29 nov 2020

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LA TRAMITACIÓN SE ALARGARÁ VARIOS MESES

El Gobierno no prevé resolver los indultos antes de las catalanas

La Moncloa y Justicia insisten en que es imposible que se cumpla la petición de Podemos porque el Supremo no ha dado respuesta aún

En el Ejecutivo subrayan que tampoco hay fecha decidida para que la reforma de la sedición pase por el Consejo de Ministros

Juanma Romero

Pedro Sánchez y los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, al inicio del pleno del Congreso del pasado 11 de noviembre, en la primera jornada del debate de totalidad de los Presupuestos de 2021. 

Pedro Sánchez y los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, al inicio del pleno del Congreso del pasado 11 de noviembre, en la primera jornada del debate de totalidad de los Presupuestos de 2021.  / BALLESTEROS (EFE)

La resolución de la solicitud de indulto a los presos del 'procés' no será inminente y, desde luego, no llegará antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. No está ahora mismo sobre la mesa del Gobierno de coalición porque la tramitación de los expedientes se halla todavía en una fase muy inicial y, por tanto, aún se demorará bastantes meses. En la parte socialista del Ejecutivo se insiste en que el procedimiento sigue su curso y no se puede acelerar, por mucho que presione Unidas Podemos. 

Justo ese es uno de los elementos que se ha cruzado en estas últimas semanas. Los 'comuns', y en concreto su líder en el Congreso y presidente del grupo morado, Jaume Asens, han venido reclamando que se agilicen los indultos para que los presos del 1-O puedan participar en la campaña de las autonómicas, que arrancará el 29 de enero. La última vez, este mismo viernes, cuando reclamaba al PSOE "pasar de las palabras a los hechos". 

Fuentes de la Moncloa y próximas al titular de Justicia,  Juan Carlos Campoconsultadas por EL PERIÓDICO, coinciden en que es a día de hoy imposible pensar que el Consejo de Ministros apruebe la medida de gracia para los 12 condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 —nueve de ellos en prisión— antes de la campaña del 14-F. El Ministerio de Justicia remitió la petición al tribunal sentenciador (en este caso, el Supremo) a finales de septiembre, y aún no hay respuesta. 

Justicia debe recibir informe del TS, de la Fiscalía y de las cárceles donde los presos cumplen condena

El TS debe recibir primero el informe de las cárceles donde los encarcelados cumplen su pena para después requerir a la Fiscalía que emita su dictamen, y por último el propio tribunal redactará su exposición. Es poco probable que el Supremo y el ministerio público se pronuncien a favor de conceder la medida de gracia a los condenados por el 1-O.

Esos informes son preceptivos, pero no vinculantes, de manera que el Ejecutivo podría autorizarla aun sin el respaldo de jueces y fiscales. En una entrevista con este diario, el pasado 25 de octubre, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, apuntó que "todo gesto de normalización es positivo". Es decir, que el Gobierno podría conceder el perdón para calmar la situación política en Catalunya.

"Unos tiempos razonables"

Campo no ha ido tan lejos como Ábalos. Este mismo viernes, en 'La hora de La 1', en TVE, sí reconoció que con los indultos se trata de "corregir excesos judiciales" si por el "transcurso de un tiempo" lo que se juzgó ya no tiene relevancia social". Señaló que el Ejecutivo no es "proclive o no" a otorgar los indultos a los presos soberanistas, es "proclive es a dar cumplimiento a la ley", ya que "cualquier persona por sí o por tercero tiene derecho a solicitar un indulto y a ser evaluado". El ministro se negó a dar una fecha aproximada de tramitación de los expedientes —"no puedo más que coger una bola de cristal"—, porque cuando el ministerio remite la solicitud al tribunal sentenciador, "pierde el control" de los tiempos. 

El responsable de Justicia recordó que hay unas medias ordinarias para este tipo de casos, pero aquí debe pronunciarse directamente el Supremo, y eso ocurre "muy pocas veces". "No hay un promedio que yo pueda decir. Yo creo que serán unos tiempos razonables. Hay expedientes que se realizan en seis meses y otros que se hacen en año y pico", indicó. 

"Podemos no tiene nada que decir en esto y punto —defienden del entorno de Pedro Sánchez en la Moncloa—. Son expedientes reglados y debemos respetar los procedimientos y al Ministerio de Justicia", que es quien debe elevar la propuesta de resolución al conjunto del Gabinete. "Queda muchísima tramitación", añade otro alto cargo del Ejecutivo. 

