EN CASTELLDEFELS

La fiscalía investiga si el Govern concedió subvenciones irregulares al Canal Olímpic

Actividad lúdica organizada en el Canal Olímpic de Castelldefels.

Actividad lúdica organizada en el Canal Olímpic de Castelldefels. / periodico

J. G. Albalat

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La Fiscalia de Barcelona no limita su investigación al Canal Olímpic de Catalunya a intentar esclarecer si desvió fondos públicos al PDECat,fondos públicos al PDECat sino también a otras supuestas irregularidades de importante calado detalladas en una denuncia que ha dado pie a las pesquisas, como el reparto de subvenciones públicas sin "revestimiento legal" y sin sustentación en una "necesidad objetiva" para otorgarlas. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario han precisado que Fernando Maldonado ha incoado las diligencias en su condición de fiscal de Barcelona y no de Anticorrupcion, tal como publicó el lunes este diario. La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso.

Algunas de esas ayudas públicas que están investigando la Policía y la fiscalía fueron concedidas entre el 2014 y el 2015 por parte del Consell General de l'Esport al Canal Olímpic. Los importes son inferiores a los 50.000 euros. Esta operativa, según fuentes conocedoras de la misma, se podría haber efectuado también en otras entidades deportivas públicas, aunque debe comprobarse.

Estas subvenciones, según la información en poder de la policía, entraban directamente en caja y así figuraba en la contabilidad del Canal Olímpic de Catalunya. Eran altos cargos de la Generalitat vinculados al deporte quienes comunicaban el destino final de esos fondos, así como el importe de las ayudas, concreta la denuncia. Las facturas que sustentaban esa partida económica eran remitidas, firmadas, al centro deportivo y "no estaban respaldadas por ninguno de los conceptos referenciados" en ellas, según indica la denuncia.

Es decir, por ejemplo, no se llevaba a cabo publicidad del Canal Olímpic en las actividades para las que se emitían las facturas. Los investigadores tienen en su poder documentos que respaldan esta sospecha. Los agentes deberán aclarar, por su parte, si realmente se realizaron o no las labores subvencionadas. Otro aspecto que está investigando la fiscalía es el supuesto pago de comisiones por parte de empresarios a cambio de la realización de obras en el recinto o la explotación de determinados servicios. Se desconoce, por ahora, el destino final de esas comisiones.

Urnas en una entidad deportiva

Por otra parte, la misma denuncia detalla que el Govern de Carles Puigdemont intentó esconder urnas para el referéndum unilateral del 1-O en instalaciones deportivas y, más concretamente, en el Canal Olímpic. La denuncia relata que días antes de la celebración del 1-O se recibió en las oficinas del Canal Olímpic una indicación de la Secretaria de l'Esport de la Generalitat y otra de un alto cargo del Govern sobre si había espacio para guardar las urnas que se iban a utilizar en la consulta e, incluso, planteron la posibilidad de que se pudiera instalar en esas instalaciones mesas de votación.

Los empleados de la entidad deportiva se quedaron perplejos ante esta insólita proposición, ya que el recinto está situado en un lugar bastante apartado de un núcleo urbano y los ciudadanos no pueden acceder a él fácilmente. El Canal Olímpic está en el término municipal de Castelldefels, entre las autovías C-32 del Garraf y la C-31 o avenida de Castelldefels.

Cuando los trabajadores del Canal Olímpic hicieron ver a sus interlocutores esos inconvenientes a la hora de instalar en el centro un punto de votación, los altos cargos de la Generalitat les requirieron que guardaran en las instalaciones las urnas que se iban a utilizar para el 1-O y que, posteriormente, debían ser repartidas en varios lugares por el personal de mantenimiento del recinto deportivo.

Los trabajadores del Canal Olímpic que recibieron este mensaje se negaron a llevar a la práctica esta petición. La sociedad Equacat, que gestiona el Canal Olímpic, está participada por la Generalitat y por el Incasòl, propietario de los terrenos. Desde julio del 2016 está adscrita a la Conselleria de Presidència. Por lo tanto, su consejo de administración está compuesto por representantes de la Administración autonómica.