El Gobierno aprueba un estado de alarma con toque de queda que quiere llevar hasta el 9 de mayo

Nuevo estado de alarma, pero con características muy distintas al que entró en vigor a mediados de marzo. Menos estricto y con mucho más margen de actuación para las comunidades autónomas, que en su mayoría han ido pidiendo en los dos últimos días volver a esta herramienta excepcional. El Gobierno ha aprendido varias cosas del precedente de hace siete meses, con una alarma que el Congreso fue prorrogando cada 15 días, en ocasiones de forma agónica, y ahora no quiere pasar de nuevo por ese difícil trance parlamentario. El Ejecutivo defiende que la nueva herramienta, que entró en vigor este mismo domingo a las 18.25 tras ser aprobada por un Consejo de Ministros extraordinario e incluye un toque de queda obligatorio entre las 23 de la noche y las 6 de la mañana en todo el país, dure hasta el próximo 9 de mayo, más de seis meses, y así lo pedirá a la Cámara baja esta misma semana.

Las principales medidas, explicadas por Pedro Sánchez tras la reunión del Ejecutivo en la Moncloa [aquí en PDF], son cinco. Las autoridades delegadas serán los presidentes autonómicos (a diferencia de la anterior alarma, donde la responsabilidad recayó básicamente sobre el ministro de Sanidad, Salvador Illa), y los territorios deberán tomar sus decisiones en cooperación con el Gobierno, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La circulación estará prohibida entre las 23 y las 6 horas en toda España, salvo en Canarias.  En esa franja, solo se podrá transitar por causas justificadas, como adquirir medicamentos, ir al trabajo y cuidar a personas. Pero las autonomías podrán ampliar o restringir este plazo en una hora.

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Las comunidades también podrán limitar la salida y entrada de sus territorios, total o parcialmente, ya sea en la autonomía al completo, en un municipio o en un barrio. En cuarto lugar, los territorios podrán restringir las reuniones a un máximo de seis personas o incluso menos, salvo que se trate de convivientes.  

Y por último, el Gobierno, en una iniciativa sin precedentes, aprobará la prórroga de la alarma el martes en Consejo de Ministros para unos días después (el jueves, previsiblemente) pedir al Congreso una extensión de seis meses, hasta el 9 de mayo. Aun así, para evitar que se le pueda acusar de evitar la rendición de cuentas, Illa comparecerá cada 15 días en la Cámara baja, y en principio los gobiernos autonómicos deberían hacer lo mismo en sus respectivos parlamentos. Los presidentes de cada comunidad podrán activar o desactivar las restricciones durante el tiempo que dure la alarma, en función de la realidad epidemiológica de sus territorios. Ahora bien, de entrada, en estos primeros 15 días de aplicación de este real decreto, entra en vigor el toque de queda nocturno (con la posibilidad de modulación una hora arriba o abajo) en toda España menos en Canarias. Será ya a partir de la prórroga cuando las autonomías podrán levantar o mantener esta medida. 

"Dada la gravedad de la situación, la eficacia contrastada del estado de alarma, dada la petición mayoritaria de las comunidades para su entrada en vigor, solicito a los grupos parlamentarios que esta medida cuente con un abrumador respaldo. Lo exigen los ciudadanos para dar un horizonte de tranquilidad y certidumbre", señaló Sánchez. "Si la situación de la pandemia lo permite, el Gobierno de España levantará el estado de alarma sin demora. Ni un día más, ni un día menos en la vigencia de una herramienta eficaz en la lucha contra el covid-19", añadió el presidente, que ha situado como objetivo de esta medida alcanzar una "incidencia acumulada en los últimos 14 días por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes". En la actualidad, la media española es de 362 casos. 

Los apoyos parlamentarios

Sánchez lo tiene mucho más fácil que hace unos meses para lograr la prórroga del estado de alarma, que en todo caso no afectará a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, dejaron claro fuentes de la Moncloa y detalla el BOE en una disposición adicional. Falta por ver cómo la mayoría de los partidos acogen la propuesta lanzada este domingo, que supone actuar en la línea de lo llevado a cabo por Italia y Francia, que han aprobado estados de alarmas muy largos. Pero Cs ya anunció el viernes que apoyaría la prórroga. Y este domingo, su líder, Inés Arrimadas, reafirmó el respaldo. El PNV también estaba por la labor de secundarlo, ya que Euskadi fue la primera comunidad que solicitó la alarma, y el Gobierno vasco aplaudió la medida tras escuchar a Sánchez. Catalunya se sumó más tarde a la petición para establecer un toque de queda, algo que prefiguraba el respaldo de los diputados de JxCat y ERC.

