La respuesta institucional tras la sentencia
El Síndic elabora un informe sobre desobediencia civil a instancias de Torra
El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, encargó el pasado 18 de septiembre al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, un informe sobre las "consideraciones, recomendaciones y criterios de actuación" de las fuerzas de seguridad y también la ciudadanía ante el fenómeno de la desobediencia civil no violenta, cara a la reacción social que se pueda producir tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el informe ha sido ya entregado a Torra, con fecha 30 de septiembre.
Proporcionalidad y mediación
En la respuesta a Torra, el Síndic pide "aplicar cuidadosamente la proporcionalidad" y tener en cuenta "la infracción normativa que se pueda estar produciendo" con la desobediencia, por un lado, y la "legítima reivindicación", por otro. Ribó define la desobediencia como un acto político no violento que plantea "tensa la ley" y que puede generar acciones que pueden ser "antijurídicas", y recuerda también que el espacio público es un lugar donde se pueden ejercer los derechos políticos. "La desobediencia civil no violenta tiene un alto contenido político que permite expresar" sus actuaciones "contra el orden juridico".
Precedentes
En el documento, de cinco páginas, Ribó recuerda informes anteriores críticos sobre la actuación de los Mossos en el desalojo del rectorado de la Universitat de Barcelona o el de la plaza de Catalunya con motivo del 15M. Reclama de la policía una actuació basada en la "oportunidad, proporcionalidad y necesidad", que ha de ponderar siempre la decisión policial. "Siempre ha de haber agentes" especializados en "mediación, negociación y resolución" antes de cualquier actuación que comporte el uso de la fuerza. Los Mossos disponen desde hace tiempo de una unidad de mediación y su primer responsable, Xavi Pastor, es ahora el máximo responsable de la Brigada Mòbil, la división de antidisturbios más especializada del cuerpo catalán.
El Síndic recuerda que está vigente la regulación de los dispositivos personales de grabación. Es decir, que la policía ha de tomar imágenes de las intervenciones, grabaciones que sean "accesibles a todas las partes interesadas". El informe cita también el marco legal en relación a los Derechos Humanos y los tractados internacionales que vinculan a los Mossos a la hora de actuar en situaciones como la que puede producirse tras la sentencia.
Con este informe del Síndic -cuya actuación en la polémica de los lazos amarillos, recomendando retirarlos en campaña electoral, generó una cierta tensión con Torra- el 'president' busca disponer de pautas de actuación que sirvan de referencia tanto para las policías como para los manifestantes que ejerzan la desobediencia y conozcan los límites de la misma y el derecho de la policía. El 'president' ha esgrimido el derecho a manifestación, a la concentración y a la protesta en el marco de los derechos y libertades fundamentales. Torra ha trasladado el contenido del informe a las distintas 'conselleries' del Govern, así como a entidades sociales.
Buch y la congruencia
Es significativo que el pasado miércoles, en el pleno del Parlament, el 'conseller' de Interior, Miquel Buch, a preguntas de la oposición sobre la actuación de los Mossos, subrayara conceptos como los que usa el Síndic: "Los Mossos han actuado de forma positiva, con mediación, interlocución y el uso de la fuerza con congruencia, oportunidad y proporcionalidad".
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