"Podemos no tiene nada que decir en esto. Son expedientes reglados y debemos respetar a Justicia", dicen en la Moncloa

Pero los comunes también presionan para que se acelere la reforma de los delitos de sedición y rebelión. Sería la otra vía que podría permitir que los líderes independentistas presos pudieran hacer campaña en Catalunya. Pero, de nuevo, no hay fechas claras. Campo recordó en TVE que el plan anual normativo que aprobó el Gobierno "establece" que el anteproyecto de reforma del Código Penal ha de salir del Consejo de Ministros "antes de final de año".

Los estudios, dijo, "están bastante avanzados" y la finalidad que se persigue es "muy simple", "adecuar y armonizar" el Derecho español al del entorno europeo. El ministro admitió que una rebaja de la sedición, el delito por el que fueron condenados los dirigentes separatistas, afectaría a los presos del 1-O, y también al 'expresident' Carles Puigdemont si fuera juzgado. 

Larga tramitación legislativa

Sin embargo, en la Moncloa insisten en que "no está decidido" cuándo se llevará la reforma del Código Penal al Consejo de Ministros. El Gobierno ha de superar la crucial votación de las enmiendas parciales y de las secciones de los Presupuestos del Estado para 2021 en la semana del 30 de noviembre, y necesitaría a ERC en caso de que finalmente Ciudadanos se descuelgue, como así parece. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo subrayan a este rotativo que la revisión de la sedición no está "en absoluto vinculada" a las cuentas públicas o a la ley educativa. "ERC no está apretando nada en esta línea y para pactar los PGE solo hablamos de números", indican. 

En todo caso, del Consejo de Ministros saldrá primero el anteproyecto de ley, que ha de ser enviado de forma preceptiva a los órganos consultivos —Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Consejo Fiscal— para que emitan su informe, que no es vinculante. Recibidos los dictámenes, el Gabinete estudia en segunda lectura el texto, lo aprueba y lo envía al Congreso ya como proyecto de ley para que arranque su tramitación parlamentaria.

En el Ejecutivo subrayan que la reforma no está ligada a las cuentas o a la ley educativa

El paso por las Cortes llevará su tiempo, ya que Campo ha insistido en numerosas ocasiones que quiere abrir un "amplio debate" con los grupos sobre la revisión del Código Penal, que afectará no solo a la sedición y rebelión, sino que también se incluirán delitos contra el medio ambiente o para proteger los derechos de los animales. Es decir, que el Consejo de Ministros podría alumbrar la reforma legislativa antes de fin de año, o antes de las catalanas del 14-F, pero sería un gesto a ERC, ya que a día de hoy parece improbable que la tramitación esté culminada con el arranque de la campaña. 

Además, Justicia intenta que el PP se avenga a la renovación del CGPJ, y dar vida a la reforma de la sedición y rebelión, muy criticada por la dirección de Pablo Casado (y por Cs y Vox), podría entorpecer unas conversaciones de suyo muy complicadas. 

Esperanza en la renovación del CGPJ antes del 6-D

El Gobierno mantiene que aún es posible cerrar un acuerdo para el relevo del Consejo General del Poder Judicial en los próximos días. De hecho, el ministro de Justicia apuntó el pasado viernes en TVE que existe "un gran deseo" de que en los primeros días de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, pueda haber "fumata blanca". "No hay acuerdo" con el PP, dijo, "pero sí una esperanza razonable de que en poco tiempo podamos tener la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, dando cumplimiento al mandato constitucional". 

 

Sin embargo, el PP ha negado en los últimos días que haya avances en las conversaciones. Pablo Casado, según indican fuentes de su entorno, no ha hablado sobre este asunto de nuevo con el presidente del Gobierno, aunque la interlocución sí es constante entre Campo y Enrique López, consejero madrileño y responsable de Justicia del PP. Ambos tienen buena relación desde que fueron compañeros en el CGPJ en el mandato 2001-2008. 

 

López, este viernes, situaba precisamente el apoyo de Bildu a los Presupuestos de 2021 como el "remate" de los obstáculos que su partido ve para pactar con el PSOE el nuevo CGPJ. "Estamos ante un presidente que siente más cómodo con aquellos que atacan el Estado", manifestó el consejero, quien pidió al Gobierno que "rectifique", informa Europa Press. El PP, agregó, espera que las condiciones impuestas por su partido se cumplan "cuanto antes"Son tres: retirar (no solo congelar) la proposición de ley que rebaja las mayorías exigidas para renovar a los 12 vocales del turno judicial, sacar a Podemos de todo el proceso de negociación y garantizar la "despolitización" del órgano de gobierno de los jueces.