La fiscalía aplaza la reclamación contra Marta Rovira al haber huido a Suiza

Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret celebran la decisión del juez.

Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret celebran la decisión del juez. / BLANCA BLAY

Ángeles Vázquez

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La 'exconsellera' de Agricultura Meritxell Serret y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pueden estar un poco más tranquilas, porque a diferencia del resto de huidos en la causa del 'procés' la Fiscalía del Tribunal Supremo ha descartado instar su entrega a España, aunque los motivos no son los mismos, informaron a EL PERIÓDICO fuentes fiscales. 

La decisión sobre Rovira ha sido aplazada hasta un estudio "más detallado" por parte de la junta de fiscales de Sala del Tribunal Supremo, ya que las características especiales de Suiza hacen que la petición de entrega tenga que incluir ciertas particularidades, si es que se quiere tener alguna esperanza de éxito, incluso aunque se presente tras la sentencia del 'procés dictada por la cúspide del poder judicial español.

El caso de Serret, en cambio, obedece a que los fiscales han concluido que el delito por el que se le podría condenar sería únicamente el de desobediencia por el que se condenó a un año y ocho meses de inhabilitación y multa a los 'exconsellers' Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs.

De hecho nunca llegó a solicitar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que tramite una reclamación contra la exdiputada de la Cup Anna Gabriel, al estar solo acusada de desobediencia. El motivo es que desde el departamento de Agricultura, a diferencia de otros, no se registró pago alguno al referéndum ilegal del 1-O, por lo que sería difícil acusarla de sedición y malversación y su situación se asimilaría a la de los 'exconsellers' condenados a desobediencia.

Por sedición y malversación

La situación del resto de huidos es distinta, porque los delitos de sedición y malversación sí que pueden ser imputables a Clara Ponsatí, exresponsable de Educación; Toni Comín, de Sanidad, y Lluís Puig, de Cultura. Las fuentes consultadas equiparan su responsabilidad a la que el tribunal del 'procés' atribuyó a Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, condenados a 12 años de cárcel.

De ahí que según las fuentes consultadas el ministerio público solicitará al juez Llarena que inste su entrega para sumar sus reclamaciones a la cursada contra el 'expresident' Carles Puigdemont nada más conocerse la sentencia que condenó a Oriol Junqueras, como máximo responsable de la Generalitat, tras la huida del primero, a 13 años de prisión.