Un testigo declara que en Exteriors los manifestantes atacaron a la comisión

Concluido un testimonio pendiente de la semana pasada, relativo al delito de malversación, el juicio entró este martes en una nueva fase, en el que fueron compareciendo ante el tribunal los guardias civiles que participaron en las distintas diligencias de investigación y, en concreto, en los registros de la operación Anubis, del 20 de septiembre de 2017. Pese a que hasta ahora el acoso a la comisión judicial se había centrado en la Consejería de Economía, uno de los agentes citados trasladó el foco de la tensión al registro de Unipost, donde se intervinieron el material electoral del 1-O y otro, al Departamento de Exteriors. Según su relato, los concentrados a sus puertas tenían "una rabia descontrolada" y trataron de sacar de la cápsula de seguridad que se había hecho para poder salir del edificio al detenido, el entonces responsable de Tecnología de Exteriors, Xavier Puig Farré.

Según el testigo, previamente la letrada de la Administración de Jusiticia (antes, secretaria judicial) que asistía a ese registro del despacho de Puig Farré, salió rodeada por ocho agentes y se introdujo en un vehículo, que fue zarandeado por los concentrados, por lo que ella estaba "horrorizada", acabó llorando y llegó visiblemente afectada al siguiente registro. De camino tiraron objetos, como botellas de agua; solo al principio de la concentración se lanzaron claveles, dijo el agente.

El guardia civil dijo que el responsable de la Generalitat no era un personaje público por lo que no entendía la reacción de la gente "cogiéndole del cuello y de la ropa" para sacarle fuera del dispositivo, lo que hizo que "los insultos y amenazas de muerte" que había habido hasta entonces quedaran en un segundo plano. Cifró las personas concentradas en entre 200 y 300. Sostuvo que en un vehículo oficial, que la gente pensó que era de la Guardia Civil, viajaba la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que "sacó la mano para agitar a la masa". La acusada recibió sus palabras negando ostensiblemente con la cabeza. Su abogada, Olga Arderiu, le preguntó por qué no lo había declarado nunca y él se limitó a decir que "porque le había salido así". 

Previamente el testigo había señalado que los mossos no habían intervinido el ataque sufrido por la comisión judicial, "solo miraban", y se felicitó por el hecho de que pese a la "agresividad" de los concentrados no se produjeran daños entre los agentes o de ellos a los manifestantes, que ignora si actuaban organizadamente o no, aunque habló de banderas de "Òmnium", lo que provocó risas entre los abogados defensores. También dijo desconocer si el vehículo en el que iba la secretaria judicial sufrió daños. A preguntas de Javier Melero, admitió que no sacó su arma reglamentaria, pese a haber sido algo que no había visto en su dilatada experiencia en la lucha contra la droga y el crimen organizado.

"Imposible entrar"

Uno de ellos, que participó en el registro del domicilio del entonces número dos de Economía, Josep Maria Jové, explicó que no lo condujeron a la Conselleria de Economia porque el teniente encargado del operativo en ese edificio le dijo que era "imposible" y que el entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, le había dicho que no se permitiría la entrada de ningún vehículo.

Le había precedido en el estrado otro guardia civil, que relató que el exsecretario de Hacienda catalán Josep Lluís Salvadó ordenó a su secretaria que tirara "la pila de papeles que tenía sobre la mesa al patio", mientras los agentes llamaban a su domicilio para proceder a su arresto y al registro que había ordenado el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. 

El agente, que explicó que Salvadó sí pudo acceder a su despacho, negó el ambiente festivo de la concentración frente a la conselleria de Economia y calificó de "asedio" la concentración que se produjo frente al edificio y que impidió que entraran otros de los arrestados en la operación Anubis, como el propio Jové. El guardia civil que participó en el registro del domicilio de este último señaló que contactó con el teniente al frente del operativo en la Conselleria que le dijo que el traslado del detenido era "imposible" y que había hablado con Sànchez, y le había dicho que no se permitiría la entrada de nadie. "Aquí hay una concentración que ahora mismo la cosa está muy complicada de que podáis llegar, me dijo en la primera llamada. Hacia las dos y media me comenta que es imposible y que Sànchez le dijo que no iba a permitir que entrara ningún vehículo", ahondó el testigo.

