Oenegés reclaman a Sánchez un cambio real de las políticas migratorias

Apenas había cumplido 10 días al frente del Gobierno cuando Pedro Sánchez dio orden de acoger al barco 'Aquarius', con más de 600 personas abandonadas a su suerte en el Mediterráneo, y ofrecerles el puerto de València "por razones humanitarias"puerto de València. Fue una decisión personal del presidente, que quería dar un giro a la política migratoria de su predecesor y liderar una respuesta solidaria frente al discurso xenófobo que empezaba a imponerse en Europa.

Han pasado 14 meses y ahora es otro barco, el 'Open Arms', con más de un centenar de personas a bordo, el que ha llamado a las puertas de la Unión Europea (UE). Y el Gobierno de Sánchez ha tardado 17 días -de continua presión de la opinión pública- en darle respuesta.

Antes hubo otros barcos, como el pesquero 'Nuestra Madre Loreto', que había rescatado a una docena de personas y al que el Gobierno negó un puerto. También hubo acuerdos con Marruecos que permiten las devoluciones en caliente condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como denuncian las oenegés, y hasta cierta dejación de funciones de España en su área de rescate para que sea la Armada marroquí la que actúe en el mar, como denuncia el sindicato mayoritario del personal de Salvamento Marítimo. Y una promesa que ha caído en saco roto: la de retirar las concertinas que rajan la piel de quienes tratan de superar el perímetro fronterizo español.

"Por desgracia, nunca se han notado demasiado los cambios de Gobierno en materia de migración", lamenta el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Carlos Arce. "Hay diferencia en el discurso, y esto es importante; pero de momento las políticas han sido muy similares", afirma. E incluso hay retrocesos. "Salvamento Marítimo siempre ha priorizado el rescate sobre el control migratorio, también con el PP, pero los propios trabajadores denuncian ahora que ha cambiado la prioridad", indica Arce.

El balance que hace la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe anual está en la misma línea: meses después de esos "importantes gestos iniciales" con la acogida del 'Aquarius', el Gobierno "ha puesto obstáculos a barcos de oenegés que han impedido su labor de rescate en el Mediterráneo durante meses", ha impuesto visados de tránsito a personas de origen palestino o camerunés y han continuado con las "devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla", a las que se han añadido las llamadas "devoluciones exprés".

En agosto del año pasado, el Gobierno resucitó un acuerdo que había firmado con Marruecos en 1992 y que permitió al reino alauita readmitir a las 116 personas que 24 horas antes habían saltado la valla de Ceuta. El Ejecutivo negó entonces que se tratara de una devolución en caliente, como denunciaron hasta 48 entidades proderechos humanos. Pero Amnistía Internacional, entre otras oenegés sobre el terreno, asegura que la celeridad con que se realizan las expulsiones impide que se pueda asegurar un proceso con todas las garantías.

Un 39% menos de llegadas

Los migrantes llegados a España por vía terrestre y marítima se han reducido en un 39% en lo que va de año con respecto al año anterior y el Gobierno lo achaca en parte a las buenas relaciones con Rabat. Para Arce, lo que se ha hecho es "externalizar el control migratorio" dejándolo en manos de países "que no cumplen los estándares mínimos de protección de los derechos humanos". Como Marruecos.

Es una constante en la estrategia de la UE: acuerdos con Turquía o Libia han "cerrado el grifo" del Mediterráneo. El verano pasado, en plena crisis migratoria, Sánchez se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, y ambos acordaron que Marruecos se convirtiese en el principal receptor del Fondo Fiducidario de Emergencia para África de la UE. 140 millones de euros que Rabat ha invertido, por ejemplo, en una nueva valla con concertinas en su lado del perímetro fronterizo. "Se paga un precio económico, con el que se financia a Marruecos, pero lo peor es que también se paga un precio humano muy grande", denuncia Arce.

Trabas al rescate

"España no puede convertirse en el salvamento marítimo de toda Europa". Así respondía el titular de Fomento, José Luis Ábalos, pocos días después de haber acogido al 'Aquarius', cuando fue otro barco, el alemán 'Lifeline', el que buscaba un puerto seguro. Y en enero de este mismo año, el Gobierno bloqueó a dos barcos de rescate, el 'Open Arms' y el 'Aita Mari', en dos puertos españoles. Hasta 100 días estuvieron varados mientras las muertes se sucedían en el Mediterráneo.

Fomento alegó que el cierre de los puertos de Malta e Italia y la negativa del 'Open Arms' a desembarcar en Libia -ni ACNUR ni la Comisión Europea lo consideran un puerto seguro- obligaba a hacerlo en España, "lo que significa de facto el transporte de personas". El barco volvió a zarpar, autorizado únicamente para transportar ayuda humanitaria, pero una vez en la mar prestar socorro es imperativo. Ahora, el Gobierno retoma los gestos al ofrecer el puerto de Palma mientras las oenegés esperan que estos se traduzcan, por fin, en un giro real de políticas.