Sánchez, sobre un polvorín

En su tercera acepción, la expresión polvorín remite a una situación que por su conflictividad puede estallar en cualquier momento. Sobre un polvorín se aposenta el presidente del Gobierno. Si los frentes abiertos para la difícil gestión de Pedro Sánchez eran ya abundantes, esta semana han aumentado en número y en dimensión. Este viernes, mientras el Jefe del Ejecutivo rectificaba el inexplicado e inexplicable veto a la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en la Escuela Judicial en Barcelona y le acompañaba en los actos en los que ayer participó Felipe VI en la ciudad, el Consejo de Ministros declaraba el estado de alarma en Madrid y otras localidades de la región después del grave resbalón jurídico y político del ministerio de Sanidad al imponer unas medidas al Gobierno de Díaz Ayuso que el jueves desautorizó en parte el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Antes de que coincidiesen la rectificación del veto al Jefe del Estado y la declaración del estado de alarma en Madrid, Pedro Sánchez ha tenido que pasar por dos tragos amargos. El primero ha consistido en la comunicación general el martes de un cuadro macroeconómico para España realmente escalofriante. Perderemos el 11,2% de nuestro Producto Interior Bruto, el paro superará el 17%, el consumo descenderá un 12,6%, más aún la inversión que lo hará por encima del 18% al tiempo que mermarán nuestra exportaciones (-22,7%) y aumentará el déficit (11,3%) y el endeudamiento que registrará un porcentaje mareante: el 120% del PIB. Sánchez se cuidó de calmar el escozor de estos guarismos con la presentación en la Moncloa este miércoles del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, un acto que, llamado a abrir todas las portadas e informativos, se frustró en su notoriedad por un trámite judicial gravísimo para la futura estabilidad del Gobierno: el magistrado-juez del juzgado central nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el mismo que ha destapado la 'operación Kitchen', elevaba a la Sala Segunda del  Supremo una exposición razonada en la que solicita la investigación e imputación del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias. En 63 densas páginas, el togado observa indicios suficientes de que el secretario general del Podemos ha podido cometer hasta tres delitos: denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos. A tal conclusión llega después de unas investigaciones iniciales en la pieza separada denominada 'caso Dina' que implica al líder morado en hechos presuntamente delictivos.

Desafío independentista

Mientras tanto, la política catalana del Gobierno sigue siendo desafiada por el independentismo. Este mismo viernes, mientras el Rey visitaba Barcelona, sin el acompañamiento ni del presidente de la Generalitat en funciones ni de la alcaldesa de la ciudad, Torra, Puigdemont y Mas se reunían en Perpinyà para lanzar un insólito reto a la Unión Europea a la que requieren su mediación con el Estado español como si Catalunya fuera una colonia. Se ha tratado también de un acto claramente electoral porque los tres expresidentes reclamaron de las bases soberanistas un esfuerzo de participación para lograr un porcentaje de voto popular en el mes de febrero que se perfila como taumatúrgico: superar el 50% y adquirir así una mayor legitimidad para sus pretensiones segregacionistas.

El Gobierno de Pedro Sánchez –ante la avalancha de acontecimientos que amenazan con sobrepasarle- debe enfrentarse, además, a algunas incógnitas nada menores. La primera es que aún no dispone de un pacto presupuestario digno de tal nombre. Los apoyos a las cuentas públicas, por expansivos que sean, no permiten transacciones compensatorias. La segunda es que el horizonte temporal en el que se comenzarán a librar las ayudas europeas no está despejado. Podría ser en el primer trimestre de 2021, pero también más tarde en función de las dificultades que el fondo de reconstrucción está encontrando en el itinerario de su tramitación en los países de la UE.

La Corona y los jueces

En este contexto tan extremadamente delicado, el presidente, por una parte, y alguno de sus ministros, por otro, se comportan con una precipitación llamativamente imprudente. Plantear en estas circunstancias una crisis con la Corona –debate sobre la monarquía y la república- y otra con el Poder Judicial –con el amago de alterar las mayorías para acceder a su Consejo General- parece especialmente inoportuno. Sectores del PSOE con más experiencia aconsejan en privado un reseteo del Gobierno, sugieren una nueva formulación de los ministerios y aconsejan nuevos titulares que sustituyan a aquellos que en tan poco tiempo se han abrasado o han demostrado que sus capacidades de gestión son poco consistentes.

Cuatro cuestiones, no obstante –pandemia y crisis económica por medio-, marcan la agenda de Pedro Sánchez: Catalunya y su próximo proceso electoral; la inestabilidad de Iglesias en el Consejo de Ministros por su situación procesal; los Presupuestos Generales del Estado y la endemoniada situación de Madrid, que podrían desbordarse en la medida en que el estado de alarma implica una intervención dura y pura en el régimen de autogobierno de Madrid que, con Catalunya, son los territorios más importantes y estratégicos. El artículo 4º del real decreto de alarma es contundente: "La autoridad competente será el Gobierno".

Sánchez y el PSOE, con el apoyo inestable de Unidas Podemos, controlan malamente la situación para que el polvorín no le estalle al Gobierno en plena pandemia y en crisis económica y social de dimensiones difícilmente calculables. No hay oposición que se perfile como alternativa, pero el auditorio ciudadano vive en un ambiente denso y viciado, cansado y desconfiado, que contempla cómo los problemas se acumulan y no se avizoran soluciones.

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