Pimpampum contra los Mossos

El impacto del 1 de octubre del 2017 sigue presente en la mayoría de hogares catalanes. Fue una jornada llena de emociones para los independentistas, porque pudieron expresar su opinión sobre la secesión aunque no tuviera consecuencias prácticas, pero los porrazos que se repartieron en varios centros de votación generaron algo muy parecido a un trauma en gran parte de la población. Ayer, en el Tribunal Supremo, esas imágenes se abordaron desde el prisma de los responsables del operativo policial que trató de impedir el referéndum, y la sesión fue un pim pam pum contra el papel de los Mossos d’Esquadra, por su supuesta deslealtad hacia el resto de cuerpos y hacia sus oblicaciones constitucionales, y especialmente contra el mayor Josep Lluís Trapero.

Lleva año y medio apartado de los focos, pero en septiembre y octubre del 2017 Trapero era un símbolo para el independentismo. Las instituciones catalanas lo habían impulsado como héroe del dispositivo que se enfrentó a los terroristas que en agosto habían golpeado en Barcelona y Cambrils. Pero en el Supremo Enric Millo y, sobre todo, Diego Pérez de los Cobos –que llegó a tildar de «estafa» el plan de los Mossos para el 1-O– ofrecieron un punto de vista muy diferente.

La jornada de ayer del juicio a los líderes del ‘procés’ reflejó las dos principales conclusiones que se han podido extraer desde que han empezado las declaraciones de los testigos. Primera: el abismo que separa a las partes en la percepción de lo que ocurrió en el 2017, porque Pérez de los Cobos definió como «exquisita» la intervención policial del 1-O. Segundo: que lo importante es demostrar que hubo violencia, o descartarlo, porque es un elemento imprescindible para unas eventuales condenas por rebelión. Un delito del que, por cierto, también está acusado Trapero, que será juzgado próximamente en la Audiencia Nacional.

Relación difícil

Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil designado por la fiscalía para coordinar el operativo que debía impedir la celebración del referéndum, no se anduvo por las ramas. Empezó diciendo que «la relación con Trapero siempre fue difícil», para extenderse después en los detalles que apuntalaban su impresión de que el mayor de los Mossos nunca aceptó su autoridad.

La versión de Pérez de los Cobos coincide con la de las acusaciones, en el sentido de que la actuación de la policía catalana fue uno de los elementos imprescindibles para que la votación se acabara celebrando. Su relato es el de la de una escalada de tensión entre el día 20 de septiembre, el día del registro a la Conselleria de Economia, y el 1 de octubre, con los Mossos siempre al lado de la determinación de Carles Puigdemont de celebrar el referéndum a pesar de que tenían un mandato judicial para impedirlo.

En la declaración del coordinador policial del 1-O, y en la de Millo, sobresalió el episodio de la reunión de la Junta de Seguridad que el ‘expresident’ convocó el 28 de septiembre y cuya acta publicó este diario. Ese encuentro constató la ruptura total entre los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional y Trapero. Pérez de los Cobos describió la situación como «kafkiana»: mientras Puigdemont insistía en que lo importante era preservar «el bien superior de la convivencia ciudadana», la representación del Estado subrayaba que «lo sustantivo» era cumplir el mandato judicial de impedir la votación.

Cuando llegó el 1-O, los Mossos, que insistieron en días anteriores en que no necesitaban ayuda de las otras fuerzas policiales, habían preparado un despliegue «insuficiente, inadecuado e ineficaz», en opinión del coordinador, más destinado a que se visibilizara el referéndum como unas elecciones al uso que a evitarlo. Eso provocó, dijo Pérez de los Cobos, que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaran contra las «murallas humanas» que les impedían requisar los materiales de la votación. En algunos casos, añadió, los propios mossos llegaron a «obstruir físicamente» a los agentes de los cuerpos estatales.

La visión coincide con la opinión de la fiscalía de que existía un plan concertado para desbordar al Estado, y que los mandos de los Mossos formaban parte de él. Y por ello, siempre según Pérez de los Cobos, facilitaron que los colegios estuvieran llenos antes de la votación –para dificultar su desalojo– y con el mismo fin alentaron a que hubiera gente mayor y niños en la primera línea.

Tanto Pérez de los Cobos como Millo hicieron hincapié en que en diferentes momentos de esa jornada y de días anteriores los manifestantes se condujeron con violencia. El exdelegado del Gobierno, que ayer pudo comprobar en las redes sociales que sigue siendo una de las dianas preferidas de los independentistas, dijo que en los CDR «hay gente que no tiene inconveniente en emplear la violencia». Y ofreció dos anécdotas que hicieron fortuna: reveló «la trampa del Fairy», el uso de jabón líquido en las puertas de algunos colegios para tratar que los policías resbalaran y luego «patearles la cabeza»; y habló del empleo de «artes marciales» por parte de algunos congregados para golpear a los agentes.

A diferencia de lo que sucedió en los interrogatorios a los acusados, los fiscales se emplearon a fondo en las preguntas sobre la violencia. Es de esperar que muchos de los testigos que declaren en primer lugar en esta fase, los propuestos por las acusaciones, avalen la misma tesis. Luego llegará el turno de los propuestos por las defensas. Están en juego muchos años de cárcel.