Los juristas del Parlament advirtieron a la Mesa que contravenía al Constitucional

El exletrado mayor del Parlament, Antonio Bayona, y el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, reconocieron este miércoles en el juicio por presunta desobediencia contra cuatro exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament y una exdiputada de la CUP que les advirtieron de que las propuestas tendentes a convocar un referéndum unilateral o impulsar la independencia de Catalunya contravenían las resoluciones del Tribunal Constitucional y que si tiraban adelante podría haber consecuencias legales.

El fiscal Pedro Ariche confirmó la petición de pena un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros para Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Lluis Guinó (PDeCAT, el único que todavía es diputado), así como la exparlamentaria de la CUP, Mireia Boya, por  un delito de desobediencia grave. La acusación pública solo hizo algunas precisiones en su escrito de conclusiones. Las defensas reclaman la absolución y alegan, a su vez, la inviolabilidad parlamentaria. El próximo viernes están previsto los informes finales.

"Había requerimientos del Constitucional bastante claros", subrayó Bayona, que precisó que sus informes no eran vinculantes, que  su labor es meramente de asesoría y que "los letrados actuamos con independencia”. Muro aclaró, por su parte, que no era habitual que la Mesa votara en contra de su criterio. La sesión es especialmente técnica.

Los dos juristas explicaron en la vista que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se ausentaron del pleno de la Cámara catalana del 27 de octubre del 2017 en el que se proclamó la declaración unilateral de independencia (DUI) “por la naturaleza de la sesión” y porque, en su opinión, se estaba conculcando las decisiones del Constitucional.

Verificar los requisitos formales

Bayona detalló que la Mesa no puede entrar en el fondo de las iniciativas parlamentarias que se presentan, sino que su labor es “verificar” sus requisitos. El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, intervino y preguntó: “¿La Mesa ni puede impedir que el pleno altere el orden del día?” (cómo ocurrió con la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica en septiembre del 2017). El  testigo respondió: “El reglamento lo posibilita. Para que exista tema parlamentario o una iniciativa es necesario que la Mesa lo admita a trámite, sino es como si no existiera”.

También compareció como testigo, a propuesta de las defensas, Ernest Benach, que presidió el Parlament entre 2003 y 2010, y que ha sostenido que "lo único" que hace la Mesa con las iniciativas es comprobar sus requisitos formales para admitirlas a trámite, ya que "en el fondo no entra nunca".

El secretario general del Parlament hasta octubre de 2016, Pere Sol, subrayó el cambio que apreció en la doctrina del Tribunal Constitucional a raíz del proceso independentista  y valoró: "Parecía que el TC estuviera indicando a la Mesa del Parlament el sentido del voto, lo cual sorprendía un poco".

La inviolabilidad

Como testigos también han declarado varios dirigentes de la CUP y del desaparecido grupo de Junts pel Sí. Uno de ellos, Lluís Llach, aseguró que como "diputado se sentía protegido por la inviolabilidad" respecto a sus votos y opiniones. Firmó, admitió, al igual que otros parlamentarios soberanistas, la proposición de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica por "lealtad a nuestros compromisos".

 El diputado Antoni Castellà insistió que en pleno del 6 y el 7 de septiembre del 2017, cuando se aprobaron estas leyes, se hizo de acuerdo al reglamento. Y espetó: “Me sentí violento por el filibusterismo de la oposición”.