Ir a contenido

MEDIDA CAUTELAR

Torra no retirará la pancarta con los lazos amarillos pese a la orden judicial

El TSJC ha dado 48 horas al 'president' para que la quite del Palau de la Generalitat

El embrollo de la recusación de magistrados retrasa el juicio contra él por desobediencia

J. G. Albalat

La pancarta a favor de los independentistas presos que cuelga del Palau de la Generalitat.

La pancarta a favor de los independentistas presos que cuelga del Palau de la Generalitat. / ALBERT BERTRAN

Quim Torra vuelve a mostrar su intención de desobedecer. Tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de ordenarle que retire  en 48 horas la pancarta con los lazos amarillos del balcón de la Generalitat, el 'president' de la Generalitat ha emitido un comunicado en el que asegura que no lo hará porque la "libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados" es "un clamor muy mayoritario de la socidad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

Torra ha anunciado que presentará recurso contra la orden del TSJC alegando que "es una vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y opinión, como ya se produjo cuando la Junta Electoral Central le ordenó la retirada, de manera irregular y sin tener las consecuencias para hacerlo". El 'president' reitera en la nota "su compromiso de defender los derechos y las libertades de todos y en todo momento".

La orden judicial

El (TSJC) ha ordenado este viernes al 'president' que en el plazo de 48 horas retire el cartel expuesto en el balcón de la Generalitat. A la par, el mimo alto tribunal ha aplazado hasta el 18 de noviembre el juicio por desobediencia que debía celebrarse la semana próxima contra él por desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC), al haber mantenido durante la última campaña electoral para las municipales.

La nueva orden de que retire la pancarta con el lazo tiene su origen en una demanda presentada por el colectivo Impulso Ciudadano, una asociación liderada por el exdiputado de C’S en el Parlament José Domingo. La Sección Quinta de lo contencioso-adiministrativo del TSJC ha aceptado su petición de que, como medida cautelar y hasta que resuelva el fondo del asunto, se inste a Torra retirar ese cartel a favor de los lideres soberanistas encarcelados y los “exiliados”. Los magistrados han dado un plazo de 48 horas al presidente para que cumpla su requerimiento, pero la decisión no es firme y el Govern puede presentar un recurso en cinco días.

Impulso Ciudadano presentó el pasado 27 de mayo un recurso contencioso ante el TSJC en el que pedía que se condenara a la Generalitat a quitar la pancarta y que se le obligara a hacerlo cautelarmente mientras se dictaba sentencia, alegando que su exhibición vulnera el "deber de objetividad" que debe presidir la actuación de cualquier administración pública. El alto tribunal ha estimado esta medida y ha requerido "de forma personal" a Torra que retire el cartel. Los jueces consideran que el hecho de que se exhiba en el Palau de la Generalitat puede provocar una "afectación objetiva" sobre los ciudadanos que "no se alineen con la opción ideológica representada por dicha pancarta".

La sala, integrada por cuatro magistrados, apunta que es aplicable al caso de la pancarta una sentencia del TSJC que en 2016 estableció que exhibir la "estelada" en un edificio público debe ser considerado partidista y que ese tipo de lugares deben regirse por el principio de "neutralidad institucional que, si bien reforzado en los períodos electorales, debe mantenerse en todo momento". Esos argumentos avanzados en el auto son los que han motivado el voto particular del magistrado Eduard Paricio, quien, no obstante, coincide con la mayoría de la sala en que es procedente la medida cautelar solicitada. Para este magistrado, la resolución se "extralimita en lo que respecta a la incorporación de argumentos o alusiones relativos al fondo" del asunto, que en su opinión no deberían adelantarse en aras del "criterio de apariencia de buen derecho". 

La desobediencia

Esa decisión ha llegado pocas horas después de que el TSJC anunciara que aplazaba hasta el 18 de noviembre el juicio que se debía celebrar la próxima semana (25 y 26 de septiembre) contra Torra por desobedecer a la Junta Electoral y no retirar, cuando se le requirió, los lazos amarillos de la fachada del Palau durante la campaña de las elecciones municipales. La razón esgrimida es que el alto tribunal no dispone de tiempo suficiente para resolver las recusaciones de magistrados planteadas por la defensa del presidente.

El juez instructor de este incidente, Carlos Ramos, ha decidido este viernes no aceptar su propia recusación y ha propuesto que se inadmita también la de los magistrados Jesús María Barrientos y Mercedes Armas, que deben juzgar al presidente. La decisión final sobre este embrollo judicial le corresponde a una sala especial del TSJC. Fuentes de la Generalitat han lamentado que el TSJC haya publicado a través de su cuenta de Twitter el aplazamiento del juicio a Torra, antes de notificárselo a su defensa, y han añadido que la suspensión del juicio demuestra que las prisas son incompatibles con el derecho a un proceso con las garantías necesarias y a un juez imparcial.

En la apertura del año judicial en Lleida, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha advertido que “la aplicación de la ley se hará sin perjuicio alguno relacionado con la relevancia social del sometido a ella” y que los tribunales son garantes de que “las conquistas del Estado constitucional en materia de derechos y libertades sean respetados por todos y han de ser también quienes arbitren las correcciones oportunas sobre aquellos que busquen apropiarse de ellas”