Montoro revela que Hacienda presentó siete denuncias por el uso de fondos para el 1-O

El exministro de Hacienda Cristobal Montoro ha reconocido que la Generalitat había estado sometida a partir de septiembre del 2017  al control de "todos los gastos y créditos" para garantizar "la legalidad" en el uso de los fondos percibidos por el Estado. Es decir, para que se utilizaran para la organización del referéndun unilateral. El exalto cargo del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha desvelado que en el 2017 el secretario de Hacienda presentó cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado y otras tres ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas por el presunto uso de dinero público para la organización del 1-O.

En este mismo sentido, ha asegurado que una "cosa es el control contable y otra las investigaciones, a la vez que ha apuntado que el Ejecutivo de Carles Puigdemont podría haber "defraudado y engañado" en el uso de fondos públicos para la consulta. Y ha incidido:  "¿Cómo no va haber malversación se si han utilizado locales públicos".

Montoro ha explicado que"tanto los informes de la Guardia Civil, como los de la fiscalía cuentan con el asesoramiento de personal del ministerio de Hacienda, muy cualificado que se constituyó para un equipo humano". Respecto asus declaraciones en un medio de comunicación de que no se destinó ni un euro al referéndum unilateral, ha aclarado que se refirió a que veía "incidios de prevaricación" porque unos funcionarios estaban convocando una consulta ilegal donde se abrian locales de titularidad pública y eso "era utilización de recursos públicos".  Su intención, según ha precisado, era "trasmitir a todos los españoles" que no podía "hacerse materialmente la consulta soberanista", ya que la Generalitat estaba intervenida y no tenía presupuesto. Ha concretado "¿Que calase de convocatoria es la que se hace oficialme sin presupuesto publico? Es una situacion muy dificil de definir." 

Control de la legalidad

Ha afirmado que en noviembre del 2015 se hizo un "control de legalidad" en el que se obligaba a la Generalitat a informar de la ejecución de su presupuesto. En el 2017, esta vigilancia mensual se convierte en semanal ante los anuncios del gobierno catalán de que se va a convocar un referendum y "ante la manifiesta posibilidad de que se fuera a realizar una ilegalidad". Es un sistema nuevo de control, ha admitido Montoro. Fue recurrido por el Ejecutivo catalán ante el Tribunal Supremo y este órgano judicial lo avaló. "Así se puede intervenir cualquier institución pública ante la sospecha de que se esta cometiendo un acto ilegal", ha concretado.

Sobre las explicaciones de la administradora concursal del empresa Unipost de que no se cobró la elaboración de material electoral encargada por la Generalitat, ha explicado que "había intención de pago", pero que no se produjo porque la Administración catalana se encontraba en esos momentos intervenida y controlada por el Estado. En la entrada y registro practicado en la sede de esta compañía se hallaron una serie de facturas.

El exministro también ha declarado que "una análisis presupuestario siempre puede ser engañoso y que para eso están las investigaciones policiales y judiciales". Ademas, ha añadido que "también" instó a la abogada del Estado a que se personara en los procesos judiciales. "Me preocupa porque temía por el patrimonio público", ha concluído.