia del terrorismo y la necesidad de proteger los procesos democráticos y el estado de derecho", ha dicho Zarzalejos.

La propuesta de la comisión de libertades civiles también plantea añadir a la lista la usurpación de la identidad, los crímenes de genocidio, guerra y contra la humanidad, los abusos sexuales así como determinados delitos contra el medio ambiente y la evasión fiscal. Según los eurodiputados, los Estados miembros solo deberían rechazar la ejecución de euroórdenes en supuestos limitados. “La impunidad derivada de un rechazo infundado de ejecución de una orden de detención europea puede tener un impacto negativo en el Estado de derecho, sistema judicial, confianza pública en las instituciones, en las propias víctimas y en la sociedad en general”, ha recordado la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua.