El Gobierno limita al fiscal director de la investigación ofrecer la información "esencial" del caso

El refrán dice que a la tercera va la vencida y el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es el tercer intento serio de que el sistema procesal español cambie el corsé de la norma decimonónica que lo alberga por un texto propio del siglo XXI. El anunciado este miércoles por el ministro Juan Carlos Campo en el Congreso, al igual que los de los ministros Francisco Caamaño (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP), cuentan como principal novedad con que será la fiscalía la encargada de llevar el peso de la investigación, mientras que los jueces se convertirán en los garantes de los derechos de las personas encausadas y sus víctimas.

Precisamente para tratar de paliar la 'pena de telediario' de los imputados, el texto —cuyas líneas maestras dio a conocer Justicia este miércoles— prevé que la información que pueda ofrecerse de los procedimientos judiciales en marcha quede en manos en exclusiva del fiscal director de la investigación. Por si hay alguna duda, el borrador de la LECrim al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la limita a "lo esencial". Añade que será ese fiscal quien "realice la selección de los elementos que, por su interés informativo, pueden ser transmitidos a la ciudadanía y debe ser él también el que fije los términos en los que se han de consignar los datos correspondientes, asumiendo la responsabilidad derivada de los excesos o errores en que pueda incurrir en esta delicada labor".

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La limitación a "lo esencial" de la información pretende paliar la 'pena de telediario'

Con esta figura, además, el Gobierno trata de "preservar la imparcialidad objetiva del juez y de restar valor a los meros actos de investigación", pero, a la vez, de dotar al sistema de suficientes garantías para frenar las suspicacias que tradicionalmente han despertado en el partido que en cada momento está en la oposición que los fiscales asuman la instrucción de los procedimientos penales.

Para evitarlo en un momento especialmente sensible, al haber sido la actual fiscala general, Dolores Delgado, la anterior ministra de Justicia, incluye que las decisiones se adopten por equipos fiscales. Precisa que las que "se adopten en el seno de cada equipo de fiscales serán el producto de un proceso de reflexión y responsabilidad colegiadas, lo que permitirá limitar la intervención jerárquica de los órganos directivos de la Fiscalía a los supuestos excepcionales de discrepancias de criterio". 

Tribunales y no juzgados de instancia

También es una anomalía española respecto a otros sistemas el ejercicio de la acción popular, que permitió en su día, por ejemplo, investigar los crímenes de los GAL. El texto preparado por Justicia veta que puedan ejercerla los partidos políticos, que en la mayoría de los casos actuales son prácticamente los únicos que la ejercen.

El borrador del anteproyecto de la LECrim la mantiene para que pueda ser ejercida por los ciudadanos en un elenco de delitos "que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del ministerio fiscal, como puede ser el caso de las infracciones que protegen intereses difusos o de los delitos de corrupción política". En cualquier caso se formalizará mediante querella y su legitimación deberá acreditarse ante el juez de garantías.

El anteproyecto que este jueves irá a la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado —que preside Carmen Calvo— y, si pasa su visto bueno, irá al Consejo de Ministros del próximo martes, prevé que sean los tribunales de instancia, cuya organización, a diferencia de los juzgados actuales, también será colegiada, los que intervengan en la fase intermedia de preparación del juicio. Es decir, lo que decidan quiénes deben sentarse en el banquillo y por qué delitos.