La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de los condenados por el 'caso Palau'

Ni su avanzada edad ni el coronavirus les evitarán la cárcel. La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado este martes el ingreso en prisión de los tres principales condenados por el 'caso Palau', como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción después de que el Tribunal Supremo revisara la primera sentencia y la avalara con ligeras modificaciones en apenas un par de penas. 

La Audiencia da de plazo hasta el próximo 25 de junio para ingresar en prisión de forma voluntaria a los que fueron máximos responsables del Palau Félix Millet, condenado a 9 años y 8 meses de cárcel, y Jordi Montull, a 7 años y medio, así como al extesorero de Convèrgencia Daniel Osàcar, a 3 años y medio, por distintos delitos de corrupción, como malversación de caudales públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias, falsificación en documento mercantil, falsedad contable y blanqueo de capitales, cometidos mediante el saqueo de la institución catalana.

Es un plazo muy superior al habitual para este tipo de trámite que no suele exceder los 10 días. Para fijarlo el tribunal ha tenido en cuenta la avanzada edad de los tres (los 84 años que tienen Millet y Osàcar, y los 77 de Montull), así como las patologías que los tres presentan y que los dos últimos esgrimían para intentar suspender la ejecución de sus condenas gracias a que necesitan un seguimiento continuado de ellos. El tribunal señala que en ninguno de los casos se trata de una enfermedad incurable y que esa vigilancia médica se le podrá facilitar en prisión, como ocurre con otros presos de edad avanzada.

Aunque el auto no accede a su petición de suspensión, sí ha tenido en cuenta las circunstancias que alegaban para concederles hasta finales de junio el plazo para ingresar en la cárcel que elijan voluntariamente. Para entonces, explica el tribunal, según el Ministerio de Sanidad ya se estará en la fase 3 de control de la pandemia y el riesgo de contagio, que puntualiza que también existe fuera de la cárcel, será menor.

Fianzas

El tribunal recuerda que los tres han cumplido siempre con sus comparecencias y que tanto Millet como Montull tienen impuestas fianzas de 400.000 y de 100.000, respectivamente, para evitar su huida. Las penas de ambos superan el límite de seis años que suele utilizar el Tribunal Constitucional para no suspender las condenas que revisa en amparo. Osàcar, en cambio, aún puede ver suspendido su ingreso en prisión, o no tener que pasar demasiado tiempo encarcelado, a través de esta vía.

Respecto a los ocho penados con penas de hasta dos años de cárcel, el tribunal les da siete días para que se pronuncien sobre la ejecución de la sentencia, aunque recuerda que la ley prevé su suspensión. Ese también es el plazo dado a Gemma Montull, condenada a 4 años y medio, para que se pronuncie sobre el cumplimiento de esa pena y el pago de las responsabilidades penales a las que fue condenada, que ascienden a más de dos millones y medio de euros. 

Embargos de bienes

El cómputo comenzará cuando quede sin efecto la suspensión de plazos procesales, que declaró el estado de Alarma el 14 de marzo y sus sucesiva prórrogas. Será entonces cuando todos los condenados deberán proceder al pago de las multas y las responsabilidades civiles que les fueron impuestas en sentencia, y cuando los embargos preventivos acordados se convertirán en ejecutivos y se comunicarán al Registro de la Propiedad para que así conste.

En cuanto a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el tribunal procederá de la misma forma con los embargos que correspondan hasta cubrir los 6,6 millones de euros cuyo decomiso se acordó en sentencia por proceder del tráfico de influencias por las comisiones pagadas por Ferrovial al partido. 

La resolución señala que "se recomienda la realización de bienes embargados para hacer efectivo el importe de dicho comiso y, en su caso para la localización de otros bienes de CDC para atender a la totalidad del decomisado" se ocupará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos de la Administración General del Estado.