INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Los trapicheos de Gordó con la productora de 'El gran dictat"
Joan Manuel Parra explicó en la Audiencia Nacional cómo una empresa audiovisual contratada por TV-3 le pagó por servicios a CDC
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
"Ya llamaré yo a Carbó". De esta manera, el 'exconseller' de Justícia Germà Gordò contesta al empresario Joan Manuel Parra cuando este le reclama que Oriol Carbó, el propietario de la compañía audiovisual Triacom, productora del extinto programa de TV-3 'El gran dictat', todavía le tenía que abonar una cantidad de dinero por servicios prestados en realidad a CDC. Y es que Parra, antes de ser citado a declarar en la Audiencia Nacional, confesó haber cobrado trabajos a Convergència a través de dicha productora. Lo desveló en un escrito remitido a un juzgado de Barcelona que tramita un pleito por facturas falsas contra, entre otros, él y David Madí, quien fue mano derecha del 'expresident' Artur Mas. En total: 750.000 euros. El empresario asegura en ese documento, tal y como publicó EL PERIÓDICO, que dicho partido le "forzó" para que usara este sistema y poder cobrar sus honorarios.
En su declaración en la Audiencia Nacional a finales de julio pasado, a la que también ha tenido acceso este diario, Parra, a preguntas del fiscal José Grinda, asegura: "Una vez realizado el trabajo, te decían que tenías que facturar a otras empresas y no nos quedaba otro remedio que facturar, evidentemente". El representante del ministerio público repregunta: "En noviembre del 2010, en esos trabajos relativos a la campaña electoral de noviembre del 2010, ¿quién le dice que tiene que facturar a una empresa en lugar de Convergència?". El empresario es escueto: "Germà Gordó".
El empresario justifica por qué grabó la reunión del 17 de octubre del 2011 con Gordó. "Pues mire, la grabé porque, como se pedía dinero y no se me quería pagar, pues dije 'voy a grabarla para que vea que es así'". Grinda insiste: "¿Para que vea quién?". Parra responde: "Para tenerlo yo, porque había hablado con Oriol Carbó (ya ha sido citado en la Audiencia Nacional, pero se negó a declarar) y me decía que no, que no me podía pagar. Y entonces es cuando fui a hablar [con Gordó] y decirle qué pasaba con ese dinero. Y mira, se me ocurrió grabarla."
En el transcurso del interrogatorio, el fiscal se hace eco de la noticia que había publicado días antes EL PERIÓDICO sobre este nuevo caso de financiación de CDC. "Yo fui a reclamarle [a Gordó] parte del cobro", recalca durante su intervención. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata también participa activamente: "Voy a diferenciar tres etapas: una, la contratación; otra, las instrucciones de pago, y otra, la gestión de los retrasos", le indica el magistrado. Parra se explaya.
Al Palau de la Música
El fiscal intenta sonsacar a Parra si también ha facturado a otras empresas, aparte de Triacom, para poder cobrar servicios prestados a CDC (sobre todo organizaba los mítines durante las elecciones). El testigo confiesa que había girado facturas a Convergència y otras al Palau de la Música, "como sabe todo el mundo". Parra fue condenado en enero del 2018 a ocho meses de prisión por la Audiencia de Barcelona por financiación de CDC a través de esta entidad cultural cuando la presidía Fèlix Millet. En ese juicio, reconoció que facturó a la institución servicios prestados al partido, entre ellos parte de la campaña de las elecciones generales del 2004 (más de 800.000 euros).
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