El fiscal pide 5 años al exconcejal de CiU Antoni Vives por un contrato ilegal

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para <strong>el exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives,</strong> acusado de <strong>contratar ilegalmente en Barcelona Regional </strong>a un exalcalde convergente, que en cuatro años se embolsó presuntamente 155.067 euros sin desempeñar ningún trabajo en la empresa municipal.

En su escrito de acusación, el ministerio público acusa de Vives, al exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Muller y al exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo de un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales, y pide cinco años de prisión para cada uno de ellos. Se trata de una investigación iniciada por EL PERIÓDICO. 

La Fiscalía sostiene que Vives -investigado en el "caso 3 %", el presunto pago de comisiones ilegales a CDC- se puso de acuerdo con Muller para contratar "ficticiamente" a Arévalo entre los años 2012 y 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para "completar su remuneración anual" tras ser elegido alcalde.

El mandato de Xavier Trias

Según mantiene el ministerio público, que impulsó la querella que dio pie a la investigación, el caso se remonta al año 2011, cuando Jesús Arévalo fue elegido alcalde de Cervelló, con una retribución anual de 47.275 euros, y Vives fue nombrado concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias.

El alcalde, funcionario de carrera, pidió a su partido ser contratado por la administración "para así completar su remuneración anual", dado que en su anterior cargo de arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat su salario era superior al que percibía en el consistorio de Cervelló.

"De común acuerdo con su amigo" Guillermo Muller, Vives decidió contratar a Arévalo, con "consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos", añade la Fiscalía.

De esa forma, el alcalde firmó un contrato desde el día 9 de enero del 2012 hasta fin de obra, para realizar funciones de "asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes", con una jornada laboral a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario de 34.000 euros brutos anuales.

Arévalo, añade la Fiscalía, figuró como trabajador de Barcelona Regional hasta el 31 de mayo del 2015, una vez Ada Colau fue elegida alcaldesa de la capital catalana, pero no consta que participara en el proyecto indicado "ni en ningún otro ejecutado por la entidad", ni que dispusiera de despacho propio o acudiera a las oficinas de Barcelona Regional.

"Los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo", sostiene el ministerio público.

Devolver 155.067 euros

Por ese motivo, el escrito de acusación pide que se condene a los tres acusados a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Barcelona Regional con 155.067 euros en total, la cantidad que Arévalo cobró supuestamente de las arcas públicas entre los años 2012 y 2015, y a una multa de 60.000 euros.

Inicialmente, la Fiscalía se querelló también contra Antoni Miquel, "Leslie", cantante de Los Sírex y también militante de CDC, por haber estado contratado por Barcelona Regional sin haber desempeñado trabajos para la entidad municipal.

Sin embargo, el ministerio público ha decidido finalmente no acusar a Miquel -contra el que sí ejerce cargos el Ayuntamiento de Barcelona, acusación particular en la causa-, a la vista de la documentación que su defensa aportó para acreditar que sí había trabajado para Barcelona Regional, según fuentes jurídicas.