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El juez abre juicio oral contra Camps por contratar con Gürtel

El magistrado esperaba que la Sala de lo Penal rechazara el recurso del 'expresident' por proponer juzgarle

El expresidente valenciano se enfrenta a delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias

Ángeles Vázquez

Francisco Camps y sus abogados llegando a la Ciutat de la Justicia en 2018

Francisco Camps y sus abogados llegando a la Ciutat de la Justicia en 2018 / Miguel Lorenzo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tenía todo preparado. Ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps apenas un par de días después de que la Sala de lo Penal rechazara el recurso con el que este trató en vano de librarse del juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos a la empresa de la trama Gürtel Orange Market para el montaje del stand Grandes Proyectos en Fitur en el año 2009.

En un auto, el magistrado abre juicio oral a Camps por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias. No obstante, rechaza el delito de malversación de caudales públicos, ya que no se incluyó dicho tipo penal en la pieza del 'caso Gürtel' en la que se le investigó.

Para favorece a Orange Market

El instructor considera que ha quedado acreditado que “con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del Partido Popular en dicha comunidad autónoma, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', y Cándido Herrero Martínez, bajo la superior dirección de Francisco Correa y de Pablo Crespo, se concertaron con el acusado Francisco Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' fuera directamente adjudicado a Orange Market, al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno”.

Además, actuaron para que dicha adjudicación ilícita no la asumiera la Agencia Valenciana de turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo "bajo la autoridad del Presidente" conforme a los reglamentos de la Presidencia de la Generalitat y de la Presidencia de la Generalitat.

Un arsenal de indicios

El juez detalla a lo largo de la resolución los indicios acumulados y señala que no estamos ante una declaración aislada e inconexa de unas personas investigadas cuyo testimonio, como invoca la defensa de Camps, por el hecho de serlo o por oscuros interese personales, resulta inverosímil. Sino que, subraya el juez “estamos ante un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana participó en el direccionamiento del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Marketcomo parte del más amplio contrato Fitur 2009”.

Y todo ello, según el instructor, “lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tenía" con esa empresa, "al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizaba para ir cancelando la indicada deuda. Ibars Sancho, en definitiva, sí recibió indicaciones de sus superiores en la Generalitat, y más concretamente de Camps Ortiz, para que actuara en la forma que lo hizo en relación con la adjudicación del stand de Grandes Eventos en Fitur 2009”.

Una vez analizados los hechos, el juez argumenta que encajan dentro del delito de prevaricación en tanto que la adjudicación a Orange Market se basó en “actos verbales, que aprobaron lisa y llanamente una contratación directa, sin más trámites. Fueron por tanto actos decisorios de la Administración que ampararon una situación en la que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley y, de hecho, de cualquier clase de procedimiento, vulnerando con ello de manera evidente los principios de legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad que han de estar presentes en la actuación de la Administración”.  

Se trató de una actuación injusta llevada a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en concursar y que hubieran podido realizar la oferta más ventajosa para los intereses públicos, explica el magistrado.

Respecto al delito de fraude a las administraciones públicas que incluye el fiscal en su escrito de acusación, De la mata considera no descartable que Camps e Ibar acordaran un plan criminal siguiendo esta última las indicaciones de Camps y pusieran en marcha ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo, organizando los procesos de contratación de modo que se aseguraran que Orange Market fuera finalmente la adjudicataria de las construcción de los stands de Grandes Eventos.

En cuanto al delito de tráfico de influencia que incluye la acusación popular en su escrito de acusación, el juez entiende también razonable sostener que Camps Ortiz ejerció influencia sobre Ibars Sancho para conseguir que esta “diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos.