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SIN PERMISO

Los fiscales piden que Fiscalía General investigue si el Govern accedió a sus ordenadores

Reclaman a Justicia un sistema informático común para jueces y ministerio público igual en toda España

Ángeles Vázquez

La fiscal general del Estado, María José Segarra.

La fiscal general del Estado, María José Segarra. / EFE

La Asociación de Fiscales ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue si por parte de la Generalitat se han producido un acceso indebido a ordenadores de miembros del ministerio público que ejercen en esa comunidad, hechos por los que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas. En un comunicado, los fiscales conservadores han expresado, además, su "profunda preocupación y malestar" tras darse a conocer este supuesto control y seguimiento del contenido de los dispositivos informáticos utilizados por fiscales y jueces en Catalunya. 

La asociación subraya que estos ordenadores "contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección", lo que debería hacer que la Fiscalía General realice las "oportunas gestiones para averiguar estos hechos" y exigir al gobierno catalán "que se abstenga de conductas que puedan suponer una injerencia en el derecho al entorno digital" de fiscales y jueces, que pueden suponer afectar a su derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales.

Al conocerse los mensajes que aparecían en los ordenadores de los magistrados, fuentes de la Conselleria de Justícia aseguraron que se había remitió a todos los terminales de la Generalitat, lo que incluyó a jueces y fiscales. Subrayaron que el mensaje era "inocuo", pero que a pesar de ello habían mostrado su malestar ante la Conselleria de Política Digital por enviárselo también a los magistrados, acción que no procede. Desde Politica Digital, sin embargo, aseguran que Justícia si conocía las remisión de esos mensajes.

Sistema conjunto

En opinión de este colectivo, la Fiscalía General del Estado, junto con l CGPJ, debe exigir al Ministerio de Justicia "la implantación de un nuevo sistema informático único en todo el territorio nacional y común para jueces y fiscales, que esté libre de toda injerencia de los poderes públicos y dotado de los adecuados mecanismos de protección".