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JUICIO DEL 'PROCÉS'

Millo: "Desde que se convocó el 1-O hubo un clima de violencia"

Sostiene que había una "alineación política" total entre Trapero y el Govern

Afirma que "nadie en Catalunya pensó que la independencia era simbólica"

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

Millo dice que Junqueras no quería prisas y le insinuó tensiones en el Govern. / SEÑAL TRIBUNAL SUPREMO

El exdelegado del Gobierno Enric Millo presentó este martes ante el tribunal del 'procés' un panorama muy distinto al descrito por los 12 líderes independentistas que están siendo juzgados hasta ahora. Explicó que dedicó mucho tiempo a evitar el "planteamiento políticamente suicida", que "iba a perjudicar al conjunto de la sociedad catalana", del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, porque "no había posibilidad de negociar nada" con él que no fuera celebrar el referéndum. De ahí que se hiciera suya el concepto de "silla vacía", que utilizó Oriol Junqueras para escenificar la falta de diálogo con el gobierno central. 

Con un esquema mental, que sin duda ha facilitado mucho la acusación fiscal, Millo pasó a centrarse en describir cómo una vez convocado y anulado por el Tribunal Constitucional el 1-O, se rompió la convivencia y empezó el "clima de acoso, hostigamiento y violencia" para impedir cualquier actuación judicial, que se consideraba "un ataque" a las instituciones catalanes. Así hasta llegar a la declaración unilateral de independencia, de la que dijo que "nadie en Catalunya pensó que fuera simbólica. No era una broma, iba en serio", aseguró en clara contradicción con los acusados, que le negaron efectos jurídicos.

Violencia

Para recrear ese ambiente de hostigamiento y violencia, el exdelegado del Gobierno dijo haber contabilizado "150 acciones distintas ante diferentes instalaciones, con lanzamientos de artefactos incendiarios, acoso a los agentes... Era el mundo al revés: la policía cumplía órdenes judiciales y desde el movimiento independentista se llamaba a defender las instituciones, lo que significa que se estaban atacando. Esto creó un clima de tensión e incertidumbre". Como ejemplo, citó las protestas contra los registros en la Conselleria d'Econòmia y en Unipost que negó que tuvieran el carácter "folclórico y festivo" que le atribuyen las defensas.

Señaló que "había grupos que se manifestaban pacíficamente", mientras que "otros actuaban de forma violencia, lanzando objetos o con pintadas de 'Millo, muerte'". En las amenazas a la policía y Guardia Civil situó a los Comités de Defensa de la República (CDR), de los que dijo que "tuvieron una importancia tremenda", porque su "capacidad de movilización era extraordinaria, tanto por redes sociales como por whatsapp", lo que le dio pie a afirmar que cuentan con "una estructura y organización que de espontánea tiene poco". 

"No se puede negar que algunos CDR son violentos. Ahora todos no lo son", precisó para señalar que en "diferentes iniciativas" se "aprecia que hay una asociación" con la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, no "de carácter jerárquico", pero "evidente por razones lógicas y naturales", aunque no supo concretar a la defensa qué responsable policial le había informado de ello y se remitió a los citados como testigos en próximos días y a su percepción como catalán.

"Esperpento"

Millo calificó de "verdadero despropósito y esperpento" la reunión de la junta de seguridad del día 28, porque en ella Puigdemont dijo que el 1-0 se iba a celebrar un referéndum y pidió que "todo funcionara con normalidad, cuando había un auto del TSCJ que ordenaba que se impidiera", por lo que le pidió su desconvocatoria para evitar males mayores por el "clima de crispación" existente. Una idea refrendada por el secretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigserver, cuando declaró ante el tribunal.

El exdelegado del gobierno detectó que "había una alineación política del Gobierno de la Generalitat y los planteamientos de actuación expresados por el mayor de los Mossos" Josep Lluís Trapero, que negó que usaría la fuerza en ningún caso. Más tarde completó la idea, dando su opinión: "Se impuso la línea política por encima del criterio profesional, porque en el cuerpo hay grandes profesionales". Esa "permisibilidad" se reprodujo durante las huelgas de octubre con los cortes de carretera y la ocupación de estaciones.

"Declaración irresponsable"

Ya el propio 1-O, el testigo distinguió entre dos tipos de votantes, lo que acudían al llamamiento del Govern a votar y los que tenían una actuación violenta. Y fue muy crítico con la declaración que hizo Puigdemont que calificó de "irresponsable", porque "acabó aplaudiendo la actuación de las personas que estaban defendiendo las urnas y los centros electorales". Millo la calificó de "ejemplar" y realizada con "proporcionalidad", aunque se usara en algunos centros la fuerza ante "las auténticas murallas que tenían como objetivo impedir" el cumplimiento del mandato judicial, dijo

Señaló que Forn le llamó muy preocupado por la actuación policial, y le respondió que no desconvocar el referéndum "era una irresponsabilidad" que ponía "en riesgo a personas". Al ser preguntado por los heridos, respondió con un tuit en el que se le responsabilizaba de un joven sangrando por la cabeza y que resultó ser de una carga de los Mossos de 2012 y la joven que dijo que la policía le había roto los dedos y luego confesó haber mentido. Pero describió con detalle las lesiones sufridas por agentes, lo que motivó la intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, ante los gestos y "sonrisas irónicas" con las que el público recibía sus palabras. En cuanto a los civiles heridos, que la Generalitat cifró en un millar, se limitó a decir que la Delegación del Gobierno nunca fue informada.