Añadió que nadie le comunicó que Jové renunciaba a su traslado a la conselleria, como había hecho constar en un acta la letrada de la Administración de Justicia que participó en el registro del domicilio, y que él nunca compartió que fuera a haber otro registro en su despacho. "Esto se parece a un careo entre la defensa y el testigo. Vamos a evitar que se convierta en un careo. Formule preguntas sobre hechos", pidió el presidente del tribunal, Manuel Marchena, cuando el abogado Andreu Van den Eynde insistió en este extremo.

Concentración de medio millar de personas

Para entonces el testigo ya había señalado que a Jové se le intervinieron tres teléfonos y dos más en su domicilio, así como el documento Enfocats. A la salida había una concentración de medio millar de personas, por lo que se solicitó que acudiera el grupo de seguridad, lo que se produjo un par de horas más tarde. Según el agente, nadie le dijo que Jové no renunciaba a asistir al registro de la Conselleria.

La defensa, visiblemente descolocada por el cariz que fueron tomando los interrogatorios, había tratado que el primer agente que comparecía no pudiera declarar sobre la conversación que Salvadó mantuvo con su secretaria. Marchena atajó el intento preguntando al abogado que si lo que pretendía era orientar al fiscal sobre qué prueba debía aportar al tribunal. 

Según el agente, cuya imagen no se pudo ver al haber pedido al tribunal que no se emitiera, ya que actuamente sigue destinado en la unidad de policía judicial de Catalunya, una vez en la Conselleria de Economia se personó el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, con quien se abrazó e intercambiaron unas palabras, pese a estar ya detenido. A preguntas de la defensa luego dudó y no supo decir si se abrazaron o se dieron la mano. En el domicilio de Salvadó se intervinieron varios documentos, como reparto de activos y pasivos, catastro en el momento de la desconexión, inventario de bienes inmuebles del Estado en Catalunya y escenarios "de guerra y de guerrilla sobre medidas del Estado español sobre el desafío independentista".

El suyo fue un interrogatorio muy trabado, en el que las defensas se extendieron para poner en cuestión los registros que realizó. El letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, por ejemplo se interesó por otras diligencias en las que pudo participar el agente sobre la creación de estructuras del Estado y quiso saber el apellido de su superior, a lo que se negó diciendo que ellos son citados por un número de identificación profesional, pero no por el nombre. 

Según el abogado, ni la letrada de oficio que se asignó a Salvadó ni este mismo firmaron el acta del registro. "La letrada creo que sí firmó el acta de registro, pero Salvadó desde el primer momento dijo que no firmaría el acta, no vaya a ser que le hicieran una prueba caligráfica", aseguró el testigo. 

Campañas de publicidad

El segundo agente en comparecer acabó respondiendo al fiscal Javier Zaragoza en relación con todas las diligencias realizadas en relación al delito de malversación, como las campañas de publicidad de la Generalitat del registro de catalanes en el exterior y de Civisme. Ello provocó la protesta de la defensa que entiende vulnerado el derecho de defensa, porque como los testigos no habían declarado en instrucción no sabían sobre qué podían pronunciarse e ignoraban este aspecto. Marchena rechazó la protesta alegando que lo pretendido por la defensa era incompatible con el espíritu de "la exposición de motivos de Alonso Martínez", autor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Marina Roig, advirtió de que el testigo estaba respondiendo por diligencias en las que no había estado presente. El agente dijo que se trataba de un mismo equipo de investigación y que si él no estuvo presente estaría su compañero. "Estamos tratando de evitar que se cuele como fuente de prueba el atestado. Si no formó parte de la diligencia, no le pregunte", precisa el presidente del tribunal.

