EL ONZE DE SETEMBRE

Los presos del 1-O piden una Diada en paz independentista

Concentración ante la cárcel de Lledoners, el 26 de junio del 2019

Concentración ante la cárcel de Lledoners, el 26 de junio del 2019 / MARC VILA

Jose Rico

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Tengamos la Diada en paz. Ese sería el mensaje que intenta alumbrar con fórceps el conjunto del independentismo en puertas del octavo Onze de Setembre de la Catalunya del 'procés', el que a priori parece el más incierto de todos. Tras un verano de recriminaciones sin cortapisas entre los socios del Govern y entre estos y las entidades que avivan el pulso en la calle, los políticos presos y fugados de la justicia han suscrito un artículo conjunto para exigir una tregua que permita que la manifestación de este miércoles sea otro éxito y la aísle del clima de creciente tensión interna ante la sentencia del 1-O.

La carta, titulada 'Dignidad democrática y libertad' y firmada por los nueve reclusos (Oriol JunquerasDolors BassaJordi CuixartCarme ForcadellJoaquim FornRaül RomevaJosep RullJordi Sànchez y Jordi Turull) y los siete huidos (Carles PuigdemontAntoni ComínAnna GabrielClara PonsatíLluís PuigMarta Rovira y Meritxell Serret), recoge el mínimo común denominador que aún une a JxCat y ERC: la reclamación de la "absolución" de los presos, la denuncia de la "represión" del Estado, la exigencia al Gobierno de un "dialogo constructivo y sin renuncias" y la apuesta por la "movilización pacífica y democrática".

Los firmantes evitan toda alusión al escollo que enfrenta a los actores del 'procés' desde meses atrás: la respuesta a la sentencia del 1-O. Solo se limitan a afirmar que "el éxito de la Diada será la mejor antesala" a esa reacción al fallo del Tribunal Supremo, y "la mejor oportunidad para escenificar la fuerza y el potencial del movimiento soberanista". Pero mientras el artículo apela al diálogo con el Estado, elude el uso de la palabra "confrontación", la bandera enarbolada desde hace varias semanas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Prueba de la forzada imagen de unidad que transmite este escrito es el hecho de que lo suscriban Puigdemont y Junqueras solo 48 horas después de la filípica que el presidente de ERC dedicó al líder de JxCat por haber dicho que un adelanto electoral debilitaría las instituciones, en un ataque directo totalmente inusual en un Junqueras habituado a los mensajes crípticos.

Sin exclusiones

Frente a la cascada de reproches de los últimos días, los firmantes hacen un llamamiento a "recuperar la serenidad, generosidad, madurez y determinación del 1-O" y a llenar las calles de "compromiso y transversalidad, respetando las diferencias y los matices de cada uno". "Todo el mundo es bienvenido, nadie será nunca vetado", remacha la carta.

Pese a los esfuerzos por declarar una tregua, las consignas siguen transluciendo profundas diferencias, incluso entre algunos firmantes del artículo. Fue el propio Puigdemont quien este domingo relativizó la importancia de la unidad de los partidos al aseverar desde Bruselas que "la unidad como pueblo es mucho más grande y sólida que la unidad meramente política". Por su parte, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, se ancló a las tesis del diálogo al advertir, en una entrevista al diario 'Ara', de que "se equivoca quien piense que se encontrará una solución sin el PSC", al que definió como uno de los "actores para la construcción nacional".

Aparente desobediencia

Mientras tanto, Torra escalfó un poco más el Onze de Setembre con un supuesto flirteo con la desobediencia. En una entrevista en 'El Punt-Avui', el 'president' dejó en el aire la opción de no comparecer ante el juez el 25 de septiembre, cuando está citado en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para ser juzgado por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en campaña electoral.

"No ir sería poner de manifiesto que te tienes que plantar. Cuando hablamos de confrontación democrática, ¿de qué hablamos? De que nos plantamos ante un Estado autoritario y represivo", justificó Torra. Pero la amenaza tiene truco. La ley de enjuiciamiento criminal permite a los acusados no ir al juicio si se enfrentan a penas inferiores a dos años de cárcel. Y el fiscal solicita para el 'president' un año y ocho meses de inhabilitación.