A preguntas de la defensa admitió que había decenas de agentes imputados, porque se podían haber producido actuaciones que generaran denuncias, aunque de momento todas están siendo archivadas sin condenarse a los agentes. También reconoció que los Mossos enviaron "más de 4.000 comunicaciones el día 26 a los colegios para pedir que se cerraran y no se cedieran las llaves". A la pregunta de si eso era cumplir el mandato policial, Millo respondió: "Lo que yo sé es lo que dice el auto: hay que impedir que se utilicen para el referéndum. El cómo ya depende de los efectivos policiales".

Diálogo estéril

"Al otro lado de la mesa me encontré una silla vacía", dijo Millo parafraseando al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, cuando declaró ante el tribunal, porque en sus conversaciones con Puigdemont "no había respuesta o había respuesta a nada que no fuera una propuesta ilegal de independencia", aunque tampoco hubo "nunca una ocultación de su intención"

El exdelegado del Gobierno explicó que él desde el primer momento habló con el "procesado rebelde", según le llamó el fiscal Javier Zaragoza, siempre en el sentido de hacerle ver que "declarar la independencia era muy mal camino", que era "un representante del Estado y que su obligación es cumplir con la ley", pero "no había ningun tema del que le interesara hablar", salvo lograr un referéndum de autodeterminación.

Sin marcha atrás

Explicó que cenó con él el 6 de junio del 2017. "Mira, presidente, mientras no fijes el referéndum hemos de hacer lo posible para encontrar una salida para servir al interés general de la gente", explicó. La respuesta fue que no podía dar "marcha atrás" con el referéndum, porque estaba "comprometido (...) a convocar el referéndum", que era lo que iba a hacer y que después seguirían hablando, a lo que se negó por considerarlo imposible. Tres días más tarde anunció el referéndum, lo que significó un punto final, porque se "iba a producir un daño parcialmente irreversible a la convivencia en Catalunya". "La única forma de revertirlo era que tuviera una fase de lucidez que le permitiera rectificar, pero lamentablemente eso no ocurrió", añadió el testigo.

En cuanto a Junqueras, Millo señaló que le dijo que siempre había sido y no tenía que demostrarlo, a diferencia de otros miembros del Govern, que "no lo han sido nunca y tienen que hacer todo lo posible para demostrarlo". Y respecto a Joaquim Forn, señaló que cuando le preguntó por el 1-O, le contestó con: "Ese día nosotros vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad", lo que le sorprendió, porque ignoraba si refería a que se iban a convocar elecciones, pero el 'exconseller' de Interior no admitió duda: "El día 1-O habrá un referéndum". Ante su advertencia de que se trataba de una "una intención equivocada", le dijo que no tenía más que decir.

Incertidumbre por leyes de desconexión

Aclarado el papel de los considerados cabecillas del 'procés', Millo se fue centrando su actuación en septiembre de 2017, cuando envió cartas a alcaldes y directos de centros para que no cediesen locales a través de explicar el mandato judicial que había hecho el Tribunal Constitucional. Según su versión, las leyes del 6 y 7 de ese mes de desconexión, con las que el Govern "pretendía fijar una doble legislación paralela vigente, una especie de ficción, una situación kafkiana", que generó "mucha incertidumbre" en Catalunya.

Millo situó también en ese momento el comienzo de "las situaciones de acoso", por el que se pidió reforzar la seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y se empezaron a producir concentraciones en cada lugar en el que se producían registros y arrestos por orden juicial, una situación que" prácticamente" se mantuvo hasta "noviembre del 2017 cuando se aplicó el 155". En lo que en cierto modo sí coincidió con los acusados es que a la pregunta de Puigdemont de si convocando elecciones no se pondría en marcha el precepto constitucional, le respondió diciéndole que hiciera lo que quisiera, porque la tramitación ya estaba en el Senado y dependía de la votación.

Protección de testigos

Por otra parte, la fiscalía sorprendió a todos al tratar de que no se viera su imagen durante el juicio, lo que contó con el apoyo de la Abogacía del Estado. El tribunal lo rechazó al escuchar al propio testigo, que no puso puso pegas a que su rostros se viera, como es lógico después de haber sido diputado durante 10 años y durante 18 meses delegado del Gobierno.

La primera vez que el ministerio público pidió esta medida fue con el secretaria general del Parlament, Xavier Muro, que se mostró partidario de que su imagen no saliera durante la retrasnmisión del juicio.