Procesadas 30 personas por organizar el referéndum del 1-O

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha procesado este martes a 30 altos cargos de la Generalitat, periodistas y empresarios por la organización del referéndum unilateral del 1-O.  les atribuye los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, pero, en ningún caso, sedición. La jueza considera que había un "plan común" y una "estrategia" para celebrar la consulta y declarar la independencia. Para ello, sostiene, se utilizaron fondos públicos.

En este sentido, la magistrada fija en 5.803.068,67 euros la fianza por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum unilateral del 1-O. No prestar fianza supondrá el inicio del proceso de averiguación y embargo de bienes para obtener hacer frente a eventuales responsabilidades económicas. El auto de procesamiento puede ser recurrido.

Por otra parte, la jueza  ha levantado la imputación a 15 investigados, entre los que se encuentran el presidente del Consell Assesor per la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, y el exjuez Santiago Vidal Marsal. La togada señala en su resolución que no es competente para pronunciarse sobre el investigado y diputado Lluís Salvadó Tenesa dado que ostenta la condición de aforado y deberá ser el Tribunal Superior de Justícia el que se encargue de su caso.

Altos cargos

Entre los procesados figuran Antoni Molons, secretario de Difusió i Atenció Ciudadana del Departamento de Presidència de la Generalitat; Joaquim Nin Borreda, secretario general de esta Conselleria; Jaume Clotet Planas, director general de Comunicació; la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, Saul Gordillo, director de Catalunya Radio y Vicent Sanchis, director de TV3.

Los otros procesados son:

Josep Ginesta Vicente, secretario general de Treball, Afers Socials i Família; David Palanques Bonavia; responsable del área TIC de esta Conselleria;  David Franco Sánchez, responsable del área TIC de Treball; Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimoni (Vicepresidència, Economia i Hisenda); Aleix Villatoro Oliver, secretario general d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència de la Generalitat; Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegación del Govern en la Unió Europea; Albert Royo Marine, secretario general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat); Natalia Garriga Ibáñez, directora de serveis integrada a la secretaria general dependiente de la Vicepresidència d’Economia; Pablo Raventós, director general d’Unipost; Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de servicio de T-Systems; Francesc Fabregas Bonet, administrador de la publicación El Vallenc; Josué Sallent, director d’Estratègia i Innovació en el Centre de Telecomunicación y Tecnología de la Informació (CTTI), y Xavier Puig Farré, responsable del área TIC del Departament d’Acció Exterior.

En la lista también figuran Meritxell Massó Carbó, secretaria general del Departament de Governació; Nuria Llorach Boladeras, vicepresidenta i administradora única de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); Frederic Udina Abelló, director de l’IDESCAT; Montserrat Vidal Roca, àrea de Processos Electorals i Consultes Populars; Martí Patxot, director corporativo y comercial de CCMA; Mercedes Martínez, encarregada de supervisar las obras de una nave que debía ser centro de recogida de datos; Joan Manel Gómez Sanz, jefe de riesgos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya; Josep Masolivé Puig, trabajadora de Fundacio.cat; José María Gispert Giménez, gerente de Indugraf Offset SA; Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la delegación del Govern de la Generalitat, y Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tratamiento de ficheros de datos del registro de participantes en consultas no referendarias.

La resolución judicial sostiene desde el 2012 "con intensidad creciente", el Ejecutivo catalán ha realizado una serie de actos legislativos que revelan el "firme propósito" celebrar una consulta refrendaria, ensayada en noviembre de 2014, con la finalidad de "ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España". Esta intención, índice la jueza,  tuvo su plasmación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su "corolario" en la declaración de independencia realizada el 27 de octubre de ese mismo año por el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont.

Estrategia y plan común

El auto sostiene que se trazó "una línea estratégica" para poder asumir el "compromiso inequívoco" de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos del Tribunal Constitucional. La magistrada subraya que los 30 procesados fueron "conscientes de la ilegalidad de las actuaciones tendentes" a la celebración de la consulta soberanista y desde sus departamentos  y ámbitos de actuación efectuaron "actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos" para financiar el 1-O. A su entender, "existió un plan común" y cada una de los encausados "contribuyeron de manera decisiva en la consecución del fin conjunto".

La juez relata que "se llegó incluso a celebrar un acto de compromiso con el referéndum", concretamente el 21 de abril de 2017 de altos cargos de la Generalitat, de los miembros del govern, acto en el que se procedió a la lectura y firma de un manifiesto y un posterior discurso por parte del vicepresidente Oriol Junqueras y de Puigdemont.

El escrito hace mención a que se destinaron fondos públicos a la creación del registro de catalanes en el exterior. Los datos incluidos en este sistema, según la jueza, fueron usados por el Gobierno catalán para promover la participación y el voto en el 1-O, "utilizando esta información de carácter personal para hacer llegar a todos los inscritos, tanto la documentación necesaria para ejercer el voto como la forma de hacerlo".

La magistrada también concreta el gasto que supuso la publicidad relacionada con la consulta soberanista, la contratación del reparto de material electoral y su producción, el proyecto de voluntariado, la difusión en el extranjero a través del Diplocat del proceso independentista, la presencia el 1-O de observadores internacionales y la instalación de un call center de recuento electoras que fue precintado, así como el diseño de páginas web. En otro apartado describe la cesión de datos para la elaboración del censo electoras y la emisión de anuncios sobre el referéndum en los medios públicos de la Generalitat. Respecto a la interventora de la Generalitat, resalta que tuvo "conocimiento cabal de todos los contratos y pagos".

Torra carga contra la justicia española

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, en una declaración institucional sin preguntas, ha hablado de "estado de excepción judicial" para describir la decisión del juzgado. Torra considera que existe una "persecución política" al independentismo en el marco de una deriva "autoritaria" del Estado. El 'president', en un tono desafiante, ha proclamado que "si alguien cuenta con que ataques como estos, abandonaremos el compromiso con la libertad, que pierda toda esperanza" y ha añadido que "no hay prisiones, multas ni persecuciones que puedan frenar el anhelo de libertad de un pueblo". Según el 'president', la acusación es la "construcción de un relato" por motivos políticos, y ha considerado una "aberración democrática" procesar a dirigentes institucionales por cumplir con los mandatos de los programas electorales.

Desde Ciutadans, han tachado a los procesados de "colaboradores necesarios en el golpe de la democracia" y han pedido que se convoque una reunión extraordinaria de la comisión de control de los medios públicos en el Parlament para que rindan cuentas. "Es escandaloso. Cada día pasa una de gorda que haría caer gobiernos y parece que nos hemos acostumbrado a todo", ha espetado Carlos Carrizosa desde la Cámara catalana. "Es una vergüenza que el ‘president’ salga a apoyar a los partícipes de un golpe a la democracia. Cuando [Torra] dice: hicimos aquello y volveríamos a hacerlo nos confirma que son los mismos y que hacen las mismas cosas que los que están procesados", ha apostillado.

Por su parte, los 'comuns' han mostrado su "preocupación y alarma" por el procesamiento de 30 cargos y han asegurado que es "una nueva muestra de la judialización de la política que nos ha llevado al bloqueo". "Solo se saldrá de esto con política, diálogo y derecho a decidir porque intentar incriminar y criminalizar protesta solo lleva al bloqueo", ha zanjado la diputada Susana Segovia.