'Embajadas' de la Generalitat: ¿pedagogía o 'agit-prop'?

"Desleales", "perjudiciales", "ineficientes", "nocivas", "lesivas". El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido hacer cruz y raya a las delegaciones de la Generalitat en el exterior, las conocidas como 'embajadas' del Govern. En un contundente informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sobre la apertura de las tres últimas sedes, en México, Argentina y Túnez, el departamento que dirige Josep Borrell se opone a la creación de estas oficinas por considerar que su objetivo no es otro que "denigrar" la imagen internacional de España, al tiempo que denuncia que su actividad está dañando los interes del Estado.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tiene en sus manos desde septiembre un recurso contra las primeras seis 'embajadas' abiertas por el Gobierno de Quim Torra, en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia y Francia. Exteriores las recurrió por un motivo formal, porque se abrieron sin el informe previo (no vinculante, pero preceptivo) al que obliga la ley. La Generalitat alegó entonces que se trataba de una reapertura de oficinas clausuradas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Josep Borrell: "El Estado llevará al TSJC las tres nuevas delegaciones del Govern"

Después llegó una segunda tanda de delegaciones, en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut. En noviembre, el ministerio informó en contra de su apertura, argumentando que "su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado" por la Generalitat, es "apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España". Sin embargo, como el informe no es vinculante, la Generalitat siguió adelante con ellas. Ahora, las de Argentina, Túnez y México acabarán también en los tribunales y, previsiblemente, no solo por motivos de forma.

Demanda inminente

Como avanzó Borrell este sábado en una entrevista en este diario, la Abogacía del Estado está preparando una demanda de medidas cautelares ante el TSJC para que esas tres nuevas 'embajadas' "no lleguen a abrir". Previsiblemente, los argumentos de dicha demanda se basarán en el informe de Exteriores contrario a la apertura de estas oficinas. "La experiencia más reciente pone de manifiesto que han sido un instrumento fundamental para promover la internacionalización del 'procés', difundiendo las tesis del secesionismo y denigrando la imagen internacional de España, con olvido de la obligación de neutralidad política y del deber de lealtad a la Constitución y al Estado", aduce el ministerio.

El documento subraya que la actividad de las delegaciones "está resultando perjudicial para los interes del Estado" y que su voluntad no es otra que "intentar lograr por la vía de hecho un reconocimiento implícito para Catalunya como actor en la escena internacional", además de "divulgar la visión independentista de la realidad catalana", con el "objetivo último de celebrar un referéndum de autodeterminación". Exteriores enumera varios ejemplos de declaraciones o actuaciones de Torra o del 'conseller' de Acció Exterior, Alfred Bosch, que dejarían patente el propósito de "internacionalizar la causa política de Catalunya" y presionar para conseguir una "mediación" exterior.

La oficina de Túnez

Para tratar de demostrar la erosión a la reputación de España, el informe del ministerio objeta especialmente la nueva delegación en Túnez. El decreto de creación de esta oficina establece como una de sus líneas de actuación la de "promover un espacio de prosperidad compartida en el Mediterráneo", una intención que, según Exteriores, podría "enviar un mensaje equivocado a nuestros socios del proceso euromediterráneo" y "reavivar las ambiciones de otras ciudades" de hacerse con la sede de la Unión por el Mediterráneo, que actualmente es Barcelona.

En el informe, el departamento de Borrell detalla toda la red de oficinas de la Generalitat en el exterior para diferenciar entre "las más de 60 que cumplen la ley", en referencia a aquellas destinadas a la promoción comercial, cultural y de turismo, y las 13 que "responden a una intencionalidad política que desborda el ámbito competencial de la Generalitat y es claramente nociva para los intereses del Estado en el exterior". Una "actividad desleal" que, según Exteriores, exige un "esfuerzo suplementario" del ministerio para "contrarrestar la propaganda secesionista y los ataques reiterados a la imagen de España".