Los exmiembros de la Mesa del Parlament plantean la "inviolabilidad parlamentaria"

La inviolabilidad parlamentaria, las funciones de la Mesa del Parlament, la libertad de expresión de los diputados y la aprobación de resoluciones vinculadas al 'procés' se han erigido en el campo de batalla en el juicio que se ha iniciado este martes contra los exmiembros soberanistas del órgano parlamentario Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Lluis Guinó (PDeCAT, el único que todavía es diputado), así como la exparlamentaria de la CUP, Mireia Boya.

La sala de vistas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estaba casi vacía por las restricciones por el coronavirus. Los imputados, que fueron aclamados por la mañana en la puerta del Palacio de Justicia de Barcelona por simpatizantes independentistas, y sus defensas invocaron la "involabilidad parlamentaria" y todos negaron que tuvieran la intención de desobedecer al Tribunal Constitucional.

La fiscalía atribuye a los exmiembros de la Mesa y a la exdiputada de la CUP, para los que reclama un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, haber permitido que la Cámara catalana debatiera resoluciones a favor del proceso independentista, pese a que el Tribunal Constitucional les había advertido de su obligación de impedir iniciativas que supusieran eludir su mandato.  Dos de ellas, la<strong> ley de referéndum</strong> y la <strong>ley de transitoriedad jurídica</strong> , fueron aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el alto tribunal. 

La  abogada Judit Gené, defensora de Barrufet, Corominas i Guinó, abrió fuego y esgrimió de entrada en las cuestiones previas la "inviolabilidad parlamentaria" de los encausados por "la función que ejercían". A su entender, "lo único" que hicieron estos políticos fue "garantizar la libertad de expresión" de los diputados, la "autonomía parlamentaria" y la "separación de poderes". Los imputados no se movieron ni un milímetro de ese guión.

El letrado de Anna Simó, Ramon Tomas, desarrolló en su intervención este argumento y subrayó que "la inviolabilidad parlamentaria está consagrada en las principales normas" legales, como el Estatut, la Constitución y el Tratado de la Unión Europea, y es "una garantía" de la representación política y de la libertad ideológica.  "La inviolabilidad existe o no (...) Es la principal garantía para el funcionamiento de una institución como el Parlament", precisó.

El proceso judicial, en su opinión, es "nulo", ya que se  "ha superado el límite de la jurisdicción" y se "han vulnerado" derechos fundamentales. Carles López, abogado de Mireia Boya, se adhirió a este planteamiento.  Las defensas también reclamaron la expulsión de la causa de la Abogacía del Estado por falta de legitimidad, pero el tribunal lo rechazó.

El fiscal Pedro Ariche, sin embargo, sostuvo que a los imputados no se les acusa por "el contenido" de las resoluciones que se aprobaron en el Parlament y que motivaron la causa, por lo que no se puede invocar la "inviolabilidad parlamentaria" que, recordó, "no es un derecho ilimitado" y "es susceptible de control judicial". "No se persigue el voto, ni  la opinión, sino la actuación de los acusados", insistió.

Cuestiones formales y poco más

El primer imputado en declarar, Lluís Corominas, explicó al tribunal que la Mesa del Parlament únicamente analiza las cuestiones formales de las iniciativas parlamentarias y no entra en el contenido, ni en el fondo de las propuestas. Negó que desobedeciera al Constitucional y alegó que su intención siempre ha sido garantizar el derecho de los diputados al debate político y la "autonomía parlamentaria".

La declaración de Simó fue similar en relación con la funciones de la Mesa, aunque fue más allá y afirmó que la querella contra ella no es "por sus actos", sino por su "adscripción política". Según la exdiputada, "la inviolabilidad parlamentaria no es personal", sino que "es para defender lo que representa la soberanía del Parlament" y  los derechos de los parlamentarios, "una premisa básica".

"No se puede pedir que la Mesa del Parlament actuara como una censora", precisó Barrufet, para después añadir que este órgano "está para velar que los compañeros diputados puedan ejercer su función". La exdiputada rememoró que la Cámara catalana es la "casa de la palabra". "El parlamentarismo es debate, estira y afloja, los acuerdos y los consensos", dijo. Guiró remarcó, por su parte, que cuando se aplicó el artículo 155 , el Parlament lo "reconoció y aceptó".

La exdiputada Mireia Boya declaró en aranés, con la participación de un traductor, y es la única que contestó al fiscal. Su discurso fue el más político. Quiso dejar constancia del carácter asambleario de la CUP, que sus decisiones son tomadas por la militancia y que la "inviolabilidad parlamentaria" le permite presentar las propuestas de su programa electoral, que recoge la independencia de Catalunya.

El testigo y exdiputado autonómico, ahora en Madrid, José María Espejo Saavedra (Ciutadans),  explicó que advirtió a sus compañeros de la Mesa que algunas propuestas contravenían las resoluciones del Constitucional. Según su versión, la Mesa del Parlament tiene que admitir o no a trámite las iniciativas de los grupos y, para ello, se debe valorar el fondo del asunto, en contra de lo manifestado por los acusados.

El TSJC acordó restringir el acceso a la sala de vista por el coronavirus. El objetivo es garantizar un "mayor distanciamiento posible" entre los asistentes, revocando, si es necesario, algunas de las autorizaciones que ya se han emitido para personas cuya presencia en la sala no se considere "imprescindible". Como suele pasar ahora en los juicios, para poder asistir se necesitaba cita previa.

Este juicio ha sido aplazado en tres ocasiones: por motivos de agenda de los abogados, para estudiar si se enviaba al Supremo la causa contra el exdiputado de CSQP Joan Josep Nuet -que finalmente será juzgado en Madrid ya que actualmente es diputado de ERC en el Congreso- y al decretarse el estado de alarma por el coronavirus.

Testigos ilustres

El juicio ha arrancado con la lectura de los escritos de acusación y de defensa. Después, las cuestiones previas, la declaración de los acusados y la de dos testigos: el exvicepresidente segundo del Parlament José María Espejo-Saavedra (Cs), el exsecretario segundo David Pérez (PSC). Este martes le toca el turno al que fuera letrado mayor entre 2012 y 2018, Antoni Bayona, al secretario general, Xavier Muro, al exsecretario general Pere Sol y al expresidente del Parlament Ernest Benach (ERC), entre otros.

La acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, y multa de 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Boya.

La acusación popular, ejercida por Vox, por su parte, ha retirado la acusación de organización criminal, por el que reclamaba 12 años de prisión, y ha mantenido el delito de desobediencia, al igual que la fiscalía. Las defensas solicitan la absolución.