El PPC lleva al Tribunal Constitucional el decreto de vivienda de la Generalitat
"No permitiremos que Catalunya se convierta en un paraíso ocupa y en un infierno para los propietarios", espeta Fernández
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV3, Catalunya Ràdio y RAC1.
Júlia Regué
El PPC ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto de vivienda de la Generalitat, que prevé reducir los desahucios y facilitar el acceso a un hogar. El dirigente popular en Catalunya, Alejandro Fernández, ha defendido este lunes que son inconstitucionales: "No permitiremos que Catalunya se convierta en un paraíso ocupa y en un infierno para los propietarios y las familias que no ocupan ningún piso, sino que esperan pacientemente en las listas de espera de vivienda social".
El decreto obliga a los grandes propietarios de pisos a facilitar un alquiler social a quien lleve más de medio año en su propiedad sin pagar y acredite necesidad, y incluye entre los grandes tenedores de vivienda a los particulares que tengan más de 15 pisos, lo que permitirá a la Generalitat expropiarles, como a empresas o fondos de inversión, los pisos que estén más de dos años vacíos por la mitad de su valor.
Según Fernández, hay un "menosprecio a todas las familias que deciden ahorrar a través de la vivienda o convertir en negocio empresarial su ahorro y no tienen que ser tachado de especuladores", pero a la vez, "un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos" porque una comunidad autónoma "no puede alterar un derecho fundamental del conjunto del Estado".
El pleno del Parlament lo convalidó en febrero con los votos de JxCat, ERC, 'comuns' y la CUP; la abstención de PSC-Units per Avançar, y el rechazo de Cs y PPC. La normativa salió adelante después de que el Govern se viera obligado a modificarlo porque el decreto inicial, elaborado un año antes, no llegó a la Cámara catalana por falta de apoyos y por la convocatoria de elecciones.
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