06 jun 2020

Ir a contenido

Las cárceles proponen hoy el segundo o tercer grado a los presos

La formación republicana prevé que les será concedido el segundo grado y, por tanto, no contempla que salgan antes de Navidad

Una de las posibilidades que se contempla es otorgar a los dirigentes independentistas el mismo régimen que a Oriol Pujol

J. G. Albalat

Oriol Junqueras.

Oriol Junqueras. / AFP

La inminente calificación penitenciaria de los políticos condenados por el 'procés', que ha de conocerse este miércoles por la mañana, ha generado un nuevo enfrentamiento entre Junts per Catalunya y ERC. Los neoconvergentes han arremetido contra los republicanos después de conocerse que estos no contemplan que los líderes independentistas encarcelados salgan antes de Navidad y que pueden todavía permanecer en prisión unos meses. La formación republicana prevé que la Secretaría de Serveis Penitenciaris de la Generalitat clasifique a los presos vinculados a Esquerra (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell) con el segundo grado penitenciario, que comporta permanecer todavía encarcelado unos meses.

Posteriormente, han explicado las misma fuentes, se trabajará para conseguir que se les aplique el régimen penitenciario que marca el artículo 100.2, que es el mismo que se le dio a Oriol Pujol. Se trata de un grado de semilibertad que permite al preso salir a trabajar o a realizar un voluntariado entre semana, pero durmiendo siempre en la cárcel. Así, según estos parámetros, los políticos presos por la sentencia del 'procés' no saldrán de la cárcel hasta mucho después de Navidad.

Sin embargo, el partido prevé recurrir el segundo grado, ya que se considera que se les debería conceder el tercer grado, que marca una semilibertad más amplia (dormir en la cárcel entre semana y fines de semana en casa).  Desde ERC se ha precisado que no es habitual otorgar directamente ese tercer grado en condenas largas, como es el caso de los dirigentes independentistas, a los que se impuseron penas de 9 a 13 años de cárcel, más inhabiltiación.

La respuesta de otros encarcelados

Esta reflexión por parte de ERC ha provocado una reacción contundente por parte de la defensa de los políticos de JxCat encarcelados. El abogado Jordi Pina ha puntualizado que, en su opinión, se debe clasificar de entrada en tercer grado a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y ha recordado que es la Secretaria de Mesures Alternatives de la Conselleria de Justícia, en manos de ERC, es quien tiene la "decisión final" sobre ese asunto. El letrado ha remitido a la prensa un comunicado en el que "lamenta" las informaciones que "pretenden justificar y normalizar" la clasificación de los internos en segundo grado penitenciario. 

La junta de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas Enric y Puig de les Basses propondrán esta semana el régimen de clasificación de los reclusos, decisión que la Secretaría de Serveis Penitenciaris tiene dos meses de plazo para ratificar.

El defensor de los presos de JxCat asegura tener el "firme convencimiento" de que la clasificación de sus clientes debería ser el tercer grado, teniendo en cuenta sus "circunstancias personales": entorno social, la posibilidad de encontrar empleo, la no peligrosidad en la medida de que no atuaron con violencia, la no existencia de riesgo de  reicidencia y no existiendo, en este caso, responsabilidad civil que cubrir

"Esta defensa y mis clientes en las últimas semanas han mantenido un escrupuloso respecto hacia la labor de los profesionales de los centros penitenciarios que deben emitir los preceptivos informes", añade la defensa, que se queja de las informaciones que han circulado sobre la clasificación penitenciaria de los dirigentes independentistas.

Horas antes de este comunicado, ERC había realizado una reunión con medios de comunicación en los que la abogada que se encargará de estos trámites afirmó que, según su experiencia profesional, la Generalitat se inclinaría por otorgar el segundo grado. Tras ello, según ha recalcado, empezará a trabajar, entregando documentación, para que la junta de tratamiento de las cárceles apliquen el artículo 100.2.

La fiscalía tiene la potestad de recurrir la concesión del segundo o tercer grado penitenciario, así como la aplicación del 100.2, tal y como ocurrió en el caso de Oriol Pujo. El ministerio público informó entonces que usar ese artículo era un régimen abierto (tercer grado) encubierto.