Ir a contenido

JUICIO AL 'PROCÉS'

Visto para la sentencia de la historia

La vista que marcará el futuro político de Catalunya termina con las últimas palabras de los acusados

Junqueras pide devolver el conflicto catalán al terreno de la política

Daniel G. Sastre

Fiscalía y defensa: argumentos contrapuestos. Comparamos las conclusiones de ambos bandos. / ZML

¿Pueden unos jueces decidir el futuro político de un país democrático? Esa es la responsabilidad que los acusados de organizar el 1-O y la declaración unilateral de independencia arrogaron este miércoles al Tribunal Supremo. La vista oral del proceso al ‘procés’ finalizó tras las últimas palabras de los líderes independentistas, cuyos ruegos se pueden resumir en el que expresó Oriol Junqueras, que se enfrenta a penas de hasta 25 años de cárcel: "Lo mejor para todos es devolver la cuestión a la política, a la buena política, al terreno del diálogo y el acuerdo".

Manuel Marchena, que ha pasado en este tiempo de ser un anónimo a una de las personalidades públicas más conocidas en Catalunya, pronunció a las 19.02 horas la frase final. "Muchísimas gracias a todos, visto para sentencia. Abandonen la sala, por favor". Han sido 52 sesiones, cuatro meses para un juicio histórico desde todos los puntos de vista. Sobre todo porque, como recordaron uno a uno los 12 acusados, parte de la ciudadanía considera que lo que está en cuestión es la credibilidad de la arquitectura institucional de España, o al menos su ductilidad para acoger a sensibilidades nacionales diversas.

Las últimas dos semanas del juicio se han dedicado a los alegatos finales de acusaciones y defensas. No ha habido en toda la vista una ocasión mejor para constatar los océanos de distancia que existen en la opinión sobre lo que sucedió en Catalunya en el convulso otoño del 2017.

Para la fiscalía, los acusados montaron un "golpe de Estado" en toda regla, un plan para liquidar la Constitución sustentado en tres pilares: el Govern, el Parlament –con las famosas sesiones del 6 y el 7 de septiembre, definidas este miércoles como "infaustas» por Santi Vila– y asociaciones como Òmnium Cultural y la ANC. Para las defensas, aquello fue poco más que una 'performance', un desahogo para que los catalanes pudieran expresar su opinión sobre la independencia en una urna y después celebrarla como una fiesta, a sabiendas de que la proclamación de Carles Puigdemont era solo simbólica. Declararon la independencia y luego asumieron dócilmente la suspensión de la autonomía, recordó por ejemplo el abogado Javier Melero. Y que, por supuesto, nunca hubo violencia.

Del dicho al hecho

La versión actual de qué buscaban los acusados con el 1-O y la DUI se compadece poco con sus grandilocuentes promesas de octubre del 2017, pero, de ser asumida por el tribunal, les libraría de una condena por rebelión. Este miércoles, los procesados prefirieron obviar en sus últimas palabras los objetivos de sus acciones pero remaron en la misma dirección práctica cuando subrayaron, todos ellos, que nunca alentaron acciones violentas.

Por lo demás, los alegatos fueron eminentemente políticos. Cada uno en su estilo, varios de los acusados apelaron a la incongruencia que supone que, en su opinión, una cuestión política se dirima en una sala de justicia. Junqueras, por ejemplo, admitió que pudo cometer "errores", pero que en todo caso no son materia penal. "Siempre he evitado la mala política, la que niega el diálogo y el acuerdo y les ha traspasado a ustedes la responsabilidad de dictar sentencia", dijo mirando a los miembros del tribunal.

También cargó indirectamente contra el enfoque que el Gobierno de Mariano Rajoy siempre dispensó al conflicto catalán –el que se da a un problema de orden público– Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium, cuya apasionada intervención fue muy celebrada por un sector del independentismo, dijo que el poder judicial no puede "resolver un problema político". Y zanjó: "No me arrepiento, volvería a hacer lo mismo".

No está claro que vaya a tener ocasión. Y no solo por la posibilidad de que se le condene a muchos años de cárcel –la fiscalía le pide 17 años–, sino porque el soberanismo todavía no sabe qué hacer cuando se dicten las sentencias. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, es de los más impetuosos, pero está por ver cuál es su peso real dentro del movimiento. Este miércoles, tras asistir al juicio, se limitó a invocar la unidad del independentismo y a insistir en que él trabaja "para que Catalunya sea un Estado", sin concretar qué tiene en mente, informa Fidel Masreal.

A diferencia de Junqueras, que se limitó a constatar su condición de "padre de familia", algunos acusados incidieron en que el tiempo que llevan en prisión preventiva les ha privado de disfrutar de la compañía de sus familias, que en varios casos incluyen hijos pequeños. Era inevitable que parte de los catalanes se conmovieran con las alusiones emocionadas de Jordi Sànchez a sus padres, o de Josep Rull a sus pequeños Bernat, de 10 años, y Roger, de cuatro.

Ya fuera porque algunos piensan que se enfrentan a un juicio político y las sentencias ya están dictadas, o ya porque eran conscientes de la repercusión de sus alegatos finales, los discursos buscaron menos la incidencia en los jueces que defender unos principios y valores. Quizás con una excepción, la de Carme Forcadell. La expresidenta del Parlament no entiende por qué a ella se la acusa de rebelión y lleva más de un año en prisión preventiva y que a sus excompañeros en la Mesa se les atribuya solo desobediencia y estén en libertad.

La protesta de Forcadell

"No existe nada que diferencie mi actuación. Mi voto fue tan importante o tan poco como los suyos, no existe ningún acto que justifique que yo esté separada del resto de la Mesa. Mucha gente está convencida de que estoy aquí por ser quien soy, no por los hechos. Espero que esta situación se reparará", dijo.

Pocos dudan de que, a pesar de que Marchena pronunció este miércoles el "visto para sentencia", el juicio acabará en realidad en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El propio presidente del Supremo diseñó el desarrollo de la vista, seguida en directo desde el primer minuto, con la voluntad de evitarse acusaciones de que los procesados no tuvieron un proceso justo. Pese a todo, las defensas han mostrado su malestar en varias ocasiones. Ahora, Marchena y sus compañeros tienen el verano por delante para dictar las sentencias más decisivas de los 40 años de democracia española