Sánchez reclama un "abrumador" apoyo a la alarma, y desvela que ha hablado con Casado

Solo con los escaños de los naranjas y los nacionalistas vascos, el Ejecutivo tiene asegurada la extensión temporal, pero la Moncloa subraya la importancia de que el PP vote a favor. Sin embargo, ninguna de las autonomías gobernadas por los conservadores ha solicitado formalmente la alarma, a diferencia del resto, y Pablo Casado fue hace unos meses muy crítico con esta herramienta constitucional, votando en contra de las prórrogas en las dos últimas ocasiones, algo que dificulta que ahora se sume. El Gobierno, en todo caso, cree que sería capital lograr su respaldo, porque bajaría el ruido político, en estos momentos a niveles altísimos, en torno a la lucha contra la pandemia. Sánchez, de hecho, habló este domingo con Casado, pero no quiso revelar el contenido de la conversación con el jefe de la oposición, que aclarará este lunes que piensa votar. "Me gustaría poder contar con su apoyo, porque son medidas que van a facilitar mucho la toma de decisiones a estos gobiernos. Los partidos que se califican de Estado deben apoyar", aseguró el jefe del Ejecutivo.

Peticiones en cascada

En un primer momento, Sánchez quería esperar a la conferencia de presidentes, que se celebrará este lunes, para aprobar el estado de alarma en el Consejo de Ministros ordinario del martes. Pero la cascada de peticiones para que diese ese paso, con España alcanzando el pico de la segunda ola y batiendo récords diarios de contagios, han hecho que decidiera adelantar la medida. El texto se condujo con el máximo celo, y de hecho los ministros lo recibieron en mano al comienzo de la reunión del Gabinete, para evitar filtraciones. Y esta vez no las hubo, a diferencia de lo que ocurrió en marzo. El decreto cuenta además con el aval del Consejo de Estado, que dictaminó a favor de manera urgente, igual que la Abogacía del Estado.

El primer territorio en pedir la alarma fue Euskadi, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulara las restricciones sociales que había ordenado el gobierno autonómico. Siguieron Asturias y Extremadura, a las que se sumaron varias comunidades también gobernadas por los socialistas, y también Catalunya, que como Euskadi pidió que las competencias del régimen excepcional estén delegadas en su gobierno, a diferencia de lo que ocurrió entre marzo y junio. La reclamación ha sido atendida, al conceder el real decreto poderes a las autonomías para confinar de noche, perimetrar todo o parte de su territorio y limitar las reuniones.

En total, 10 comunidades más la ciudad de Melilla pidieron de manera formal la alarma. Pero ninguna del PP, algo que puede dificultar la puesta en práctica del nuevo escenario. Sobre todo, en Madrid, un territorio que ha hecho de la batalla con Sánchez en las medidas contra el coronavirus su bandera, reclamando limitaciones más suaves y tardías de las que quería el Gobierno, pese a liderar durante un tiempo las tasas de contagio.

En una reunión telemática posterior, para informar con más detalle del contenido del decreto aprobado, fuentes del Gobierno descartaron que algún dirigente autonómico, como Isabel Díaz Ayuso, vaya a desmarcarse de estas medidas. "No está pasando en nuestro país nada diferente al resto de Europa.  Hace unos días la cancillera alemana llegó a un acuerdo con las ciudades. Nosotros tenemos casi el modelo alemán, en el sentido de que no se pueden sustraer competencias de las comunidades autónomas", indicaron, que también ha incidido en que la norma contará con un régimen sancionador, que las comunidades también podrán graduar.

El decreto también avala la posibilidad de confinar por zonas básicas de salud, como ha hecho Madrid. Ayuso, en una entrevista por la noche en Telemadrid, aplaudió la alarma porque permite flexibilidad a las autonomías y da "seguridad jurídica" y permitirá a la comunidad y al Gobierno "trabajar juntos".  Pero al mismo tiempo, la presidenta madrileña tachó la medida de "fracaso que podía haberse evitado", porque lastra la "imagen" de España.  

Un plazo en estudio

"El plazo no es inamovible", señaló Sánchez sobre los más de seis meses de prórroga. "Si podemos superar antes la emergencia plenamente, dejará de aplicarse de inmediato. Pero ese es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y las recomendaciones de los expertos, que estiman que ese es el tiempo que necesitamos hasta empezar a superar no solo la segunda ola actual sino la etapa más dañina de la pandemia", continuó el presidente".

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Sánchez también trasladó su creencia, pero no seguridad, de que el objetivo se podrá conseguir "sin recurrir al confinamiento global, sin paralizar la vida del país, que es la medida más costosa desde el punto de vista económico y social". Según Illa, la meta es "doblegar la curva y tener una Navidad lo más normalizada posible".

"Quiero pedir al conjunto de la ciudadanía lo siguiente —concluyó Sánchez—. No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma, pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y la salud de todos".