"El tal Toni"

Pero esa forma de interrogatorio condujo también al entonces secretario de Difusiò Antoni Molons, cuyo domicilio registró, porque según Enric Vidal, en cuya declaración sí participó el agente, declaró que "un tal Toni le había pedido que redimensionara unos carteles"Vidal,. En el registro se encontró la tarjeta sim y el número de teléfono que facilitó el testigo. El aparato estaba en la habitación de una hija y la tarjeta en un jarrón del salón. Añade, además, que la operadora les comenta que hay otro teléfono contratado con el dni de Molons y que lo podía activar Vidal desde su domicilio.

Según el testigo, Vidal dijo que el contrato era de Òmnium Cultural y que lo pagaría la Generalitat. La abogada Roig destacó que en el acta de declaración no constaban esos datos. Marchena primero le señaló que el no tener en cuenta los atestados policiales beneficia a la defensa y luego le recordó que con ningún testigo se había deducido testimonio por falso testimonio valorando sus palabras inmediatamente. El abogado precisó que en cualquier caso Òmnium fue quien solicitó el encargo.

El agente también había estado presente en el registro de Unipost, y en el despacho de su directivo Pablo Raventós explica que se encuentran cinco facturas por casi un millón de euros. El abogado Jordi Pina protestó al entender que está explicando un informe pericial y él no está declarando como experto. Marchena precisa que él participó en las diligencias, por lo que puede declarar.

"La Sala no necesita ayuda del juicio de pertinencia", saltó Marchena, a la enésima interrupción de la defensa. "La idea de que él solo puede opinar sobre lo que está en sus manos, cuando está todo el operativo, está convirtiendo a la defensa en coadyuvante del juicio", añadió. 

El agente, que también estuvo en el registro de Diplocat y tuvo conocimiento de las facturas libradas contra el organismo, explicó que las de Unipost se intentaron cobrar, pero la primera vez el sistema las rechazó por un error de forma, y luego fueron rechazadas por un funcionario del Departament de Treball, de tal formó que no se pagaron. También explicó quiénes eran los observadores, como Helena Catt, que viajaron a Barcelona para "verificar el contexto político de Catalunya" y luego se les unió otro grupo.

Tal era el conocimiento de todas las diligencias que cuando le llegó el turno de las defensas, Andreu Van den Eynde optó por preguntarle si había participado en alguna otra que no le hubira preguntado el fiscal, lo que le permitió detallar el recorrido que habían seguido las facturas generadas por Unipost y se encuentran comprometidas por la Generalitat. "No analizamos eso, la trazabilidad consta", explica el testigo al ser preguntado por el abogado sobre el autor de los informes. Van den Eynde era el abogado de Jové cuando se procedió a su arresto, lo que dio lugar a una conversación algo surrealista en la que el letrado le llegó a preguntar por qué él mismo había firmado el acta de registro.

Unipost y 1-O

El último guardia civil en declarar ante el tribunal explicó que, aunque el registro se realizó antes, el operativo esperó a que llegara un responsable de la empresa. Él llegó por al tarde junto con el letrado de la administración de justicia que llevaba pasamontañas porque quiere ocultar su identidad. La gente estaba concentrada llamándoles "traidores", "os conocemos". Al final tienen que ser desolojados por los antidisturbios de los Mossos y se realiza la diligencia.

El agente detalla los colegios de pequeños municipios catalanes en los que los guardias civiles son víctimas de "un producto deslizante", que el exdelegado del Gobierno Enric Millo denominó la "trampa del Fairy", con la que se logró que los agentes cayeran para poder ser agredidos. El testigo explicó que los mossos intervinieron en algunos centros y no tuvieron problema, pero en otros hasta se encontraron con un agente que les dijo que no reconocía ni a la Guardia Civil ni al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, solo al mayor Josep Lluís Trapero. Según el testigo, él siempre vio "proporcional" la actuación de la Guardia Civil.