Una observadora del 1-O admite que cobró 8.000 euros del Diplocat

El juicio del 'procés' pareció vivir este miércoles dos jornadas en una, por la disparidad de asuntos que abordó. En la 'primera' declararon dos observadores, uno que vino desde Alemania a supervisar el 1-O, gratis, y otra, neozelandesa, que admitió haber cobrado 8.000 euros, gastos aparte, del Diplocat por dirigir un equipo que hizo "un informe histórico" sobre lo que ocurría en Catalunya, sin saber, según declaró ante el tribunal, lo que había pasado el 20 de septiembre durante la operación Anubis. En la 'segunda', un guardia civil y cinco mossos explicaron al tribunal cómo resultaron lesionados durante el operativo que ese mismo día se desarrolló en Sabadell.

El primero en comparecer fue el político socialdemócrata alemán, ya jubilado, Bernhard von Grünberg, que el 1-O estuvo en cinco centros de votación, acompañado por alguien del Diplocat. El hombre se mostró "sorprendido y admirado" por la actitud de "contención y tranquilidad" que mostró la ciudadanía, porque "en ningún momento" surgió "violencia", pese a la "situación de intimidación" que padeció por la actuación policial, en la que incluyó la vigilancia desde helicóptero y el lanzamiento de pelotas de goma que, destacó, produjo heridos.

Su testimonio, propuesto por la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del exvicepresidente Oriol Junqueras, contrastó con el de la siguiente testigo, Helena Catt, quien permaneció en Catalunya entre el 4 de septiembre y el 6 de octubre para hacer un informe que iba más allá de la mera "observación electoral". El abogado Benet Salellas le preguntó si incluía también vulneraciones de derechos humanos, pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le impidió contestar: "No va a ilustrar a la Sala sobre si se vulneraron", porque determinarlo le corresponde en exclusiva a ella. La protesta de la defensa fue replicada con que "la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad es objeto del juicio desde que empezó y en abril declararán más agentes".

Catt declaró que el 1-O estuvo en su oficina y que no recordaba con quién de la Generalitat se había entrevistado ni sus cargos, aunque luego situó al 'exconseller' Raül Romeva en alguna de esas reuniones. Se limitó a decir que había mandado su informe a Rosa Navarro, que trabajaba en el organismo. Según la fiscalía, ella y los 12 miembros de su equipo cobraron en "honorarios a un total de 114.592,15 euros, y en concepto de gastos de alojamiento, viajes y otros, 62.712 euros". 

En la otra jornada hubo otro rifirrafe con Marchena. Fue cuando Jordi Pina, en nombre del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, trató de que se dedujera testimonio por falso testimonio contra uno de los mossos lesionados en Sabadell, porque había negado que el atestado levantado fuera por atentado contra la autoridad. El magistrado recriminó al letrado que tratara de discutir el delito por el que se juzga a los acusados a partir de lo que pudiera decir ese acta policial, que ni tenía por qué haber hecho ese agente.

Observador electoral

Por su parte, Von Grünberg había sostenido que no permitió que se le pagara ni el alojamiento ni la comida, pese a que ello es lo habitual con cualquiera organización internacional, que, como es natural, al menos cubre los gastos que genera el desplazamiento. Explicó que solicitó a Diplocat ser observador electoral, pero que su interés superaba el 1-O, porque "lo que quería era presenciar sin partidismo lo que ocurría en España en esos momentos".

Dijo visitar España desde los 70, tanto por su labor en una asociación de arrendatarios como por su puesto como vicepresidente en Alemania de ACNUR (Comité para los refugiados de la ONU). También estuvo el 9-N y el 27 de octubre. Se permitió recordar la entrevista del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que dijo que no se había destinado dinero público al referéndum ilegal, para sostener que había podido comprobar que no lo organizaba el Estado, sino la sociedad civil. A preguntas de la fiscalía admitió saber que el referéndum era ilegal, y con la Abogacía del Estado añadió que había sido organizado por ciudadanos, pero no podía señalar a los colectivos responsables.

Pelotas de goma

Sí reconoció que en su paseo por los colegios estuvo acompañado por un representante del Diplocat y que les llamaban para indicarle dónde debían ir, pero dijo no saber quién. El testigo declaró que vio heridos por pelotas de goma -cuyo uso está prohibido a los Mossos- trasladados a centros hospitalarios. Ninguno de los testigos con los que habló oyó avisos de la policía previos a que desalojaran, tras saltar vallas y romper puertas.

Señaló que los ciudadanos mantuvieron una "férrea disciplina" porque, pese a los helicópteros que les sobrevolaba y tener que esperar horas para votar,  por problemas con el censo e internet, lo que describió como una "situación de intimidación". Pero pese a ella, la violencia no surgió, aunque la "policía hubiera secuestrado las urnas".

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le impidió hacer valoraciones sobre la necesidad de diálogo y le reclamó que se limitara a hablar de hechos. Von Grünberg mencionó entonces conversaciones con el PSOE y con el Govern para intentar promover iniciativas de diálogo" y añadió que Catalunya "suscita gran interés en Alemania". Sostuvo que conoce a todos los presidentes catalanes desde Jordi Pujol, por lo que también conocía al huido Carles Puigdemont, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, con la que dijo mostrarse "especialmente emocionado", y al 'exconseller' Raül Romeva. Más tarde agregó contactos con Ciudadanos y con el PP.

Y se vio obligado a interrumpir a la fiscala Consuelo Madrigal cuando se interesó por la opinión que el testigo podía tener sobre Baviera. Le recriminó que lo se juzga en el juicio "son hechos jurídicos" y ella con esa pregunta pretendía descalificar al testigo. "Sí, lo quiero descalificar", respondió espontáneamente la representante del ministerio público.