crisis sanitaria
El Gobierno reforzará la obligatoriedad de las mascarillas en los próximos días
Miguel Ángel Rodríguez
Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
Miguel Ángel Rodríguez
Las mascarillas podrían convertirse en los próximos días en un accesorio obligatorio de nuestra indumentaria para salir a la calle. Esa es la petición que varios presidentes autonómicos le trasladaron este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que el Ejecutivo quiso responder anunciando que desde el ministerio de Sanidad ya están estudiando reforzar la obligatoriedad del uso de mascarillas en los espacios públicos.
"El Gobierno escucha", dijo la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras la conferencia de presidentes en la que hubo unanimidad en imponer la obligación de llevar mascarillas en todos aquellos lugares púbicos donde no se pueda cumplir con la distancia recomendada de dos metros. Ahora, esta solo es obligatoria en el transporte público y recomendada en el resto de ambientes.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, apuntó que en los próximos días se dictará una norma que "precise" el uso de las mascarillas, pero evitó dar más detalles a la espera de una nueva reunión el lunes con las autonomías en las que se determine cómo se concretará esta medida. Por el momento, la opinión más extendida es que se deben usar tanto en espacios cerrados públicos como en la vía pública siempre que no se pueda mantener la distancia social recomendada de dos metros.
Pese a que varios dirigentes de Catalunya y Madrid ya habían exigido durante los últimos días que esta medida se empezara a aplicar, el anunció del Gobierno llegó ayer cuando se sumaron a la demanda la gran mayoría de presidentes autonómicos, entre ellos el líder de Murcia, Fernando López Miras, su homóloga en el Govern balear, Francina Armengol, o en Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
Sin restricciones
Otra de las medidas que aprobará el ministerio de Sanidad en los próximos días será eliminar las franjas horarias que marcan cuándo se puede salir a la calle para realizar determinadas actividades en los núcleos urbanos de menos de 10.000 habitantes.
Este relajamiento, que ya disfrutan aquellas localidades que no superan los 5.000 vecinos, se podrá disfrutar en las ciudades que cumplan el criterio de población y que no se encuentren cercanas a grandes núcleos de población. Según explicó Illa, se trata de una medida dirigida hacia la España rural que, además, gozará de otras medidas de flexibilización en las que siguen trabajando.
Reproches
Sánchez también trasladó a los presidentes autonómicos su intención de prolongar el estado de alarma "alrededor de un mes" para que la medida se mantenga vigente durante toda la desescalada. No obstante, ni Montero ni Illa precisaron por cuánto tiempo se pedirá la prórroga. Un detalle que, aseguraron, lo explicarán el próximo martes tras la reunión del Consejo de Ministros.
Sin embargo, Montero sí quiso dejar claro que durante este proceso de desescalada las autonomías deberán ser pacientes. "Ni las prisas, ni las presiones ni los discursos que alimentan los agravios son buenos consejeros", sentenció en referencia a las quejas de los dirigentes de la Comunidad de Madrid que acusaron al Gobierno de condenar a la "ruina" al territorio al no permitir que pasara a la fase I.
Preguntado por si se darán a conocer los informes en los que se basó esta decisión, Illa aseguró que se publicarán cuando todos los territorios hayan alcanzado la primera fase. Según explicó, esto se hace "por sentido común y para no fomentar carreras de desescalada".
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