El presidente del Col.legi de Metges de BCN pide que los presos no peligrosos cumplan el confinamiento en casa

El presidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, asegura que, en el momento actual de crisis sanitaria por el coronavirus, el confinamiento en los centros penitenciarios supone un "alto riesgo". En un contexto de pandemia -defiende el médico en su perfil de Twitter- es "contrario a la preservación de la salud pública" que no los trasladen ya para que queden confinados en sus casas. El especialista siempre se refiere a los presos clasificados de acuerdo con la ley y que no suponen un riesgo para la sociedad. "Una decisión diferente podría conculcar los derechos" de los internos "dada la grave situación en la que estamos". En nombre de la junta de gobierno del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona, Padrós demanda a quien corresponda a que "reconduzca esta situación".

Aunque el máximo responsable de los facultativos barceloneses no se refiere expresamente a ellos, los políticos independentistas presos continúan en la cárcel. A finales de marzo, hubo un choque entre el Tribunal Supremo y la Generalitat. La 'consellera' de Justícia, Ester Capella, afirmó que el Govern está estudiando que reclusos en régimen ordinario como ellos, que hasta el inicio del estado de alarma dejaban durante varias horas a la semana la prisión para trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, se beneficien de la posibilidad de cumplir condena en casa mientras dure la emergencia sanitaria. Pero de momento esa eventualidad solo está autorizada para presos en tercer grado, y los impulsores del 'procés' han vuelto al encierro permanente. El Supremo, como tribunal a quien corresponde la ejecución de la sentencia de los presos del 'procés', prefirió no esperar a que esa hipotética excarcelación se produjera y respondió al anuncio de Justícia con una advertencia: podría ser constitutiva de un delito de prevaricación. Si se acordara la excarcelación, el Supremo se dirigirá a las juntas de tratamiento responsables "para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo". El tribunal añade en un comunicado que ello "se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación".