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JUICIO DEL 'PROCÉS'

Jordi Jané: "Cuando dimití, siempre pensé que se llegaría a un acuerdo antes" del 1-O

Meritxell Ruiz asegura que mientras estuvo en el Govern solo se habló de un referéndum pactado

El exsecretario de la Generalitat sostiene que Trapero siempre dijo que actuaría como policía judicial

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

Jordi Jané declara en el Tribunal Supremo.

Jordi Jané declara en el Tribunal Supremo. / SEÑAL SUPREMO / ACN

Tanto el 'exconseller' de Interior Jordi Jané como la de que era de Ensenyament Meritxell Ruiz coincidieron en tratar de desvincular su dimisión, el 14 de julio de 2017, de la decisión del Govern de optar por la vía unilateral ante el tribunal del 'procés'. Jané sostuvo que siempre pensó "que se llegaría a un acuerdo antes", aunque ello implicara que "hubiera un replanteamiento del calendario", puesto que el 1-O ya estaba anunciado y el 4 de julio se había presentado un borrador de la ley del referéndum. Al ser preguntado sobre esa circunstancia intentó presentarla como una presentación "sin valor jurídico en el marco de una búsqueda de futuros acuerdos".

Ruiz, por su parte, incidió en que "en ningún momento" se planteó "la vía unilateral" mientras estuvo en el Govern. Aun así, aunque dijo que el 1-O no fue "directamente" el motivo de su marcha, admitió que, como ya había "un plazo como Govern, que era el 1-O", se iba a entrar "en un periodo de más tensión dialéctica" con el Gobierno de Mariano Rajoy, en la que le "costaba situarse". Por eso aprovechó el cese del 'conseller' de Empresa Jordi Baiget para decirle al entonces presidente, Carles Puigdemont, que "no quería seguir en el gobierno". Era el final de curso escolar, por lo que los objetivos escolares se habían cumplido, y sus "niños eran muy pequeños".

Jané atribuyó su marcha a "un conjunto de circunstancias", como la "posibilidad de cambio" en el Gobierno se abrió con la marcha de Baiget y la "muy intensa" responsabilidad que exige Interior. "Si se daba una situación de no acuerdo, habiendo cumplido mis objetivos, yo defendía no continuar", fue lo más lejos que llegó ante la insistencia del fiscal Jaime Moreno. 

Según Ruiz, "en las reuniones de gobierno siempre se hablaba de diálogo y de pacto con el gobierno", de "un referéndum pactado", con lo que negó que hubiera un debate en el Govern entre un sector duro y otro más blando. Un extremo que también fue discutido por el 'exconseller' Jordi Baiget, en cuyo cese, tras mostrar en una entrevista su temor a que los próximos pasos del Govern afectaran a su patrimonio, se justificó la remodelación de Gobierno que hizo el 'expresident' en julio. "No se hablaba de la vía unilateral", dijo el 'exconseller', que recordó que Puigdemont no le "dio más explicación" que la de pérdida de confianza, aunque admitió que la publicación de su opinión fue "causa-efecto".

Todos lo tenían claro

La declaración de Jané, que sostuvo que él siempre "defendió la vía del acuerdo y del diálogo para buscar una solución pactada", también cubrió otra pata destacada del juicio del 'procés'.  Aseguró que los mossos "no pueden cumplir una orden contraria a la Constitución y a la legalidad vigente", algo que "tanto el Govern" como los propios agentes "tenían claro", ya que no pueden hacer más que cumplir y hacer cumplir las leyes y garantizar la seguridad ciudadana.

En esa línea había también declarado ante el tribunal Joan Vidal de Ciurana, que dimitió como secretario de Gobierno de la Generalitat también en julio. Aseguró ante el tribunal que el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero siempre dijo que el cuerpo actuaría como policía judicial y que nunca vio que desde la Generalitat se le intentara dar instrucciones en otro sentido.

Todos ellos declararon a propuesta de la acusación que ejerce Vox, que quiso que el tribunal  también escuchara a los otros 'consellers' que abandonaron el Govern en julio de 2017. La fiscalía solo había propuesto a Neus Munté, porque en instrucción fue la que había sido más explícita sobre el motivo por el que abandonó el Govern, al señalar que no quiso incurrir en una desobediencia.

Errores sin problemas

Antes que ellos habían declarado el último testigo del fiscal, un policía más, y el único propuesto en exclusiva por la Abogacía del Estado. Era David Badal, técnico de la Dirección General de Trabajo y Servicios Sociales, que explicó que rechazó la factura de Unipost, al parecerle "inusual" por el "desmesurado" importe y porque el periodo de facturación era "de un día y no de un mes". A preguntas de la defensa de la 'exconsellera' Dolors Bassa dijo que nadie le había reprochado no haber pagado la factura, y que es habitual que las presentadas por Unipost tuvieran errores. 

También compareció Josep Maria Cervero, socio de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, por el episodio en el que el presidente de esta última entidad, Jordi Cuixart, obligó a la guardia urbana de Badalona a devolver unos carteles que habían intervenido al indentificarlos como alusivos al 1-O. Según el testigo, a preguntas de la acusación que ejerce Vox, nunca se negaron a entregar la documentación a los agentes y desvinculó su contenido del referéndum ilegal. 

Si actuaban se ponía en peligro

Y como si se tratase de una sesión escoba del juicio se volvió al 20 de septiembre de 2017. A propuesta de Vox declaró el sargento del área de mediación de los Mossos que actuó durante el asedio a la Conselleria d’Economia. Explicó al tribunal las tres reuniones que mantuvo por la mañana con los mandos de la Guardia Civil y representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), entre ellos, Jordi Sànchez.

Nada más llegar a las inmediaciones de la zona constató que habían una "gran cantidad de gente" y que tuvieron dificultades para acercarse a la sede del edificio de la Generalitat y fue imposible hacer el pasillo que pidieron los guardias para trasladar a los detenidos.

"La Guardia Civil también nos comentó su preocupación por los coches logotipados que tenían fuera aparcados y nos dijeron que en ellos había armas largas. Solo vimos que encima de los vehículos había trípodes y cámaras, por lo que entiendo que eran periodistas. No percibí que tuvieran ningún daño en los coches. Si hubiéramos tenido que actuar, nosotros nos poníamos en peligro", así que se descartó, aseguró el testigo.

También compareció un intendente al que Trapero ordenó ir a la Conselleria a hacer posible la salida de la secretaria judicial del 13, Monserrat del Toro, que abandonó el edificio por la azotea a un teatro anexo. "Invitamos a la Guardia Civil a salir por la misma salida, pero lo declinaron porque querían irse con sus vehículos, porque había armas en su interior. La salida por la puerta principal era viable con un dispositivo policial, no por un pasillo con voluntarios", aseguró.