Por malversación
El juzgado empieza a bloquear las cuentas a procesados por el referéndum del 1-O
Faltan por cubrir 2,1 millones de euros de la fianza civil que asciende a 5,8 millones
El juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum unilateral sobre la independencia de Catalunya del 1-O ha empezado a bloquear las cuentas bancarias de los procesados acusados de malversación de fondos públicos, para garantizar la fianza de 5,8 millones de euros que se les ha impuesto. En total, la medida afecta a 17 de los investigados. Hasta ahora se habían depositado casi 3,7 millones que fueron recaudados por la caja de solidaridad creada para pagar este tipo de finanzas.
Fuentes de la defensa han explicado que las cuentas bancarias de varios de los procesados por malversación han sido inmovilizadas este martes por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos de la consulta, sin esperar a que la magistrada resuelva los recursos presentados contra la fianza.
Los 17 procesados por malversación en el 1-O depositaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros -recaudados en la caja de solidaridad-, acompañado de un escrito en el que argumentaron que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones que el Supremo impuso como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.
Responsabilidad civil
La semana pasada, la secretaria del juzgado certificó que faltan por pagar los 2,1 millones de la fianza exigida, por lo que daba por iniciados los trámites para garantizar esa responsabilidad civil. Es decir, empezaba la recopilación de datos sobre el patrimonio de los procesados para, en caso necesario, proceder a su embargo.
Las defensas de los procesados han presentado un recurso contra la resolución de la secretaria del juzgado en el que defienden que es la jueza, y no ella, la que debe determinar la suficiencia o no de las fianzas mediante un auto motivado. Este recurso es paralelo al presentado por las defensa contra la imposición de la fianza civil de 5,8 millones de euros. A su entender, la justicia está reclamando indebidamente el dinero presuntamente malversado en el referéndum por duplicado, en los procesos abiertos en el Supremo y paralelamente en el juzgado de Barcelona.
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